En entrevista para Reporte Índigo, José Manuel Urquijo, consultor en comunicación política e imagen pública, detalla que desde 2018, cuando llegaron los superdelegados, algunos de ellos acumulan denuncias en su contra por actos de corrupción y desvío de recursos, pues no se ha supervisado lo suficiente la labor de estos funcionarios.
“Es urgente, en materia legal, colocar candados para que hagan su trabajo más transparente dichas figuras, pues hablamos de gente demasiado visible y sobre todo con bastante poder económico y político, pues son quienes controlan los recursos federales a los estados”, menciona.
La secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, dijo en enero de este año que se tenían al menos 102 denuncias contra exdelegados y delegados del Bienestar por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos.
“Lo que puedo informar es que 24 de estas investigaciones ya han sido concluidas sin elementos, sin posibilidad de continuarlas, pero ocho ya están en proceso de responsabilidades”, dijo la titular de dicha dependencia, durante la conferencia de prensa del Presidente el 23 de enero.
De acuerdo con Urquijo, transparentar la labor de los superdelegados que ahora buscan otro cargo público es de vital importancia, pues hay posibilidades de que sean los próximos dirigentes estatales, tal como pasó con el caso de Jaime Bonilla, en Baja California.
Además, para octubre de 2019, Sandoval reveló que nueve delegados estaban bajo investigación por mal uso de los programas sociales.
Hasta ahora las entidades federativas, cuyos delegados están denunciados son los de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, y estamos abiertos a cualquier otra denuncia que llegue
De acuerdo con las declaraciones de la titular de la Secretaría, las denuncias serían atendidas con autonomía técnica y de gestión, que corresponde a los Órganos Internos de Control (OIC); y agregó que las más importantes han sido asumidas por ella misma y también los OIC están trabajando para procesar denuncias que se generen sobre los delegados estatales”.
Uno de los casos más sonados sobre una investigación contra un delegado fue la de Carlos Lomelí Bolaños de Jalisco, quien en julio de 2019 renunció a su cargo tras ser señalado como eje central de una red de empresas farmacéuticas que buscaba ser contratista de la administración de López Obrador en la licitación de medicinas.
Ante las acusaciones de corrupción, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador minimizó los dichos y los calificó cómo parte de una confrontación política.
Oposición contra delegados, acusaciones de corrupción
Al momento de ser anunciada la creación de los superdelegados, partidos como el PRI y el PAN se opusieron bajo el argumento de que se estaba violando la soberanía de los estados.
En una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador en noviembre de hace dos años, 12 mandatarios señalaron que, con las nuevas funciones de coordinación e implementación de programas y acciones, quedan excluidos de los planes de seguridad que implementará el Gobierno federal en sus entidades.
Asimismo, señalaron que si bien los gobiernos estatales deben colaborar con el Gobierno federal, no significa que deban supeditarse o someterse a sus órdenes.
Por su parte, el PRI criticó que los superdelegados serían, en la práctica, operadores electorales al tener el control presupuestal de los programas sociales y la lista de beneficiarios de éstos.
“La idea de los superdelegados da la impresión de ser más bien una fábrica de precandidatos”, dijo el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong.
“No queremos un gobierno centralizado y un presidencialismo retrógrada”, señaló el senador panista Mauricio Kuri, durante la discusión en el Senado de la iniciativa.
Para Ivonne Acuña, las autoridades electorales deben de atender cómo una de sus prioridades para el siguiente proceso la estrategia de campaña de los ahora exdelegados.
“Hubo quienes usaron la entrega de programas sociales para promover su imagen y querer así acercarse a la población, ya está la intervención de la Función Pública, ahora solo falta que se lleven a cabo las investigaciones sin que influya ningún tipo de interés político”, asevera.
Por último, Urquijo enfatiza en crear los mecanismos necesarios para evitar que estos cargos solamente se usen como trampolín para tener otros puestos más altos
El caso Bonilla
En 2015, Jaime Bonilla fue nombrado presidente de Morena en Baja California y para 2018 se desempeñó como senador, sin embargo, sólo duró tres meses en el cargo, ya que posteriormente se le nombró como delegado de los Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno de la República.
Pero para poder tener la oportunidad de ocupar otro puesto, Bonilla presentó en marzo de 2018 su renuncia al cargo de superdelegado y contendió con el apoyo de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y el partido local Transformemos por la gubernatura del estado, la cual ganó.
