Sin garantías para el futuro, las pensiones que no llegarán

Ante las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), que muestran que hacia 2050 habrá casi 25 millones de personas de 65 años o más, organizaciones destacan que el actual método por el que se otorgan pensiones a las personas de 60 años y más, es insostenible a largo plazo, pues se destina el 22 por ciento del presupuesto federal en ello.

Actualmente, en México, no hay un sistema nacional de pensiones para el retiro, sino que operan esquemas fragmentados y desiguales que obligan cada año a realizar diferentes esfuerzos para cubrir el monto de las pensiones.

De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), la fragmentación del sistema de pensiones genera una elevada desigualdad de oportunidades para alcanzar un retiro digno, lo que tiene implicaciones negativas sobre la movilidad social.

Es por ello que esta y otras organizaciones, a lo largo de varios años, impulsan la creación de un Sistema Nacional de Pensiones.

Sin futuro ni sostenibilidad para las nuevas generaciones

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), hasta 2022, de 12.6 millones de personas de 65 años o más, sólo una tercera parte de ellos recibían una pensión. De este total, el 43 por ciento de los adultos mayores pensionados son mujeres.

Desde la década de los años 90, las administraciones que han sucedido desde entonces han realizado diversas enmiendas y ajustes a los esquemas de pensiones existentes, aunque, de acuerdo con el CEEY, los dos entes mayoritarios, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), deben ser integrados para reducir significativamente las diferencias entre los mexicanos.

En la actual administración, se hicieron dos modificaciones sustantivas en dos esquemas de pensiones: elevar las aportaciones de los empleadores en el sector privado, además de cambiar algunos parámetros en la Ley del Seguro Social; y el aumento del monto, cobertura y beneficios de la pensión universal denominada como Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Enrique Díaz-Infante Chapa, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro por la London School of Economics and Political Science, quien se desempeña como director de Sistema Financiero del CEEY, considera necesario unificar el sistema de pensiones, e impulsar un esquema universal, debido al costo que significa para el erario que este rubro se encuentre fragmentado.

“Nunca he sido partidario de establecer topes, pues el principio de la jubilación es que tiene que corresponder con la trayectoria laboral, entonces, esto tiene más que ver con cuánto cotizaste, cuánto es lo que se les estuviste aportando, cuánto tiempo trabajaste. Un tope solo sería conveniente porque las pensiones compiten con el gasto en educación, en salud, infraestructura y en seguridad, entonces, podemos decir que las pensiones se están comiendo el desarrollo del país.

“En este caso sería necesario poner un tope para limitar esta injusticia social que le está pasando a los jóvenes que empezaron a cotizar en las Afores. Yo soy enemigo de los topes, pero quizás aquí sí es conveniente poner un límite porque no podemos seguir así”, enfatizó Díaz- Infante.

El director de Sistema Financiero del CEEY insistió en la insostenibilidad de las pensiones bajo los esquemas actuales, pues cada vez se invierte mayor porcentaje del Presupuesto de Egresos de la Federación en pagarlas año con año, lo que deja sin recursos a otros sectores primordiales.

“Según el actuario Francisco Miguel Aguirre, en un estudio que hizo en 2015, recordemos que ahorita estamos en 2024, o sea, esto fue mencionado hace nueve años, el pasivo pensionario era de 120 puntos porcentuales, para lograr pagarla. Nosotros seguimos calculando que, para 2050, en pensiones se va a estar gastando alrededor de 300 puntos porcentuales del piso, entonces, si no hacemos algo, si seguimos viviendo de esa falacia, que es el bono demográfico, vamos realmente a generar un problema de finanzas públicas.

“Esto impactará principalmente a las personas más jóvenes, lo que estamos haciendo aquí es una injusticia social, por ello, tenemos que empezar a concientizar sobre la urgencia de de este empezar a meterle orden al sistema de pensiones”, afirmó.

Díaz-Infante señala como uno de los principales problemas a resolver al respecto a las pensiones, la unificación de los diferentes sistemas que funcionan en el país, así como de las políticas que rigen a dichos esquemas, pues uno de los principales problemas de las pensiones por retiro es la falta de continuidad entre administraciones.

“Debe recalcarse la necesidad de llevar a cabo una reforma hacendaria para garantizar la sostenibilidad del gasto en pensiones y que este no desplace a otras prioridades de la política económica y social”, destaca el CEEY en el documento “Política pública en pensiones de retiro, un enfoque de movilidad social”.

Por su parte, Díaz-Infante menciona la importancia de la realización de esta reforma fiscal para obtener un ingreso mes con mes y poder pagar el monto de las pensiones, pues al momento estas se financian con sobrantes finitos.

En contra de la fragmentación para combatir la desigualdad

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias señala como uno de los problemas más graves respecto a las pensiones, la integración de la política pública al respecto con las de salud y cuidados.

De acuerdo con el documento “Política pública en pensiones de retiro, un enfoque de movilidad social”, de esta organización, la fragmentación del sistema de pensiones genera una alta desigualdad de oportunidades para alcanzar un retiro digno, lo que deriva en dificultades para la movilidad social.

“Hay diferentes tipos de pensiones. Está el sistema de contribuciones definidas, que comenzó a partir de la reforma del 95 y que entró en 1997, que es de las Afores; también está el sistema de pensiones asistenciales, que es para combate a la pobreza, que son las pensiones de bienestar, por ejemplo. Entonces, por razones de tiempo, de cómo ha ido migrando el sistema de pensiones, de uno de contribuciones, a uno de abatimiento de la pobreza, es que está fragmentado.

“También se encuentra fragmentado porque tenemos un sistema de Gobierno federal, lo que hace que las condiciones de edad, cotización y de aportaciones varíen de un esquema a este, lo que hace muy difícil generar condiciones de igualdad y que los beneficios estén bien definidos, pues entran pensionados, y monto, de todos tipos”, explica Enrique Díaz-Infante.

El CEEY señala que para abatir el riesgo de bloqueo de la movilidad social, ligado al tema de las pensiones, se requiere de una pensión mínima básica, fondeada con recursos públicos, la cual sea complementada con montos proporcionales al ahorro individual,

pues también se trata de reconocer el esfuerzo de las personas, lo cual promueve la movilidad social y la sostenibilidad financiera.

Por otra parte, quienes cuentan con una pensión suficiente para cubrir sus necesidades, requieren de menos recursos otorgados por su descendencia, evitando así la restricción del ascenso para la movilidad social de las nuevas generaciones.

“Lo que preocupa mucho es que hay pensiones que no corresponden a la trayectoria laboral, que no corresponden a las aportaciones y eso implica un peso a las finanzas públicas entonces, por ello es que proponemos la creación de un Instituto Nacional de Pensiones y una ley marco de pensiones. Lo que tendría que hacer inmediatamente el Instituto es un inventario de todos los pensionados que existen, mientras que la ley marco tendría que establecer cuáles son los límites, cuánto es el monto máximo que puede haber de las pensiones, cuánto tiempo se tiene que cotizar cuáles son las aportaciones que se tienen que hacer”, mencionó Díaz-Infante.

Pensiones como un derecho, la promesa de Sheinbaum

El “segundo piso de la transformación” orquestado por Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, fortalecerá los programas establecidos en el sexenio saliente, según lo ha planteado la futura mandataria tanto en el periodo de sucesión presidencial como en su campaña. De ese objetivo destaca la promoción de una reforma constitucional para que la Pensión del Bienestar sea un derecho.

A partir de 2025, a la cartera de apoyos sociales en beneficio de la vejez mexicana se sumará el plan Hoy por ustedes, mañana por nosotros, que consistirá en que personal de salud realice visitas periódicas a los hogares de los pacientes adultos mayores y personas con discapacidad que así lo requieran; una propuesta similar a la estrategia Médico en tu casa que opera en la Ciudad de México desde hace una década.

A esta meta se suma la Pensión para Mujeres de 60 a 64 años, cuya finalidad es brindar una ayuda económica bimestral de 3 mil pesos a un millón de mexicanas en el primer año de la implementación del programa.

En este sentido, de acuerdo con los “100 pasos para la transformación”, proyecto de nación preliminar dado a conocer el 1 de mayo de 2024, Sheinbaum Pardo apoyará la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de recuperar las pensiones justas y revocar la reforma a las pensiones “del periodo neoliberal, de (Ernesto) Zedillo y de algunos que no queremos recordar”.

El documento disponible para consulta en la página de internet de la exjefa de Gobierno capitalina también expone la promesa de garantizar otros apoyos.

“La pensión universal a las personas adultas mayores, el apoyo a las personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a aumentar el número de beneficiarias del programa de bienestar de niños y niñas de madres trabajadoras. Nos aseguraremos que el incremento anual de todos estos programas nunca esté por debajo de la inflación”.

Respaldo a las juventudes a través de becas

Respecto al impulso a las nuevas generaciones, la próxima presidenta propone otorgar una Beca Universal para estudiantes de preescolar, primaria y secundarias públicas; aumentar los apoyos económicos para estudiantes de educación media superior pública; incrementar gradualmente becas para estudiantes universitarios y de posgrado.

Además, se compromete a fortalecer la Educación Media Superior mediante la construcción de más preparatorias, la consolidación y unificación de los programas de estudio y la promoción de salarios justos para los docentes de este nivel educativo.

“Todos los sistemas de educación superior pública del país serán gratuitos. Se fortalecerán las universidades Benito Juárez, se harán nacionales dos universidades que creamos en la CDMX, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Y entre todas las instituciones de educación superior, mi sueño es que en el sexenio podamos atender a otros 300 mil estudiantes. La educación es un derecho, no es un privilegio, no es una mercancía”, señalan los “100 pasos para la transformación”.

El plan de vivienda de la administración entrante considera la edificación de un millón de casas a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con el objetivo de que las personas trabajadoras puedan adquirir un inmueble mediante un esquema de renta con posibilidad de compra después de 10 años de pagos puntuales.