Un juez federal giró una orden de aprehensión contra el empresario Miguel Alemán Magnani, dueño de Interjet, por su presunta participación en el delito de defraudación fiscal por 65 millones de pesos.
Según fuentes judiciales, la orden de captura fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR), quien judicializó una carpeta de investigación contra Magnani, de acuerdo con el columnista Javier Tejado.
En mayo pasado, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) denunció ante la FGR a los accionistas de la aerolínea: Miguel Alemán Velasco, Miguel Alemán Magnani, Alejandro del Valle de la Vega y a José Mejía Ortiz.
Presuntamente, la empresa dejó de reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el ISR retenido de los salarios de sus trabajadores en los ejercicios fiscales de 2018 y 2020. El monto de la defraudación ascendería a 66 millones de pesos en 2018 y a cerca de 12 millones en 2020.
Por su parte, la administración de Interjet, encabezada por Alejandro del Valle, presentó diversas denuncias mercantiles contra la familia Alemán debido al hallazgo de varias irregularidades cuando se encontraban en la dirección de la empresa.
Presuntamente, antes de que del Valle asumiera la mayor parte de las acciones de la aerolínea (el 90.4 por ciento), los Alemán aseguraron que no existían problemas con Hacienda. Sin embargo, tras una revisión, el empresario encontró un retraso de cinco años en el pago de impuestos; así como la contratación de proveedores falsos y empresas fantasma.
“Se han presentado todas las declaraciones fiscales dentro del plazo de pago correspondiente y corresponde a la familia Alemán responder ante la autoridad por los adeudos acumulados” antes de su llegada a la empresa, declaró semanas atrás el departamento de comunicación de Interjet.
“En cuanto a los adeudos anteriores a la llegada de Alejandro del Valle, será la anterior administración la que deberá responder ante la autoridad”.
En caso de comprobarse el delito de defraudación fiscal, los implicados alcanzarían la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y deberán pagar el perjuicio fiscal, así como actualizaciones y recargos a la Secretaría de Hacienda.
