En el estado norteño la ruta de los recursos públicos federales hacia una estrategia de seguridad sigue sin trazo. En 2023 y en lo que va de 2024, el gobierno estatal y los municipios han usado los recursos públicos aprobados por el Congreso de la Unión en servicios de salud, obras domésticas como alcantarillados, ampliaciones de redes de agua potable o adquisición de productos para limpiar sus oficinas.
Lo anterior, según 125 contratos publicados en CompraNet bajo la identificación del estado y validados en CompraNet Sinaloa en el tercer año de gobierno de Rubén Rocha Moya. Entre gastos de cientos de miles y algunos de millones de pesos aparecen solo dos que conciernen a la forma en que Sinaloa le pone cara a la violencia con recursos federales. Uno fue para la adquisición de radios portátiles para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el otro para adquirir equipo de cómputo para el Centro Estatal de Información Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado.
Tras el secuestro masivo en Sinaloa, el gobernador Ruben Rocha Moya pidió a la población no tener miedo porque “son cosas que lamentablemente ocurren”. ¿Qué opinas sobre su declaración? pic.twitter.com/r5jYU566gi
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) March 22, 2024
De cómo dos funcionarios compraron radios y luego, presentaron sus renuncias
Según el fallo del procedimiento, el Gobierno de Sinaloa adquirió el 28 de agosto de 2023 383 radios portátiles que en conjunto costaron 17 millones 410 mil 160 pesos. Lo hizo con Op Integraciones Electromecánicas, una empresa de Acapulco, Guerrero, que estuvo a cargo de la aplicación “Katrina” para monitoreo de fenómenos naturales y emisión de alertas.
Pero el proceso de este equipamiento de los elementos de seguridad sinaloenses coincidió con la renuncia de Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública, y el funcionario que ordenó la compra. Su dimisión fue conocida a través de su cuenta personal de X, antes Twitter. Además, en esa fecha, también presentó su retiro del cargo Carlos Alberto Hernández Leyva, quien hasta ese momento se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social. Las partidas de los dos exfuncionarios fueron presentadas al concluir una reunión del Gabinete de seguridad.
Castañeda Camarillo asumió como secretario de Seguridad Pública en diciembre de 2018 todavía en el gobierno del priista Quirino Ordaz Coppel. Fue ratificado en el cargo en octubre de 2021, a un mes de que Rubén Rocha Moya, postulado por Morena, asumiera como primer mandatario estatal. Con la cartera de seguridad a cargo, el exsecretario estuvo al frente de la protección de Culiacán durante el llamado jueves negro, esa jornada ocurrida en octubre de 2019 cuando grupos armados se enfrentaron a elementos del Ejército para impedir la detención de Ovidio Guzmán. Lo estuvo también cuando en enero de 2023, el supuesto líder de una organización criminal, hijo de Joaquín Guzmán Loera “el chapo” Guzmán, fue –al final– aprehendido.
El secretario de la Defensa hace un recuento de agresiones y bloqueos en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis #culiacanazo pic.twitter.com/6yFpG6AvkY
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En septiembre del mismo año, Gerardo Mérida Sánchez asumió como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Como subsecretario lo hizo Leoncio Pedro García Alatorre.
Ese es el panorama que antecedió al 22 de marzo cuando la inseguridad mostró un rostro hasta ahora desconocido en la entidad a la que se le ha adjudicado ser cuna del flagelo del narcotráfico: en distintos puntos de Culiacán, la capital, 66 personas fueron secuestradas de sus propios hogares. Hasta ahora, el paradero de ocho de las víctimas sigue sin conocerse, de acuerdo con fuentes en el estado relacionadas con las familias.
En el momento crítico del suceso, el gobernador Rocha Moya fue cuestionado sobre si solicitaría refuerzos a la Federación. Entre reporteros, en Mazatlán, y con un gesto de sorpresa, respondió: “… No hay necesidad de pedir refuerzos, aquí hay suficientes elementos en todas las corporaciones”.
Este lugar ocupa la seguridad en Sinaloa en el otorgamiento de los recursos federales
Firmados en 2023 y lo que va de este año, los 125 contratos localizados en CompraNet por el Gobierno de Sinaloa, suman 525 millones 815 mil 620 pesos. Si se les ve de mayor a menor, el suministro a los hospitales resultó prioritario para el uso del dinero federalizado. La contratación pública más grande es por 127 millones 13 mil 57 pesos, en marzo de 2023, y fue para pruebas para laboratorio para hospitales generales, integrales, centros de salud y unidades de especialidad.
Las siguientes en monto también correspondieron al sector Salud. Uno fue para dar limpieza a las unidades médicas y áreas administrativas por 70 millones 325 mil 640 pesos, el otro para vigilancia de esas mismas instalaciones por 57 millones 784 mil 204 pesos y uno más para la adquisición de gases medicinales para hospitales generales, integrales y de especialidad por 39 millones 321 mil 629 pesos.
Tras esos contratos, ordenados de mayor a menor, aparece el de la adquisición de radios portátiles para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
