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En septiembre del 2014, la PGR dio a conocer que una banda dedicada al robo de combustible lo vendía a un precio menor a empresas papeleras, fundidoras de metal y tequileras
“En 2014, Pemex erogó para los trabajos de reparación 45.3 millones de pesos en mano de obra; las composturas costaron 360 millones; el pago por saneamiento de áreas afectadas por derrames fue de 230.9 millones de pesos, y la interrupción de bombeo y transporte costó mil 356 millones de pesos”
No sólo el Gobierno federal ganará con el nuevo precio de la gasolina, al bajar la inversión en subsidios y aumentar la captación de impuestos; hay otro sector que resultará beneficiado con el aumento.
Se trata de los grupos del crimen organizado que se dedican a la ordeña y venta clandestina de gasolina.
Es común ver en las carreteras del país donde se anuncia la venta de gasolina en casas o locales; los precios son mucho más reducidos que en estaciones de carga, lo que potenciará el consumo en ciertas comunidades del país.
Incluso, en las ciudades también existen expendios ilegales de gasolina y diésel que operan en plena vía pública.
Con la crisis por el aumento en el precio de la gasolina, el mercado negro de combustibles crecerá.
Ya en 2013 el robo de combustible representaba pérdidas millonarias para Petróleos Mexicanos. Ese año, se dijo que el robo ascendía a 5 mil millones de dólares anuales. Cada dos horas, se dijo, se perforaba un ducto para extraer gasolina, diésel, petróleo crudo o productos petroquímicos.
Un informe del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, sobre el robo de hidrocarburos en México, señala que la distancia entre cada toma clandestina es de apenas 3.5 kilómetros; la red total de ductos de Pemex es de 14 mil kilómetros, distribuidos por todo el país.
En 2016, Pemex dio a conocer que perdía diariamente 23 mil 500 barriles de gasolina por los robos; esto equivalía a más de 50 millones de pesos al día.
Las pérdidas no son solo por el combustible robado, sino por la reparación de los daños que dejan las tomas clandestinas. Cada una de esas obras tiene un valor de entre 120 mil y 250 mil pesos.
“En 2014, Pemex erogó para los trabajos de reparación 45.3 millones de pesos en mano de obra; las composturas costaron 360 millones; el pago por saneamiento de áreas afectadas por derrames fue de 230.9 millones de pesos, y la interrupción de bombeo y transporte costó mil 356 millones de pesos”, expone el Instituto Belisario Domínguez.
En tiempos normales, la gasolina ilegal se ofrece a precios más bajos que en las estaciones expendedoras; hay quien la vende hasta en 10 pesos el litro.
Pero en días pasados se vendió hasta en 40 pesos.
En los últimos días de diciembre se ofrecía combustible a través de las redes sociales. Un garrafón de 20 litros llegó a venderse en 800 pesos -40 pesos por litro- en San Luis Potosí.
Ni siquiera el aumento de penas de prisión a 25 años ha provocado que este delito baje; al contrario, se ha exponenciado.
Aumento sin control
Año con año, el problema del robo de combustible y su venta clandestina va en aumento.
El número de tomas clandestinas pasó de 220, en el 2006, a 5 mil 574, en el 2015; un crecimiento de 25 veces.
Las denuncias por este delito también han ido en aumento. En el 2012, se tenían 3 mil 267 denuncias; en el 2015, ya eran 6 mil 898.
Sin embargo, hasta marzo pasado, solo se habían concretado 600 sentencias y se había detenido a mil 400 personas.
Según cifras de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), alrededor del 20 por ciento del mercado de gasolina es controlado por el crimen organizado, que vende combustible en varios estados del país.
En la comisión de ese delito están involucrados varios grupos criminales que han alcanzado a los propios trabajadores de Pemex; es recurrente la información de que algunos de los detenidos por la ordeña del combustible son empleados de la empresa productiva del Estado.
En 2014, Pemex creó la subdirección de Salvaguardia Estratégica, encargada de cuidar las instalaciones de la empresa. Se encuentra bajo un mando militar.
Hasta mayo del 2016, esta subdirección había decomisado más de 2 millones de litros de hidrocarburos robados.
A pesar de ello, la sustracción ilegal de combustibles continúa porque hay mercado para ello.
Otra de las aristas del problema es el consumo. En septiembre del 2014, la Procuraduría General de la República dio a conocer que los detenidos de una banda dedicada al robo de combustible declararon que los hidrocarburos eran vendidos a un precio menor del comercial, y era adquirido por empresas papeleras, fundidoras de metal, tequileras y otras.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece castigos no solo para quienes roben el combustible o posean el hidrocarburo robado, sino a quienes lo compren.
En su artículo 9, dicha Ley –vigente desde enero del 2016- establece que habrá sanciones para quien: “Compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley”.
Si la compra es por hasta 300 litros, la pena que se impondrá será de 2 a 4 años de prisión; los castigos van aumentando gradualmente hasta los 15 años de prisión si es por más de 2 mil litros.
