Operación México

El gobierno de los Estados Unidos acumula casos que involucran a funcionarios mexicanos tanto en escándalos de corrupción como con nexos con el narcotráfico.

Además del exgobernador Tomás Yarrington, detenido en Italia por la Policía Internacional y sobre quien pesan cargos de narcotráfico, en los últimos días las autoridades norteamericanas han estado activas en asuntos mexicanos, como en el caso de Edgar Veytia, fiscal general de Nayarit.

El domingo la PGR informó de la detención en Italia del exmandatario de Tamaulipas por parte de la Interpol y la Policía italiana.

De acuerdo con la dependencia federal, la captura de Yarrington –por quien la PGR ofrecía una recompensa de 15 millones de pesos- se logró gracias a la colaboración de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y la Agencia de Investigación Criminal con las autoridades italianas.

Yarrington es el último de una serie de funcionarios o exfuncionarios que son buscados en los Estados Unidos que han sido capturados en los últimos días.

Hace una semana y media, el entonces Fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, fue detenido en la ciudad de San Diego, California, por presuntos nexos con el crimen organizado; lo ligan con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Otro caso es el de Iván Reyes Arzate, quien era un mando en la División Antinarcóticos de la Policía Federal desde la época de Genaro García Luna, cuando era secretario de Seguridad Pública.

Esos casos se suman a los del empresario Luis Carlos Castillo, “El Rey de los Dragones”, y a Juan Manuel Muñoz, “El Mono Muñoz”, operador del Cártel de los Zetas, detenido en España y extraditado a los Estados Unidos.

En las últimas semanas, la justicia norteamericana ha apurado sus investigaciones y procesos contra mexicanos que pueden estar vinculados en actividades delictivas.

Todo indica que ese país va dejando a un lado su papel como espectador y las autoridades mexicanas ya empezaron a notarlo.

Tras cadena de complicidades

Las autoridades estadounidenses van tras las redes de complicidad en las que participan empresarios y políticos que desde México permiten que la droga llegue a Estados Unidos y que el dinero sucio deje de serlo.

La captura de narcotraficantes o lavadores de dinero ha sido crucial para que las autoridades norteamericanas sigan el rastro de los involucrados; sus pistas han llegado a los más altos niveles de la política nacional.

En noviembre del 2016, EU capturó al empresario Luis Carlos Castillo Cervantes, “El rey de los dragones”, acusado de lavado de dinero.

Castillo Cervantes tenía una empresa que poseía máquinas de reencarpetado de carreteras –conocidas como dragones, por lanzar fuego debajo de ellas- y que obtuvo contratos de gobierno millonarios.

Recibía pagos mediante facturas infladas, trasladaba los fondos a Estados Unidos y pagaba sobornos para continuar recibiendo contratos.

El empresario se declaró culpable a principios de enero pasado en una corte de Texas, de haber sobornado a varios exgobernadores y de ayudar a otros a lavar dinero. Hizo un acuerdo con las autoridades norteamericanas para reducir su pena, a cambio de revelaciones sobre los participantes en esta cadena delictiva.

Según una nota publicada en el diario San Antonio Express News, Castillo Cervantes habría sobornado a Jorge Torres López, exgobernador interino de Coahuila de enero a diciembre del 2011; a Luis Armando Reynoso Femat, exmandatario de Aguascalientes; a Eugenio Hernández, exgobernador de Coahuila; y al propio Humberto Moreira.

Tanto Torres como Hernández son buscados por el gobierno estadounidense y se les considera fugitivos.

Moreira ha negado en todo momento las acusaciones.

Castillo Cervantes también ha sido vinculado también con Natividad González Parás, exgobernador de Nuevo León; así como con los exmandatarios de Zacatecas, Amalia García y Ricardo Monreal.

En el caso de Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano, fue detenido en España acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero, además de ser el enlace de Los Zetas en Europa.

Muñoz era dueño de varias gasolineras en Coahuila, a través de las que blanqueaba dinero que obtenía de la venta de drogas, según la acusación que se le hizo.

El diario Reforma publicó en enero, que de acuerdo a las declaraciones de un exjefe de Los Zetas, Moreira habría permitido la venta de droga en Coahuila a cambio de recibir 2 millones de dólares al mes.

La transacción se realizó entre el entonces gobernador y Muñoz Luévano, que representaba a la organización criminal.

“Realizábamos mesas redondas en las que se encontraban el gobernador y Juan Manuel Muñoz Luévano, alias ‘El Mono Muñoz’, quien servía de intermediario con los empresarios y él. Algunos eran empresarios de la Lala, ganaderos y personajes de la policía, como senadores”, citó Reforma la declaración del testigo.

Humberto Moreira fue detenido en España en enero del 2016, pero liberado apenas unos días después.

Hoy día ocupa el primer lugar de la lista de candidatos a una diputación plurinominal por el Partido Joven, un partido local de Coahuila, por lo que es probable que se convierta en diputado local y con el cargo reciba la protección del fuero constitucional.

Uno de los testimonios más esperados por las autoridades estadounidenses es el de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Tensiones diplomáticas

La tensión entre México y Estados Unidos ha ido creciendo en los últimos días con la captura de dos personajes ligados a la política nacional, en pleno tiempo electoral.

Justo cuando las campañas políticas en los estados de México, Coahuila y Nayarit arrancaban, dos sucesos quitaron el sueño a las autoridades mexicanas: la captura de Edgar Veytia, fiscal de Nayarit; y la de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas.

Veytia, quien era conocido en Nayarit como el “fiscal de hierro”, fue aprehendido en la ciudad californiana de San Diego el 29 de marzo pasado. Ya no regresó a México y ahora enfrenta un proceso en Estados Unidos, país que lo relaciona con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La captura cimbró a las altas esferas del poder en México; y no solo a las políticas, también a las empresariales.

A raíz de ese hecho comenzaron a salir a la luz pública una serie de intervenciones del gobierno estadounidense en la investigación de delitos.

La segunda detención de alto impacto que coordinó Estados Unidos fue la de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, a quien también investigan desde hace años por lavado de dinero y delincuencia organizada.

En dos semanas, Estados Unidos ha dado dos muestras contundentes de su cambio de actitud en los casos de justicia que tiene contra funcionarios mexicanos.

Esto ha provocado que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se exija a Estados Unidos respetar la voluntad de los mexicanos y no inmiscuirse en el proceso electoral.

El canciller Luis Videgaray reclamó al gobierno estadounidense su injerencia en los asuntos mexicanos… aunque lo hizo con el pretexto de una declaración de John Kelly, el secretario de Seguridad Interna de EU, sobre que un gobierno de izquierda “no sería bueno para Estados Unidos o para México”.

“Le dije de manera respetuosa, pero muy clara, que las decisiones electorales y la selección de autoridades en México corresponde solo a los mexicanos y que lo que esperamos por parte de los Estados Unidos es que se respete el proceso electoral mexicano”, dijo Videgaray después de un encuentro con Kelly, la semana pasada.

Italia decidirá.-PGR

Los gobiernos de México y Estados Unidos están en una disputa para que Tomás Yarrington sea enviado a sus países y ahí sea juzgado por sus delitos.

El exgobernador de Tamaulipas fue capturado el domingo pasado en la ciudad de Florencia, en Italia. Su captura ocurrió en la noche y, aunque en todo momento negó ser Yarrington presentando documentos falsos, un análisis de sus huellas dactilares dio a los agentes el positivo para realizar la detención.

Tomás Yarrington tiene órdenes de aprehensión tanto en México como en Estados Unidos.

En el caso de México, se le acusa de delitos contra la salud y puede alcanzar una pena máxima de 20 años.

En Estados Unidos, el exmandatario de Tamaulipas está condenado a pasar dos cadenas perpetuas más 90 años de prisión.

En México, Yarrington está acusado de cometer delitos contra la salud. La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la emisión de la ficha roja a la Policía Internacional (Interpol) en diciembre del 2012.

El año pasado, la PGR hizo público que se ofrecía una recompensa de 15 millones de pesos por su captura.

Estados Unidos pedirá su extradición, al igual que México, para enfrentar los cargos de conspiración, de haber recibido sobornos de los cárteles de la droga, de lavado de dinero y de fraude contra instituciones bancarias. Su solicitud de emisión de ficha roja ocurrió en 2016.

La decisión sobre a qué país es concedida la extradición está en manos del gobierno de Italia, que debe tomar en consideración una serie de factores, como la nacionalidad, la residencia, la gravedad de las faltas, la fecha de petición de extradición o el posible castigo que pueda recibir.

Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, explicó ayer que Tomás Yarrington también podría ser sujeto de una extradición temporal, pero todo está en manos del gobierno italiano.

La justicia estadounidense lleva el proceso judicial contra Tomás Yarrington y su socio, Fernando Alejandro Cano Martínez, quien es considerado su operador financiero y prestanombres.

En febrero pasado, Cano Martínez fue detenido en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, pero fue liberado horas más tarde luego de que presentó un amparo y pagó una fianza.

Elías Beltrán destacó que el cómplice de Yarrington tuvo que ser liberado porque, a pesar de que ya existía la orden de aprehensión en su contra emitida por una corte texana, no había emisión de la ficha roja para determinar su captura en otro país que no fuera Estados Unidos.

Tanto las autoridades de México como las de Estados Unidos cabildean con las autoridades italianas para que Yarrington sea enviado a estos países.

La otra guerra

No en todas las guerras se lanzan misiles y cañones contra los que se consideran enemigos.

La del nuevo gobierno de Estados Unidos contra algunos mexicanos podría incluir investigaciones, órdenes de aprehensión o de búsqueda internacional.

Las capturas recientes de presuntos delincuentes de alto nivel, que han facilitado información sobre sus vínculos con políticos mexicanos corruptos, podrían ser el inicio de una operación que vaya en escalada para desintegrar las redes de corrupción y crimen en México.

Imposible no voltear hacia la Casa Blanca y ver a quien susurra al oído del presidente Donald Trump lo que debe pensar sobre México y su gobierno: Steve Bannon.

El principal consejero del mandatario estadounidense y hasta hace unos días miembro del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, tiene la firme convicción de que el gobierno mexicano tiene nexos con el crimen organizado.

En el portal de noticias Breitbart News, propiedad de Bannon, la narrativa es que el gobierno mexicano trata de rechazar todas las medidas que “peguen” a los cárteles de la droga.

“Los cárteles mexicanos tienen control operacional sobre estados fronterizos mexicanos, incluyendo las oficinas de los gobernadores”, dice Breitbart News en una nota que busca justificar el levantamiento del muro fronterizo.

La ideología del consejero de la Casa Blanca y su visión de México y los mexicanos podría estar influenciando un cambio en la manera de tratar los asuntos de justicia en el país, que han cambiado radicalmente del gobierno de Obama, que prefería mantener distancia, al de Trump, que busca llevar a la justicia a los políticos mexicanos que han cometido delitos relacionados con el tráfico de drogas o el lavado de dinero.