La infraestructura hidráulica y la gestión hídrica en México han evolucionado a la par que el país se consolidó en la república que es ahora. Abordar ese camino implica sumergirse en las memorias nacionales hasta los orígenes de su configuración demográfica, tal como lo hizo el ingeniero y fundador de RECSA, Humberto Armenta González, en sus libros “Financiamiento de la infraestructura hidráulica y la gestión hídrica en el Valle de México”.
En el primer volumen, el autor presenta un estudio que abarca el lapso de la Constitución de 1824 a la de 1917, destacando que el proceso de distribución del agua como lo conocemos actualmente se forjó en más de 200 años y en él convergen la lucha por el poder, la delimitación de los territorios, la conformación de la sociedad y el uso de los recursos públicos, entre otros factores.
“La historia hídrica de la Ciudad de México incluye inundaciones, construcción de canales, acueductos, atarjeas y drenajes, luchas por el agua dentro y fuera de la cuenca, desecación de lagos, hundimientos regionales y diferenciales del terreno, cuantiosísimas inversiones, recaudaciones insuficientes y transferencias de agua desde distintas cuencas y acuíferos, con sus inevitables conflictos sociales, económicos y ambientales”, detalla el autor.
El libro precisa, de manera cronológica, los sucesos que motivaron el surgimiento de organismos dedicados a la gestión de las denominadas aguas nacionales a partir de cinco bases temáticas: los sucesos políticos; el diseño fiscal para financiar la construcción y operación de las obras hidráulicas; el cambio urbano de la Ciudad de México; los servicios públicos que demandan obras hidráulicas y actos de gobierno; y lo relativo a la propiedad y jurisdicción del agua.
Difícil acceso a los servicios públicos
De lo anterior se desprende la provisión del servicio público de agua para usos domésticos, destacando que al principio del siglo XIX éste era un servicio diferenciado, ya que “los pudientes podían optar por usar una merced de agua del ayuntamiento o construir una fuente privada con su autorización, mientras que el resto de la población tenía que acudir a una fuente pública o comprársela a un aguador”.
No obstante que el agua no se usaba sólo para beber y para uso domiciliario, sino también en actividades industriales.
“Debido a que las mercedes eran escasas y caras, pocas personas tenían acceso a su disfrute. Por ello, incluso la higiene personal resultaba difícil; en consecuencia, a partir de 1838 surgieron los baños públicos que permitieron el aseo de amplios sectores de la población. Muchas mercedes no tenían una renta determinada y, si la tenían, el ayuntamiento no percibía fondos, por lo que faltaban recursos económicos para las obras”, detalla Armenta González en la publicación.
Además, precisa que hacia mediados del siglo XIX, apareció la posibilidad de perforar un pozo privado y, años más tarde, la distribución del agua era domiciliada mediante redes de tuberías. Posteriormente, al inicio del siglo XX, la idoneidad del agua la daba el sitio de donde provenía; a la mitad de la centuria se propuso la primera definición cualitativa de agua potable y, hacia finales, comenzó a requerirse que el agua fuera potable con una métrica cuantitativa.
Fechas para entender el proceso de financiamiento y gestión
De lo plasmado en la obra resaltan sucesos trascendentales que dieron forma a la estructura legislativa, de financiamiento e infraestructura que rigen al México moderno e independiente. Por ejemplo, cuando a principios del siglo XIX el rey Carlos IV determinó que el vecindario de la Ciudad de México era el verdadero y único dueño de todas las aguas que escurrían desde Santa Fe.
A finales de ese siglo, Porfirio Díaz desconoció las mercedes reales concedidas a los pueblos, dando un paso más hacia lo que serían las “aguas nacionales”, y en 1915, Emiliano Zapata emitió una ley agraria en la que nacionalizó todas las tierras y aguas del país, legado que se plasmó en la Constitución de 1917.
Cabe destacar que la Constitución de 1917 no menciona el agua subterránea, cuyo descubrimiento ocurrió en 1846, por lo que su propiedad continuó indefinida hasta 1945, “cuando la reforma al párrafo quinto del artículo 27 constitucional las declaró aguas nacionales”.