Fuerza oscura

La Fuerza Rural Estatal en Michoacán es el organismo más oscuro de la administración pública del estado. 

La ciudadanía no cuenta con acceso a datos sobre la forma que opera esta policía -creada por el Gobierno Federal el pasado 10 de mayo con exmiembros de los grupos de autodefensa-.

Pese a esa opacidad, el comisionado Alfredo Castillo ha señalado que la Fuerza Rural pretende ser un modelo de policía que busca impulsar la Secretaría de Gobernación (Segob) para los estados con altos índices de inseguridad en sus zonas rurales.

J. Jesús Lemus J. Jesús Lemus Publicado el
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vehículos particulares fueron habilitados como patrullas

La Fuerza Rural Estatal en Michoacán es el organismo más oscuro de la administración pública del estado. 

La ciudadanía no cuenta con acceso a datos sobre la forma que opera esta policía -creada por el Gobierno Federal el pasado 10 de mayo con exmiembros de los grupos de autodefensa-.

Pese a esa opacidad, el comisionado Alfredo Castillo ha señalado que la Fuerza Rural pretende ser un modelo de policía que busca impulsar la Secretaría de Gobernación (Segob) para los estados con altos índices de inseguridad en sus zonas rurales.

El 16 de mayo, durante la toma de protesta a los integrantes de esa nueva corporación el funcionario federal destacó que la proximidad social de la Fuerza Rural Estatal es una característica que hacía “exportable” ese modelo.

A la fecha no se sabe con exactitud cuántos son los policías que integran a la policía rural. Tampoco se conoce la forma en que se ha llevado la selección de los incorporados ni existen datos sobre el presupuesto destinado para la operación de ese cuerpo de seguridad.

A principios de mes, un particular solicitó a la Segob información sobre la operatividad de la Fuerza Rural Estatal a lo que la institución federal se declaró incompetente para atender su petición y lo orientó a presentarla ante el gobierno del estado de Michoacán o ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A su petición se unió la de, por lo menos, 32 periodistas que también reclamaron información a través del sistema Infomex.

El particular se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). 

Al analizar el caso se determinó que la Segob cuenta con atribuciones suficientes para responder la solicitud, ya que se encarga de conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los gobiernos de las entidades federativas, por lo que el IFAI le ordenó resolver las dudas del solicitante.

Ahora, la Segob deberá precisar qué Instituciones federales intervinieron en la capacitación y adiestramiento de la fuerza rural, y en qué consistió el mismo; cómo se planea el financiamiento anual y en de qué partida presupuestal saldrán los recursos; nombres de los responsables de las actuaciones de la Fuerza Rural de Michoacán y sueldo mensual de un elemento, entre otros temas.

Actualmente, en ninguna dependencia del gobierno estatal de Michoacán se encuentra disponible esa información.

El mismo gobernador, Salvador Jara, desconoce las acciones que realizan los policías de la Fuerza Rural, pues esta solo rinde cuentas al comisionado federal.

Promesas sin cumplir

La Fuerza Rural Estatal de Michoacán se comenzó a integrar el 10 de mayo pasado. En su momento se anunció que esta corporación estaría presente en los 27 municipios que permanecían bajo el control de los cuerpos de autodefensa encabezados por José Manuel Mireles.  

Extraoficialmente se sabe que a los exautodefensas se les registraron más de 3 mil 210 armas y cerca de 890 vehículos particulares fueron habilitados como patrullas. Oficialmente esa información no se encuentra en ninguna instancia.

Los grupos que integran la Fuerza Rural no se mueven bajo un organigrama establecido. Cada grupo de policía actúa en forma independiente. Son células de seguridad pública que actúan bajo los criterios de cada uno de los comandantes asignados por municipio.  

Las acciones de seguridad y combate a la delincuencia son establecidas por decisión de cada uno de los comandantes, los que –si quieren- informan de sus acciones al comisionado federal, a nadie más.

Policía cuestionada

A la Fuerza Rural Estatal de Michoacán la persiguen los cuestionamientos generalizados, principalmente los que provienen de los grupos de civiles armados que no se han querido sumar a sus filas.

Los que aún se mantienen como autodefensas aseguran que la mayoría de los miembros de la Fuerza Rural son exmiembros del cártel de Los Caballeros Templarios que fueron aceptados por la corporación como parte de un “perdón” que otorgó por su fuero el propio comisionado Alfredo Castillo.

Esas acusaciones de infiltración fueron parte del discurso principal de José Manuel Mireles.  Algunos de sus seguidores aseguran que esos señalamientos son la causa del encarcelamiento del fundador de las autodefensas.

Desde su encierro, en la cárcel federal de Hermosillo, Mireles no ha cejado en asegurar que existe corrupción dentro de la fuerza policial que nació con la intención de combatir al crimen organizado.

Esas acusaciones han sido también lazadas por el exalcalde de Tepalcatepec y hoy exiliado político, el exdiputado local Guillermo Valencia Reyes, quien fuera destituido del cargo por los grupos de autodefensa y perseguido por el propio comisionado federal.

La paz, ni a fuerza

La activista social María Elena Morera señaló que la integración de la Fuerza Rural Estatal no ha abonado en mucho a la paz que se requiere en Michoacán. 

La presidenta de la organización Causa en Común, que trabaja de manera conjunta con gobiernos para la evaluación y capacitación policiacas, señaló en entrevista para Cambio Michoacán, que la policía en el estado se encuentra actualmente en una situación muy grave y con la presencia del comisionado federal solo se está conteniendo, pero está lejos de tener solución.

“Falta fortalecimiento institucional, controles externos y supervisión externa. Inclusive los policías estatales trabajan jornadas de 24 (horas) por 24, y nuestra organización opina que no son jornadas laborales éticas ni apegadas a derechos humanos, y además no son funcionales, porque yo quiero saber cuál de los servidores públicos funciona 24 horas”, indicó.

Morera enfatizó que nadie sabe la forma en que fueron seleccionados los policías de la nueva Fuerza Rural ni tampoco se conoce cuáles fueron los exámenes que tuvieron afrontar para que, de civiles alzados cientos de ciudadanos pasaran a formar parte de la corporación policiaca.

Por la emergencia con la que se integró a la Fuerza Rural se asumieron y se dieron por sobreentendidos algunos aspectos básicos de la capacitación, pero a la fecha nadie conoce los perfiles mínimos de ingreso y actualización para formar parte de esa agrupación, detalló.

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