En su estudio ‘Índice de Paz México 2018’, la ONG Instituto para la Economía y Paz advierte que ganar la guerra contra las drogas, iniciada en 2006 por el expresidente Felipe Calderón, no garantiza al Gobierno la posibilidad de garantizar paz y seguridad a sus ciudadanos.
“Es preciso que cada nivel de gobierno se centre en reformar más que en aplicar la fuerza”, señala el análisis, “Es necesario que las comunidades, la sociedad civil y los gobiernos municipales mejoren la cohesión social, el libre flujo de información y el Estado de Derecho”.
El ‘Índice de Paz México 2018’ alerta que el año 2017 fue el más violento en 20 años, superando al 2011, considerado el punto máximo de la guerra contra el narcotráfico.
El estudio acepta que las autoridades han neutralizado a líderes de los cárteles del narcotráfico, pero apunta a que “surgieron nuevos grupos criminales” y que “la guerra contra las drogas no representa ya el panorama completo”.
LA VIOLENCIA SE COLÓ A LOS HOGARES
La guerra emprendida por el Gobierno federal en contra de los delincuentes no es la única preocupación de los ciudadanos: “El país es menos seguro para la población en general, por razones que sólo ellos pueden resolver”.
El estudio indica que el año pasado, en 25 de las 32 entidades de la República Mexicana se registró un deterioro de la paz dentro de los núcleos familiares.
“La tasa nacional de delitos con violencia subió 15 % el año pasado, con incrementos en los asaltos, los robos y la violencia sexual. La tasa mensual de violencia en la familia escaló 32 % en los últimos tres años. Puesto que la violencia doméstica y la violencia fuera del hogar van de la mano, los tiroteos en las calles ya no son el único problema en paz en México”.
ADVERTENCIA AL PRÓXIMO PRESIDENTE
El ‘Índice de Paz México 2018’ aprovecha el marco de las elecciones federales de 2018, en las que se elegirá al sucesor de Enrique Peña Nieto, para advertirle a los candidatos que “el país tiene que mirar hacia delante de una nueva forma. México ha enfrentado a la violencia organizada con mano dura, pero en muchos sentidos, la verdadera solución reside en tenderse la mano mutuamente”.
El estudio recuerda que luego de que la tasa nacional de homicidios alcanzó su máximo en 2011, había indicadores de que el país estaba en camino de recuperarse por los estragos dejados por la guerra contra las drogas, “no obstante, en 2015, la violencia empezó a incrementarse de nuevo y se apreció con claridad que dicha guerra no se había ganado”.
El Instituto para la Economía y Paz advierte que el narcotráfico no es la única muestra de violencia en la nación, y que las desigualdades sociales crearon en México “un ciclo de violencia, para salir del cual se requiere adoptar un enfoque totalmente nuevo hacia la paz y la seguridad”.
EL LADO OSCURO DE LA ECONOMÍA
Los realizadores del análisis celebran que “México es una economía fuerte y un actor relevante en la escena mundial. Sus abundantes recursos; su gran fuerza de trabajo, cada vez más calificada, y su infraestructura en proceso de modernización han impulsado el progreso de la nación y elevado el nivel de vida de millones de personas”; sin embargo, también indican que con los beneficios “también se ha facilitado la operación de otros tipos de negocio: negocios ilegales y, a menudo, violentos”.
El estudio además estima que con “décadas de corrupción y de un débil Estado de Derecho” se ha registrado un crecimiento de la economía ilegal “hasta alcanzar un monto de 77.6 millones de dólares”.
COOPERACIÓN CIUDADANOS-AUTORIDADES
“La guerra de Calderón contra las drogas se concibió como la solución definitiva de política pública. Peña Nieto convocó a un cambio, pero continuó lo que supuestamente sería la depuración final: acabar con 107 delincuentes de alto perfil para mediados de 2017”, detalla el informe.
El texto refleja que mientras se neutralizaba a líderes criminales, la violencia se esparció por todo el país.
El Instituto para la Economía y Paz considera que los lugares en los que se ha contenido la propagación de los delitos, y en los que ciudadanos están más seguros, se tratan de “localidades en las que las personas han trabajado para lograrlo en colaboración con sus vecinos, con sus hijos y con sus fuerzas policiales y sus tribunales de justicia”.
El ‘Índice de Paz México 2018’ detalla que en sitios en los que se reportó la colaboración de ciudadanos “las tasas de robo son menores”, y en los que se declara tener confianza en sus jueves “tienen menores tasas de delitos con violencia”.
El informe celebra que el número de personas dispuestas a colaborar con sus autoridades vaya en aumento.
¿Qué pasa con aquellos que no están listos para trabajar de la mano con sus gobernantes?
El estudio indica que la corrupción y impunidad “debilitan la confianza entre los ciudadanos y la confianza en el gobierno, y este deterioro contribuye a la violencia”.
El año pasado, apenas 18 % de los ciudadanos dijo confiar en las instituciones de seguridad pública; sólo 7 % confía en la policía municipal del lugar en el que reside.
El Instituto para la Economía y Paz concluye que un marco de seguridad pública y paz integral e integrado requiere:
-Reducir la corrupción y la impunidad
-Desarrollar la capacidad institucional junto con la transparencia y la rendición de cuentas
-Proteger a los jóvenes
-Proteger los espacios públicos
-Crear confianza al demostrar los avances logrados
-Hacer frente a ala dinámica específica subyacente a la violencia con armas de fuego, el comercio ilegal, la extorsión, el secuestro y las distintas formas de homicidio
-Concentrarse en reformar, más que en el uso de la fuerza por parte del gobierno
