La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó que los análisis en el caso de la “Estafa Maestra” confirman la participación de tres funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP) en la firma de 25 convenios que presuntamente resultaron en desvíos de recursos.
El modus operandi de los convenios celebrados dispersaba los recursos recibidos a través de subcontratar a instituciones públicas de educación superior que a su vez subcontrataban a otras empresas, informó la SFP.
Al presentar los principales hallazgos de los análisis se desprendió que los tres funcionarios violaron el artículo 75 de la Ley de Petróleos Mexicanos y el 134 Constitucional, pues permitieron la elevación de precios y no aseguraron las mejores condiciones para el Estado mexicano.
Los tres servidores públicos fueron exonerados por la pasada administración de la Secretaría de la Función Pública, ya que no hay registros de que en su momento se diera seguimiento por parte del Órgano Interno de Control de PEP.
Las empresas beneficiadas de los recursos del Estado están ligadas a los propios servidores públicos o personas cercanas a ellos eran socios directos. Además, se localizaron empresas fantasma o que simularon la realización de trabajos, precisó Sandoval Ballesteros.
La SFP señaló que los servidores que tenían la responsabilidad de verificar que se cumplieran las condiciones de ley y los términos convenidos dejaron de lado su función, y los auditores que debieron monitorear el desempeño de los responsables administrativos fueron limitados y omisos.
La Función Pública inició tres investigaciones en materia de evolución patrimonial para detectar y documentar probables inconsistencias en el patrimonio de los implicados y a partir de los resultados de las investigaciones se iniciarán procedimientos de responsabilidad administrativa .
