Diputados del Congreso local recibirán a funcionarios del Gobierno estatal como parte de la glosa del primer informe. Los legisladores estarán ante la posibilidad de cuestionar los desaciertos que los integrantes de la administración de Samuel García han tenido durante un año.
Carlos Garza, titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería; Gloria María Morales Martínez, secretaria de Administración; y María Teresa Herrera Tello, de Contraloría y Transparencia Gubernamental, son los funcionarios que se presentarán en el recinto legislativo.
Sin embargo, la jornada más esperada es en la que comparecerán Javier Navarro Velasco, titular de la Secretaría de Gobierno; Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad Pública; y Ximena Peredo, de la Secretaría de Participación Ciudadana.
Un punto importante que podrían tocar los legisladores es la inseguridad que se vive en Nuevo León, segmento en el que Palacios Pámanes deberá explicar por qué este 2022 ha sido el más violento desde hace siete años.
Los legisladores también podrían cuestionar el desempeño de Herrera Tello, especialmente después de que el reporte de la testigo social Aleida Gil González respecto a una adjudicación directa, para la compra de camionetas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, se diera a conocer.
Según el testimonio de Gil González la Secretaría de Seguridad usó la pandemia de COVID-19 para justificar, como un caso fortuito o de fuerza mayor, la compra directa de camionetas a la empresa Car One por un monto de 265 millones 499 mil pesos.
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La certificación de Gil González cita el oficio número SS/DG/0527/2022 realizado por Alan Méndez Zamarripa, encargado de despacho de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad, respecto al proceso de excepción para la licitación pública.
“Para llevar a cabo contratación mediante adjudicación directa de equipo de transporte para labores de prevención del delito y de seguridad pública para la Secretaría de Seguridad solicitado por la Secretaría de Seguridad Pública con la persona moral Car One Monterrey S.A de C.V”, dice el documento de Gil González, el cual está en poder de Reporte Índigo.
La razón usada por la Secretaría de Seguridad Pública para realizar esta compra directamente y evitar la licitación tendría que ser investigada por la Contraloría y Transparencia Gubernamental, a cargo de Herrera Tello, pues en diciembre de 2021 sí se realizó la licitación pública nacional presencial DGASG-DC-037/2021 para la compra de 38 unidades. Poco después se llevó a cabo la licitación pública nacional presencial DGASG-DC-047/2021 para la compra de otros 20 vehículos para esta corporación.
Esta compra se realizó después de que la Coordinación Ejecutiva del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública ingresara una solicitud, la cual fue canalizada por el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal para realizar la licitación pública.
En la adquisición de 53 camionetas a la misma empresa, en la licitación pública nacional presencial con número DGASA-DC-048/2021, Seguridad Pública no usó la pandemia como excusa para comprar los vehículos.
Palacios Pámanes participó en la adjudicación directa a Car One cuando fungía como comisario de Fuerza Civil, cargo que dejó el pasado 15 de julio para convertirse en secretario de Seguridad Pública de Nuevo León.
Ingobernabilidad, en la mira del Congreso
Javier Navarro Velasco, secretario de Gobierno, tendrá por primera vez un acercamiento con los legisladores del Congreso local. Este encuentro podría darle al funcionario, quien se caracteriza por su poca participación en la vida política de la entidad, una segunda oportunidad para llegar a acuerdos.
Navarro Velasco tendrá que contestar las preguntas de los diputados referentes al tema Buen Gobierno, sobre el que existen varios cuestionamientos debido a los desencuentros entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Entre las funciones de Navarro se encuentran mantener la gobernabilidad del estado mediante la conducción de la política interior, procurar la innovación y modernidad, así como la comunicación respetuosa con representantes de los diferentes niveles de Gobierno.
Voces del Congreso local, como la del diputado morenista Waldo Fernández, aseguran que han existido momentos de ingobernabilidad en Nuevo León debido a los señalamientos entre ambos poderes, así como por la actuación de Gustavo Adolfo Guerrero exfiscal general de Justicia.
“Se atrevieron a lo que ni la vieja política se atrevió a distorsionar la democracia, robar al alcalde y diputados en un evidente mecanismo de fraude postelectoral, y sumieron al estado en una crisis de ingobernabilidad”, dijo Fernández durante el primer informe de Gobierno de Samuel García.
En la glosa del primer informe también se contará con la presencia de Ximena Peredo, secretaria de Participación Ciudadana, quien “presumió” el nuevo reglamento que elimina la revocación de mandato.
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