Dos exsecretarios de la pasada administración del Gobierno de la Ciudad de México, encabezada por Miguel Ángel Mancera, están en la mira de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local.
Ayer, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que se realizó un operativo en el Estado de México (Edomex) para localizar a Edgar Tungüí, exsecretario de Obras y Servicios de la capital y excomisionado para la Reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, así como a Felipe de Jesús Gutiérrez, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.
“Hay órdenes de aprehensión contra funcionarios de la administración pasada. Algunas de ellas están siendo ejecutadas, es el informe que tenemos de la Procuraduría, repito son resultados de las investigaciones que se venían haciendo previamente”, informó la mandataria capitalina tras el cuestionamiento por parte de medios de comunicación respecto a un operativo en tierras mexiquenses.
Sheinbaum especificó que en ambos casos la Contraloría General y la PGJ capitalina comprobaron que hubo malos manejos en los recursos de la reconstrucción por parte de las dependencias que encabezaban.
Consideró que si los exfuncionarios, que colaboraron durante la gestión en el gobierno del ahora senador, Miguel Ángel Mancera, y en el interinato de José Ramón Amieva, se esconden, es porque tienen responsabilidad.
Se pueden esconder, pero esconderse lo único que muestra es que algo de responsabilidad hay
Los operativos realizados el día de ayer están relacionados con las dos órdenes de aprehensión que se giraron el 24 de septiembre pasado en su contra.
La mandataria capitalina especificó que este viernes, la Procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy, dará más detalles sobre las acciones de la Policía de Investigación (PDI) en el Edomex.
Respecto a si existe alguna investigación contra Mancera, afirmó que las indagatorias se llevan a cabo sin tintes políticos.
“Son las investigaciones que se hacen, en este caso y como siempre lo he dicho, jamás va a ser un tema político, es un tema sencillamente de procuración de justicia y de acabar con la impunidad”, declaró.
En junio pasado, la mandataria capitalina informó que se detectó que durante la administración pasada hubo sobrecostos en la demolición de edificios dañados por el sismo de 2017 que alcanzaron hasta un 700 por ciento más del precio real. Por lo que la contraloría iba a investigar y deslindar responsabilidades.
“En la administración pasada dieron recursos para algunas unidades habitacionales directo a los administradores sin un esquema de supervisión y estamos haciendo una revisión de todos los recursos que se dieron porque hay muchas diferencias: hay edificios que tienen un precio por metro cuadrado, otros tienen otros precios por metro cuadrado… Si hay un tema de altos costos, obviamente que va a ser sancionado”, dio a conocer en la fecha referida.
Investigan a mil exfuncionarios de la administración de Mancera
El 11 de octubre, el titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano, informó que se estaban investigando a mil exfuncionarios que trabajaron durante la gestión de Miguel Ángel Mancera.
“Se determinaron que son mil trabajadores, que implican una combinación entre funcionarios actuales, bueno, que estuvieron trabajando y anteriores”, señaló Serrano durante su comparecencia en el Congreso de la capital.
El contralor explicó que las sanciones que podrían enfrentar los funcionarios son administrativas o hasta judiciales, pues se cometieron anomalías desde la documentación, omisión de responsabilidades hasta la malversación de fondos. No obstante, rechazó especificar identidades o dependencias en las que estuvieron colaborando.
Por otra parte, reconoció que las malas gestiones e irregularidades cometidas durante el gobierno anterior derivaron en una crisis administrativa.
Serrano señaló que desde el inicio del año hasta el mes de septiembre, se impusieron 774 sanciones administrativas de las cuales 372 fueron a nivel de alcaldías y 402 tanto en dependencias como organismos autónomos. Detalló que en las alcaldías, se inhabilitaron a 94 funcionarios y uno fue sustituido.
El titular del órgano de control del Gobierno de la capital detalló que se aplicaron 98 sanciones económicas, cuyo monto total alcanzó los 198 millones 921 mil pesos.
Recalcó que su administración al frente de la Contraloría va a seguir trabajando diariamente por erradicar la corrupción en el servicio público.
El pasado 13 de octubre, el vocero de la PGJ, Ulises Lara López, dio a conocer la detención de un exfuncionario de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Hedilberto “N”, por el presunto desvío de tres millones de pesos.
Los resultados de la investigación de la PGJ, informados por Lara López, indicaron que el Gobierno federal depositó tres millones de pesos a la Sefin.
Sin embargo, en su ejercicio hubo diversas irregularidades en contrataciones y pagos, movimientos avalados por Hedilberto “N”.
Previo a ello, el 16 de julio de 2019, la jefa de Gobierno informó durante una conferencia de prensa que tres ex funcionarios de la misma dependencia desviaron 190 millones de pesos.
