Gato por liebre para la fiscalía

El Congreso de la Unión se apresta a aprobar esta semana la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República… pero no es la que el gobierno electo negoció con organizaciones de la sociedad civil que impulsan una fiscalía independiente.

Los legisladores realizaron cambios en la iniciativa que trabajaron personajes como Olga Sánchez Cordero, Zoé Robledo y Tatiana Clouthier con los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás.

Con esos cambios, no solo se retrasa 9 años la transformación de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República, sino que se corre el riesgo de que todo quede en un simple cambio de nombre.

Las organizaciones de la sociedad civil señalan que, de aprobarse el dictamen que está en comisiones del Congreso, la Fiscalía quedará atada de manos y será inoperante el modelo que se había planteado de un órgano completamente independiente del Ejecutivo.

Para analizar esta iniciativa, el trabajo en las comisiones de la Cámara de Diputados y el Senado se dio en conferencia; es decir, las comisiones de ambas Cámaras han trabajado juntas en su análisis, para hacer la aprobación lo más rápido posible.

La aprobación de esta Ley urge a los legisladores de Morena porque el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que el 1 de diciembre que él rinda protesta como jefe del Ejecutivo, el fiscal general y los fiscales especiales anticorrupción y contra delitos electorales ya estarán trabajando, por lo que el Senado debe aprobar su nombramiento.

Se distorsiona la Fiscalía

Los organizaciones que componen el colectivo #FiscalíaQueSirva han advertido sobre el peligro de aprobar el dictamen tal cómo está siendo discutido en comisiones del Congreso.

Una de las principales preocupaciones es que los congresistas buscan ampliar el período de derogación de la Ley de la Procuraduría General de la República.

El proyecto original plantea que ésta derogación ocurra en un plazo no mayor a 5 años; el proyecto establece que la declaratoria de transición de la PGR a la FGR no podrá rebasar un periodo de 9 años.

En el régimen transitorio de la Ley se establece que los casos que se reciban a partir de la entrada en vigor de la Ley serán atendidos por la nueva Fiscalía; los expertos advierten que esto “ahogará” desde un inicio a la FGR, complicando su constitución como un nuevo órgano.

En el modelo anterior, el consensado por futuros funcionarios del gobierno electo y organizaciones sociales, se había planteado todo un proceso para crear su estructura, contratar a nuevo personal — distinto del que trabaja hoy en la PGR, para evitar los vicios de la deficiente procuración de justicia—, comenzar a conformar su servicio personal de carrera y todo un sistema informático y de análisis.

En la propuesta trabajada por organizaciones se había contemplado también un periodo de dos años para que el fiscal convocara a una consulta sobre las reformas constitucionales necesarias para garantizar la autonomía de la FGR. Ese plazo ahora será de dos años.

La propuesta de Ley que se discute en comisiones del Congreso también suprime la forma en que se elegirá a los fiscales especiales Anticorrupción y de Atención a los Delitos Electorales, pues antes estos nombramientos correspondían al Senado, que debía lanzar una convocatoria para hacer la elección y en el nuevo modelo serán nombrados directamente por el fiscal general y también podrán ser removidos por él.

Además, las organizaciones consideran que es un error de la nueva Ley que quede por escrito que los fiscales especiales —es decir, los titulares de las fiscalías especializadas— tendrán autonomía técnica, pero en ningún lado se menciona que los fiscales investigadores también tendrán esa autonomía, lo que le quita de tajo la independencia a su labor.

Los legisladores también eliminaron un párrafo en el régimen transitorio en el que se establece que el presupuesto asignado a la FGR nunca podrá ser menor al del año anterior.

En su dictamen, las organizaciones sociales habían acordado con funcionarios del gobierno electo garantizar la atención a las víctimas aunque vivan en el extranjero; planteaban que estas personas tuvieran “el derecho a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas ubicadas en territorio extranjero, en igualdad de condiciones que a aquellas que se encuentran en territorio nacional”.

Ese texto se eliminó en el dictamen que discuten en el Congreso y ahora las víctimas que viven en el extranjero sólo tendrán la posibilidad de realizar denuncias, participar en las investigaciones y recibir información.

Todas estas inquietudes fueron expresadas al trabajo hecho por los colectivos #FiscalíaQueSirva, #VamosPorMás, además del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quienes advirtieron un retroceso de aprobar el dictamen como pretenden los legisladores.

“Aprobar el dictamen en sus términos actuales implicaría un serio retroceso con respecto al modelo de fiscalía eficaz que se construyó entre el equipo de transición, academia, sociedad civil y legisladores”, señalan en una misiva enviada a las comisiones dictaminadoras, así como a los próximos funcionarios del gobierno federal que trabajaron en el proyecto.

Desde la semana pasada, las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado; así como la de Justicia de la Cámara de Diputados, comenzaron con el análisis del dictamen que modificó la iniciativa consensuada con organizaciones civiles y que comenzó a circular desde los días finales de octubre.

Se prevé que este dictamen sea aprobado en comisiones hoy y pase al pleno del Senado este martes y el jueves al de la Cámara de Diputados. Una vez hecho esto, la Cámara alta podrá comenzar con el proceso para nombrar al titular de la Fiscalía General de la República.

‘Ni un paso atrás’

En un comunicado titulado “Ni un paso atrás”, el colectivo #FiscalíaQueSirva informó el jueves que aún cuando participó en 15 mesas de trabajo con legisladores de Morena, estos no hicieron modificaciones a la propuesta de Ley Orgánica de la Fiscalía General.

“El martes 6 (de noviembre), representantes de nuestro colectivo se reunieron en el Senado de la República con asesores de legisladores de la Comisión de Justicia, quienes accedieron a realizar los cambios propuestos para corregir las deficiencias del proyecto de dictamen que circuló extraoficialmente y que hoy se encuentra en el micrositio web de la Comisión”, señala el documento.

El colectivo exigió claridad sobre la metodología en el dictamen de la Ley Orgánica y reafirmó su compromiso para el diseño de una Fiscalía autónoma e independiente.