Así operó la red internacional de lavado de dinero de García Luna y el Grupo Weinberg

Las investigaciones contra Genaro García Luna, de 56 años de edad, continúan. El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer el entramado que involucra al exsecretario de Seguridad Pública y a su familia, así como a instituciones federales, con una red de lavado de dinero internacional.

De acuerdo con la información expuesta desde Palacio Nacional, durante el periodo de 2009 a 2018, la Policía Federal (PF), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social (OADPRES) otorgaron 30 contratos a cuatro empresas constituidas en Panamá para utilizarlas como parte de un mecanismo de defraudación fiscal.

“García Luna, a través del tejido empresarial del Grupo Weinberg, encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, obtuvo contratos por un total de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos, de los cuales fueron pagados 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos”, dijo Gómez Álvarez.

NUNVAN Inc. NUNVAC Technologies Inc., GLAC y Nice Systems Ltd., las empresas involucradas

El funcionario detalló que, en los años referidos, el OADPRS, el CISEN y la Policía Federal pagaron un total de 347 millones 256 mil 682 dólares a la empresa NUNVAV Inc. Por parte únicamente del CISEN, se añadieron 67 millones 200 mil pesos.

De igual forma, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional habría pagado 208 millones 831 mil 995.25 dólares a la compañía a NUNVAC Technologies Inc; y la Policía Federal, 69 millones 100 mil dólares a Nice Systems Ltd.

Además, se tiene registro que la Policía General de Justicia de la Ciudad de México pagó a la empresa GLAC, propiedad de García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, 26 millones 666 mil 666 pesos.

El esquema de corrupción: así regresaba el dinero a México

“De esos pagos, entre 2009 y 2018, la PF, CISEN, el OADPRS y la Procuraduría pagaron 625 millones y fracción de dólares y 93 millones de pesos a Grupo Weinberg a cuentas en México, Barbados e Israel”, destacó Pablo Gómez al explicar cómo funcionaba la red de corrupción.

Añadió que, entre julio de 2013 a enero de 2020, Nunvav Inc, después de cobrar el dinero por parte de instancias mexicanas, envió recursos a Estados Unidos (EEEUU), Barbados, Israel, Chipre, Curazao, Alemania, Panamá, Letonia, China, Reino Unido, entre otros países, por un total de 528 millones 96 mil 393 pesos y 28 millones 474 mil 25 dólares.

“Quiero decir que las empresas NUNVAV Inc. y demás son constituidas en Panamá, no son empresas constituidas en el territorio mexicano aunque operaron en México, nunca pagaron impuestos en México y tampoco, que se sepa, en algún otro país. Esta es una red internacional de lavado que complementa la red de defraudación al Estado mexicano.

“Regresaron a México de cuentas del Grupo Weinberg, 189 millones 801 mil 465 dólares a 109 beneficiarios, 82 empresas, entre 2012 y 2020, por un monto de 182 millones 543 mil 823 dólares; 27 personas físicas, también en ese periodo, por 7.257 millones dólares; un total de 189.80 millones de dólares que volvieron al país en la triangulación que estuvieron haciendo”, dijo el titular de la Unidad de Investigación Financiera.

Por lo anterior se concluye, que las empresas eran financiadas con recursos federales, después este dinero se enviaba al extranjero para, posteriormente, ser entregado a compañías “pantalla” o factureras. No obstante, también hay 27 personas a las que físicamente se les realizaron pagos producto del dinero rastreado.

Proceso penal en México por el caso Weinberg

Pablo Gómez explicó también que la Fiscalía Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y Fiscales de la Fiscalía General de la República integró una carpeta de investigación contra Genaro García Luna y sus socios relacionada con la contratación de OADPRS contra 61 imputados.

De estas indagatorias se obtuvieron 61 órdenes de aprehensión, de las cuales 12 ya se cumplimentaron y 36 están vigentes; se detuvo a ocho personas y hay ocho vinculaciones a proceso.

“El Estado mexicano está en espera del proceso de extradición de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, detenido el 31 de diciembre de 2023, en Madrid, como posible responsable del tejido del Grupo Weinberg, que fue el que utilizó García Luna.

“Primero él daba los contratos a través de otros funcionarios, que ya están sometidos a proceso; y después que dejó de ser servidor público los conseguía, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Él operó transexenalmente”, destacó.

Juicio contra García Luna y sus socios para la recuperación de activos

Finalmente, dijo que hay un proceso civil en curso en el estado de Florida, en Estados Unidos, que próximamente culminará en un juicio, para la recuperación de activos, presentada por autoridades mexicanas en contra de García Luna y sus socios.

“Se reclaman más de 600 millones de dólares procedentes del Estado mexicano a través de operaciones realizadas mediante una red de corrupción y lavado de dinero en la cual participan siete personas físicas, cuatro empresas contratistas, 40 empresas norteamericanas constituidas para adquirir, poseer bienes, diseminar recursos, recibir pagos y simular actividades”, precisó.

Dentro de este proceso, el juzgado estadounidense ha ordenado entregar al Gobierno de México 2 millones 406 mil 427 dólares, producto de la venta de inmuebles y de un acuerdo reparatorio que se hizo como parte de este proceso. Además de un departamento valuado en 555 mil 800 dólares que fue propiedad de García Luna y que ya se entregó al Gobierno de México para su venta.

“Esto se adelantó, no hubo necesidad de concluir el juicio porque García Luna se negó personalmente a comparecer en el juicio, y su esposa también, y fueron declarados en rebeldía, entonces los bienes que estaban a su nombre, los que conocemos puesto a que ha sido una investigación que es muy complicada, pero tuvo algunos avances.

“Esos ya han estado siendo adjudicados al Gobierno de México y entregado el dinero, conforme se han ido vendiendo los inmuebles, a la Tesorería de la Federación”, concluyó el titular de la Unidad de Inteligencia Federal.