El exalcalde de Zuazua, Pedro Martínez, pareciera tener privilegios ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de Javier Garza y Garza, pues la investigación en su contra por la presunta comisión de un delito, consistente en la compra de un sistema de contabilidad gubernamental, está congelada.
La Fiscalía abrió una carpeta de investigación con número 308/2022-UI1FECC, en la que establece la petición del contrato con el proveedor Tras-Max S.A de C.V., una empresa que recibió una transferencia por 3 millones 712 mil pesos.
Esta asignación millonaria ocurrió en 2019, durante el primer año de gobierno de Martínez, quien llegó por la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por Morena, sin embargo, la investigación comenzó hasta el 2022.
También se solicitó el contrato número MGZ-COMPRA-091/2019, así como más información, vía institucional a este municipio, el pasado 26 de septiembre. Este caso aún continúa en etapa de investigación, y no existe una vinculación a proceso.
#MTY | A falta de pruebas en su contra, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León indultó a los tres empresarios responsables de la requisa a la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico, S.A de C.V.https://t.co/5wWOdCrgbz
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) April 20, 2022
Esta larga averiguación contrasta con la eficiencia que mostró la Fiscalía durante esta semana para iniciar un juicio de procedencia contra la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa (PJA), la magistrada Ethel María Maldonado Guerra, quien contrató a su hijastro.
Las irregularidades del exalcalde morenista rebasan esta investigación, pues la Auditoría Superior del Estado, a cargo de Jorge Galván, señaló que no pagó impuestos a la Secretaría de Administración Tributaria (SAT).
La revisión fiscal de la cuenta 2021 del exalcalde morenista revela que escondió los estados financieros de este municipio, por lo que puso en riesgo las finanzas.
“El municipio no proporcionó los estados de cuenta ni las conciliaciones de varias cuentas bancarias de enero a diciembre de 2021, esta situación representa riesgos en el manejo de los recursos municipales.
“Debido a que las conciliaciones bancarias son el control más importante para la administración del efectivo, lo que originó la observación número 17, señalada en el apartado VI del presente informe”, dice la Auditoría.
El ente fiscalizador encontró 196 observaciones no solventadas de esta cuenta pública del exalcalde de Zuazua.
“El municipio no efectuó los enteros de los impuestos por pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) del ejercicio 2020 y años anteriores por importe de 4 millones,444 mil 077 pesos, situación que originó la observación.
#Local La Auditoría Superior de Nuevo León, presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción del estado por pagos indebidos e irregularidades por al menos un millón de pesos en las cuentas públicas 2019 y 2021 del municipio de #Cerralvo.https://t.co/8sgrToikDp pic.twitter.com/QmKXwNt4Y5
— Gamavisión (@gamavisionmx) February 10, 2023
“Señalada en el apartado VI del presente informe identificada en Disponibilidad/ Cuentas por pagar/Impuestos por pagar/ ISR retenidos al personal y 10 POR CIENTO I.S.R. Retenido, honorarios y arrendamientos”, señala el análisis.
La Auditoría se abstuvo de expresar una opinión sobre los estados financieros del municipio de Zuazua por este ejercicio fiscal, pues no se exhibieron tampoco los recursos que recaudó por el impuesto predial.
La Fiscalía no ha informado si abrió una carpeta de investigación o dio vista al SAT para realizar las pesquisas correspondientes respecto a este caso.
Más irregularidades
La Auditoría Superior del Estado, en la revisión de la cuenta pública 2020, exhibió que Pedro Martínez, exalcalde de Zuazua, no acreditó la procedencia de una factura por un monto de un millón 231 mil 196 pesos, la cual, además, permitirá verificar físicamente la ejecución de los conceptos incluidos por el pago.
Es decir, este ente pone en duda la realización de una obra o si se concretó algún servicio presuntamente adquirido por el municipio de Zuazua.
La cuenta pública mostró 126 observaciones, una cifra alta para este municipio, lo que además podría poner en evidencia que toda la gestión presentó serias irregularidades, dignas para una denuncia de la Auditoría ante la Fiscalía Anticorrupción.
Más aún cuando la Auditoría presentó denuncias por supuestos daños patrimoniales contra alcaldes de Movimiento Ciudadano (MC), Desiderio Urteaga, presidente municipal de Anáhuac, y de Gonzalo Robles, edil de Villaldama.
Todo apunta a que la Auditoría pareciera ser selectiva para denunciar los casos de posibles actos de corrupción.
Además, la Auditoría Superior de la Federación, en su informe de observancia, encontró irregularidades relacionadas con la aplicación y destino de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
El gasto público de Martínez recibió señalamientos por defectos y vicios ocultos en la asignación de contratos por servicios, lo que manifiesta que tuvo una mala administración y no la llevó con eficiencia.
Incluso, hasta su programa de desarrollo municipal fue desacreditado por la Auditoría.
