Esquivar la tormenta

En un intento por amainar la tormenta desatada por el aumento en el precio de los combustibles, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la firma de un acuerdo con diversos sectores para tratar de evitar una crisis económica.

Incondicionales del gobierno peñista fueron los firmantes del acuerdo. Representantes obreros y campesinos del PRI, así como líderes empresariales que han apoyado al Gobierno federal, signaron el llamado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.

Entre las medidas anunciadas están evitar el aumento injustificado en los precios de bienes y servicios, bajar en 10 por ciento la partida de sueldos y salarios de la alta burocracia, y autorizar importaciones de emergencia de productos básicos.

Hubo sectores que se negaron a firmar. A pesar de que en un primer momento se filtró que entre los firmantes estaría la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ningún representante acudió a la Residencia Oficial de Los Pinos.

Más tarde, el organismo acusó que se trata de un acuerdo incompleto y con fines de comunicación.

Presidentes de anteriores administraciones también tomaron medidas al filo del abismo, cuando el clima social se enrarecía por las condiciones adversas de la economía.

El caso del presidente Peña Nieto no es la excepción. Tras ocho días de protestas constantes contra el gasolinazo, que incluso han cobrado la vida de varias personas, el Gobierno federal decidió signar un compromiso con algunos sectores económicos para paliar el descontento social.

Una de las medidas del acuerdo firmado es que los empresarios no subirán los precios de forma indiscriminada; esto, a pesar de que el aumento a los combustibles tiene repercusiones inflacionarias casi inmediatas, según expertos.

Otra de las disposiciones será bajar el 10 por ciento de los salarios y prestaciones de altos mandos del Gobierno federal.

Se anunció, además, que en caso de que algún producto de la canasta básica aumente de forma considerable, se importará.

Despierta recuerdos

La firma del acuerdo hizo recordar aquel Pacto de Solidaridad Económica que lanzara el entonces presidente Miguel de la Madrid en diciembre de 1987, en el que también se hizo acompañar por diversos sectores.

En aquel entonces, México enfrentaba una fuerte crisis económica por una elevada inflación, la caída de la Bolsa de Valores, la depreciación del peso y la amenaza de una huelga general si no se otorgaba un aumento de emergencia del 46 por ciento al salario de los trabajadores.

Eran tiempos de dominio absoluto del PRI. Al presidente le interesaba evitar un conflicto y tener un mejor escenario para las elecciones de 1988.

Ayer, en la firma del acuerdo, ese momento vino a la memoria de Carlos Aceves del Olmo, actual dirigente vitalicio de la CTM.

“Quienes ya tenemos muchas canas recordamos este tipo de eventos, hace 30 ó 40 años. Domingo, 5 de la tarde, aquí en Los Pinos. El presidente de la República reunido con los mismos –no las mismas personas, pero sí los mismos cargos-.

Sin embargo, el priista también dijo que “México no se va a destruir por un aumento a la gasolina” y aplaudió la convocatoria del gobierno peñista.

Critican y se deslindan

Diferentes sectores se pronunciaron en contra del acuerdo por considerar que se trata de una medida desesperada del Gobierno federal.

La Coparmex, que se había anunciado en un primer momento sería una de las instancias firmantes, decidió no acompañar al presidente Enrique Peña Nieto con su documento por considerarlo “improvisado, incompleto e insuficiente”.

En un comunicado, la Coparmex criticó que la construcción del documento comenzó el viernes 6 de enero, y el documento final se circuló este mismo lunes, dos horas antes de su firma.

“Urge un acuerdo sí, pero es más importante que dicho acuerdo sea fruto de un verdadero y amplio consenso social, y no solo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública”, sentenció la Coparmex, dirigida por Gustavo de Hoyos.

Para Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, el acuerdo es un intento del Gobierno federal por paliar una crisis que cada vez crece más.

“Lo que vemos en el pacto que hoy firmaron empresarios, sindicatos y encargados de despacho no es más que pan y circo, porque el documento dice los qués, pero no dice los cómos.

“Se dice, por ejemplo, ‘los factores de la producción se comprometen a seguir impulsando la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo’. ¿Cómo? Cuando el empresario o el productor no está teniendo las condiciones óptimas del mercado para vender. Y si no vende, no puede contratar a nadie, no va a invertir en mano de obra. Debieron decir cómo lo harán”, expuso en entrevista.

Desde la sociedad civil se hizo un llamado a frenar la impunidad y la corrupción como una vía para paliar el descontento social.

“Las políticas económicas instrumentadas por el Gobierno federal son cuestionadas por la población porque resulta incongruente que se pida asumir las consecuencias de las alzas del combustible, cuando la clase política lucra con sus cargos a través de sobornos, mantiene privilegios o los aumenta con aguinaldos estratosféricos, bonos extraordinarios, viajes, seguros privados, mayores recursos a los partidos, y un enriquecimiento ilícito de los gobernadores, siguiendo la lógica de sólo hacer un uso y abuso del poder para fines privados”, expusieron organizaciones civiles en un pronunciamiento.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran México Unido contra la Delincuencia, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos Primero, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México Evalúa, y más de 100 ciudadanos.

Medidas del acuerdo

Algunos puntos del acuerdo suscrito por los sectores empresariales, obreros, campesinos y del sector público federal son:

>No subir precios de forma indiscriminada; evitar especulación.

> Bajar 10 por ciento de sueldos y salarios a la cúpula del Gobierno federal.

> Autorización para importar artículos de primera necesidad en caso de carestía.

> Decreto para la repatriación de capitales.

> Sancionar actos que atenten contra la integridad física de las personas o de la propiedad pública y privada.