El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presentó una denuncia penal por presuntos desvíos por 605 millones de pesos cometidos por el gobierno de su antecesor, el priista Aristóteles Sandoval Díaz, de forma específica en la Secretaría de Salud que encabezó el ex funcionario Antonio Cruces Mada.
La denuncia penal presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción está sustentada en un par de auditorías sobre la Secretaría de Salud local que emprendió la Contraloría del Estado, a cargo de Teresa Brito Serrano, las cuales arrojaron 33 observaciones por anomalías por ese monto que no pudieron ser solventadas por los anteriores responsables de la dependencia.
Ante ello, Alfaro Ramírez declaró: “es el primero de los pasos que se tiene que dar en virtud de que todavía hay procesos en marcha de auditoría y el mensaje desde ahorita es claro: en Jalisco no va a haber ni perdón, ni olvido. Con la salud de los jaliscienses no se juega, lo que se hizo fue no solamente algo ilegal y por eso estamos presentando esta denuncia el día de hoy sino por supuesto algo inmoral. La corrupción es mala en cualquiera de sus manifestaciones pero cuando es con la salud con las personas creo que tiene otro tipo de connotación aún más grave”.
Aunque esta primera denuncia penal está concentrada en los 600 mdp de presunto desfalco a la Secretaría de Salud, el gobernador aseguró que las anomalías encontradas en la dependencia durante la gestión de Cruces Mada, en el sexenio de Sandoval Díaz, podrían rondar los 8 mil mdp, así lo expuso:
“El proceso de entrega recepción de salud ha arrojado los siguiente: en términos generales 6 mil 157 MDP observados y en curso por la Auditoria Superior de la Federación que no han sido solventados en los fondos de Seguro Popular y el Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud, FASSA, es decir, más de 6 mil MDP que apenas vamos; eso está en proceso y por supuesto con este dato, aunque todavía es difícil de precisar, pero tenemos una cifra global aproximada de 8 mil MDP como el daño que se le hizo a los jaliscienses en el sector salud”.
Entre las irregularidades encontradas en la Secretaría de marras están las siguientes, según fueron enlistadas por el gobernador: observaciones en pasivos no aprobados por la Junta de Gobierno; irregularidades en 2 mil 385 nombramientos; adeudo a proveedores; falta de planificación, rotación y descontrol en inventarios en medicamentos caducos; inconsistencias en la adquisición de un servicio de cámaras y contratos de vacunas no cumplidos.
Ante las acusaciones de Alfaro Ramírez, el ex gobernador del PRI, Sandoval Díaz, reaccionó en redes sociales y publicó el siguiente posicionamiento: “Es de dominio público que la crisis del sector salud es un problema que se ha venido arrastrando desde hace, por lo menos, una década. Respecto a lo que fue antes de mi sexenio, al inicio de mi administración presentamos denuncias por posibles afectaciones”.
Y agregó el priista: “En lo que se refiere a mi sexenio, en su momento ordené que se iniciaran auditorías, mismas que derivaron en denuncias por malos manejos en dependencias de @saludjalisco contra funcionarios de mi gobierno. Mi convicción es una: ante indicios sobre malos manejos, se debe denunciar e investigar para deslindar responsabilidades, penales, civiles o administrativas. Asimismo, a partir del resultado de la investigación, se debe castigar a quien o quienes resulten responsables”.
La contralora Brito Serrano aseguró, por su parte, que el par de auditorías que sustentaron la denuncia penal dieron oportunidad a los ex funcionarios involucrados de esclarecer las anomalías, pero no pudieron hacerlo: “Estas dos auditorías siguieron su curso y el curso concluyó corriéndole traslado a quienes estábamos señalando para que trataran de explicar las observaciones que aún no habían sido solventadas (…). No se solventaron las observaciones y quedaron vivas 33 de ellas (…) por un monto de 605 MDP”.
Finalmente, el actual titular de la Secretaría de Salud estatal, Fernando Petersen Aranguren, enlistó otras irregularidades halladas en la dependencia directamente por su Órgano Interno de Control:
-Pasivos contingentes por más de 200 millones a proveedores.
-Casi 40 millones de pesos por omisión en cobro de contratos.
-Laudos por cerca de 8 millones de pesos.
-30 obras inconclusas con un monto de 790 millones de pesos.
-117 cuentas bancarias activas, cuando únicamente se reportaron 70 en la entrega-recepción.
-La Contraloría Interna dejó prescribir la responsabilidad administrativa en más de 50 expedientes.
-Afectación en las reglas de operación del Seguro Popular en centros de salud y hospitales acreditados. Se dejarán de recibir mil millones de pesos este año debido a que sólo se tienen acreditadas el 14 por ciento de sus unidades.
-No había reglas de operación o controles para las compras, las cuales se podían hacer desde las Regiones Sanitarias.
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