Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, la alcaldía Magdalena Contreras hizo un gasto millonario, poco útil y plagado de irregularidades.
En diciembre de 2020, el gobierno encabezado por la morenista Patricia Ortiz Couturier compró sillas plegables y vallas por más de un millón de pesos a pesar de que existían otras necesidades más importantes por la contingencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus.
Especialistas consideran que esto podría constituir una irregularidad administrativa que revela un acto de corrupción porque dos empresas con posibles nexos simularon un concurso de contratación para beneficiarse.
Sillas y valla en contingencia para Magdalena Contreras
El 12 de noviembre de 2020, la alcaldía Magdalena Contreras firmó el contrato con folio AMC/DGA/ IR/092/2020 para adquisición de sillas y vallas plegadizas con la empresa Casa Vega Eventos S.A. de C.V.
Según el documento, que se puede descargar en el Portal de Obligaciones de Transparencia de Magdalena Contreras, se compraron 2 mil 500 sillas plegadizas a un precio de 870 mil pesos.
También se adquirieron 250 vallas de popotillo a un precio total de 248 mil pesos; ambos insumos suman un total de un millón 118 mil pesos, suma pagada por la administración de la demarcación.
Y la vigencia del acuerdo fue del 12 de noviembre al 31 de diciembre de 2020.
Por parte de la alcaldía autorizaron Marino Bulmaro Ramírez Carmona, director general de administración; Marco Antonio Granados Sandoval, director de recursos materiales, abastecimientos y servicios; y como administrador único de la empresa aparece José Guadalupe Vega Morales.
Comparten representantes legales
El contrato para la adquisición de las sillas y las vallas se firmó por medio de un proceso de invitación restringida a tres proveedores.
Según la Ley de Adquisiciones para la Ciudad de México, un concurso de invitación restringida se lleva a cabo cuando no existen suficientes proveedores capaces de prestar el servicio o fabricar un bien.
Las tres compañías que participaron en el concurso para la compra de las sillas, según el acta de fallo del proceso de invitación restringida folio CIR/022/2020, son Carpas Nueva Generación, Multiservicios y Eventos S.A. de C.V.; y Casa Vega Eventos S.A. de C.V., esta última es la que resultó ganadora.
Reporte Índigo consultó diversos documentos y se percató de que Casa Vega Eventos y Carpas Nueva Generación han compartido representantes ante las autoridades durante 2019 y 2020.
Según el acta del fallo del contrato de las sillas, Carpas Nueva Generación es representada por Silvia Nathaly López White, mientras que Casa Vega Eventos lo es por Sandra Edith González Campos.
No obstante, según el acta de la Junta de Aclaraciones FMPTDA-IRTP-08-2019 llevada a cabo el 27 de agosto de 2019 por el Fondo Mixto de Promoción Turística para la contratación de servicios integrales para promocionar a la Ciudad de México, Carpas Nueva Generación es representada legalmente por Sandra Edith González Campos.
Esto significa que durante 2019 y 2020, González Campos representó a dos empresas distintas, que participaron juntas en un proceso de invitación, lo cual es una irregularidad, afirma Lizbeth Padilla Sanabria, académica y especialista en derecho de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM).
Padilla Sanabria explica que corresponde a un posible acto de corrupción porque dos empresas con un nexo simularon concursar para ganar un contrato: en realidad, una le ayudó a obtener la adjudicación a la otra, a través de entregar una oferta más cara y así dar ventaja a la compañía asociada.
Es una irregularidad y es común que hagan eso, que manden a una segunda empresa para ayudarles a ganar
Añade que esto es un fraude a la administración pública y los funcionarios que aprobaron el proceso de administración restringida deben ser investigados por la Contraloría General de la Ciudad de México.
“Podrían fincarse responsabilidades en materia penal, independientemente de todo, podría tener repercusiones por la vía administrativa o la vía penal”, dice.
Gasto ineficiente e ilegal
Comprar sillas plegadizas —cuyo uso común es para la organización de eventos masivos— durante la contingencia sanitaria por COVID-19 es una irregularidad que viola acuerdos internacionales a los que México se comprometió, menciona la especialista Padilla Sanabria.
Señala que se hizo un gasto irracional e ineficiente para la organización de eventos, pues la pandemia de COVID-19 no permite mítines ni aglomeraciones.
Cabe destacar que al momento de la firma del convenio, la Ciudad de México se encontraba en el color naranja epidemiológico y comenzaba el repunte que provocó el color rojo en el mes de diciembre.
La académica de la UNAM añade que también es ilegal porque en 2020, en el contexto de la pandemia, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) publicó el acuerdo 1/2020 en el que ordenó a todos los países adscritos, incluido México, a orientar el gasto de todas las partidas a combatir la contingencia sanitaria; es decir, a priorizar los recursos a la contención de la pandemia desde el ámbito social, económico, de salud y de justicia.
