Los funcionarios públicos cuyo comportamiento de acoso sexual esté acreditado deberían quedar fuera de las instituciones públicas, asegura Samantha Páez, directora de Análisis de la violencia de género del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla.
“Creo que la Secretaría de la Función Pública debe determinar que este tipo de acciones pueden llevar a una inhabilitación, como cuando ocurre con la violencia política de género, no se puede ya contender por un cargo de elección popular si tienes alguna sentencia o alguna investigación en contra por este tipo de violencia contra mujeres”, afirma la especialista.
Todo esto dependerá del caso y la gravedad de la situación y para ello tiene que realizarse una investigación.
“La gravedad no es sólo que haya acosado a una persona, sino a muchas, generando un daño tremendo; en el caso del hostigamiento sexual, es más grave porque hay una relación asimétrica de poder”, explica.
Considera que no se puede permitir que al aprovecharse de su jerarquía en la función pública, los funcionarios ejerzan violencia sexual contra subordinadas y subordinados.
“Puede incluso pasar algo similar a lo que ocurre con la violencia política de género, si tienes un señalamiento, una sentencia por este tipo de situaciones, no podrías participar en una contienda. Yo creo que tendría que ser algo similar. Si tienes una acusación o si hubo una investigación que determinó que efectivamente cometiste este tipo de violencia, pues tendría que ser una sentencia que determine que no podrías ocupar más un cargo público”, expone.
Se normaliza el acoso sexual
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, la experta menciona que 26 por ciento de las mujeres han vivido alguna clase de violencia en el ámbito laboral, sobre todo emocional, algunas de ellas también discriminación y violencia sexual.
“La propia ENDIREH nos dice que muchas mujeres no denuncian ninguna clase de violencia porque sienten pena, porque piensan que nadie les va hacer caso, consideran que se trata de algo sin importancia. Es muy normalizada la práctica del acoso y hostigamiento sexual; también porque no saben dónde denunciar o cómo”
Samantha Páez aconseja a las víctimas de acoso y hostigamiento sexual que realicen, además del procedimiento administrativo, una acusación penal, ya que esta puede incidir en sanciones fuera del universo laboral.
“Me parece que es muy difícil a veces que se lleven a cabo procedimientos administrativos porque lo que suelen decir las empresas o instituciones es que las víctimas recurran a la vía penal, pero no están peleadas, pueden llevarse al mismo tiempo”.
