Gasto público es una bomba de tiempo para finanzas
Las características demográficas del país han provocado que el gasto en pensiones aumente, y preocupa que estos compromisos presupuestarios impidan cubrir otros gastos ineludibles como lo pueden ser salud y educación
María Fernanda NavarroSi la estructura del gasto público en México no se modifica, llegará el momento en el que se tenga que decidir entre el pago de pensiones o la evolución del presupuesto en rubros como la salud o la educación o, incluso en el futuro inmediato, contar con la capacidad de llevar a cabo políticas públicas que aminoren los efectos de la crisis sanitaria y económica.
No han sido pocos los especialistas o legisladores que han advertido de la necesidad de establecer una reforma profunda en materia de pensiones, que sobre todo se enfoque a las contributivas, es decir, aquellas que se les otorga a personas que cotizaron en el sistema de pensiones a lo largo de su vida laboral y se asocia principalmente a los trabajadores del sector formal.
Actualmente el gasto en pensiones crece entre cinco y siete por ciento anual y el país se encuentra en un proceso de transición entre los esquemas de reparto y cuentas individuales.
Para este año el gasto total que hará el Gobierno federal en este rubro será de 4.9 por ciento del PIB y 20 por ciento del presupuesto federal total.
Tenemos que hacer algo con las pensiones, si este gasto sigue desbocado no tendremos la oportunidad de evolucionar en el presupuesto, sería muy triste que nuestro sistema fiscal esté amarrado por 20 años, nunca tuvimos dinero porque nos la pasábamos pagando pensiones
Las reformas al sistema de pensiones aprobadas en diciembre del año pasado en la Cámara de Diputados, si bien tienen aspectos positivos para los trabajadores mexicanos, no modifican elementos relevantes para contrarrestar los riesgos fiscales por el aumento anual en el pago de las mismas.
Los cambios establecidos a las leyes del IMSS y del Sistema del Ahorro para el Retiro, determinan un incremento gradual de las aportaciones de 5.1 a 13.7 por ciento que realizan los patrones, disminución en las semanas de cotización de mil 250 a mil semanas de forma gradual y aumenta el monto de la pensión garantizada que se otorga a trabajadores que cumplieron con los requisitos para gozar de la prestación pero no tienen los recursos suficientes en su cuenta individual para obtener una pensión mayor a dicho monto.
“Es una reforma para salvar el pilar dos, ahí vamos bien, el gran problema de la reforma es que no se tocó el pilar uno, el gran problema, el animal apestoso en el cuarto que nadie quiere voltear a ver, se llama sistema de reparto”, dice Villareal.
Presupuesto estatal débil ante el gasto
Durante la incipiente recuperación de la crisis económica y sanitaria que provocó la pandemia por COVID-19, se repartirá una bolsa de 1 billón 867 mil millones de pesos a los estados, que representa una disminución de 5.5 por ciento en relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020.
El gasto federalizado es otro pilar que se tendrá que abordar de manera inaplazable como parte de la transición hacendaria que se pretende alcanzar, toda vez que este es el principal componente de los recursos públicos estatales.
El objetivo deberá estar fijado en apoyar una mayor autonomía financiera para los estados y municipios a través de la recaudación local, apunta Rolando Silva, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México.
Entre los gravámenes que podrían fortalecerse en los estados está la tenencia o el predial.
Pero este no será el único aspecto a transformar en la relación presupuestaria entre la Federación y los estados, también deberán integrarse nuevos criterios de corresponsabilidad y nuevas fórmulas de distribución de los ingresos, señala Alfonso Ramírez Cuellar, diputado federal y presidente del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria.
Será necesaria la Convención Nacional Hacendaria, en todo el país y desde hace mucho tiempo, los municipios y entidades, la Federación, han reclamando un nuevo trato, una nueva relación de respeto y corresponsabilidad, sacar de la penuria financiera a las demarcaciones municipales, darles mayor solvencia para la inversión productiva y también en infraestructura a estados y municipios y tener una rectoría y fortaleza mayor a la Federación del país
Este gasto está compuesto por participaciones, que ascienden a 921 mil 402 millones de pesos; aportaciones, que conforma una bolsa de 836 mil 097 millones; convenios, con un total de 100 mil 693 millones; así como los subsidios integrados por el Ramo 23, que contará con nueve mil 145 millones, mismo que a partir de 2020 dejará de integrar al Fondo Metropolitano y el Fondo Regional.
Con los recursos de las participaciones federales, cuyo monto se calcula tomando en cuenta el nivel de recaudación y el nivel económico de cada entidad, los estados cubren gastos para el funcionamiento de sus instituciones y dependencias locales.
