Esta ley fue congelada por una controversia constitucional que interpuso el exmandatario federal
“Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado”
A un año de haber sido instalado el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, este mecanismo no puede operar porque los estados han incumplido con la constitución de las comisiones estatales de atención a víctimas del delito.
Hasta el mes de enero –después de 6 meses de que se venció el plazo legal -sólo dos estados de 32 entidades han conformado sus organismos estatales de apoyo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito (CEAV)
Hasta el mes de enero sólo Nuevo León y Coahuila han reformado su ley y constituido legalmente sus comisiones estatales de atención a víctimas del delito.
El retraso en el que han incurrido los estados en la constitución de sus comisiones estatales está documentado en el acta de la primera sesión del CEAV celebrada el pasado 6 de enero.
“Por lo que se refiere a los integrantes del SNAV, el pleno determinó que en virtud de que a la fecha sólo se han constituido las comisiones estatales de víctimas de los estados de Coahuila y Nuevo León, se les hará llegar la propuesta para que designen entre ellas a un representante en términos de la fracción V del artículo 82 de la Ley General de Víctimas”, señala la acta de la primera sesión ordinaria 2015 del pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
El documento está firmado por Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente del CEAV, y los comisionados Adrián Franco Zevada, Susana Thalía Pedroza de la Llave, Julio Antonio Hernández Barros y Carlos Ríos Espinosa.
El Sistema Nacional de Atención a Víctimas es la máxima instancia del gobierno mexicano y es responsable de definir y aplicar las políticas públicas de apoyos a las víctimas.
Entre sus atribuciones están las de diseñar programas y acciones para la protección, ayuda, asistencia y defensa de los derechos humanos y la reparación de las víctimas.
Sin homologar
La operación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas recae –de acuerdo a la Ley General de Víctimas- en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y en las comisiones ejecutivas de antención a víctimas de los estados y del Distrito Federal.
Esto está establecido en la Ley General de Víctimas, aprobada en el 2012 pero que entró en vigor hasta enero del 2013.
La Secretaría de Gobernación no ha logrado operar con los gobiernos estatales la homologación en sus leyes para la la creación de las comisiones estatales de atención a víctimas del delito.
Pese a ser uno de los temas prioritarios que heredó la actual administración federal del sexenio del panista Felipe Calderón.
El funcionamiento o no del Sistema Nacional de Víctimas del Delito no es un tema tampoco para los activistas mexicanos, preocupados más por casos como el de Nestora Salgado, comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, en Guerrero, recluida desde hace un año acusada de secuestro.
El Sistema Nacional de Atención a Víctimas estará integrado –además del CEAV y las comisiones estatales-por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el presidente de la CNDH y representantes de organismos públicos.
En enero del 2014 el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Entre los compromisos asumidos por este organismo está el construir el Registro Nacional de Víctimas, que debe ser alimentado por las comisiones ejecutivas estatales que hoy no existen en México.
Entre los propósitos del SNAV también estaba definir las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, un mecanismo que apenas se concretó hace un mes una vez que el presidente mexicano lo incluyó como parte de la reforma al sistema de seguridad y justicia que impulsó a raíz de la tragedia de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
… En proceso
Este periódico presentó a través del IFAI solicitudes de información a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) con la intención de conocer la operación, tanto del Registro Nacional de Víctimas como del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
El responsable de la Unidad de Enlace de la CEAV contestó que ambos mecanismos estaban en proceso de creación por lo cual la información solicitada era inexistente.
“Sobre el particular, le informo que el Registro Nacional de Víctimas actualmente se encuentra en proceso de creación…”, contestó el titular de la Unidad de Enlace de la Comisión, Gustavo Baltazar Guerrero.
Hasta el momento no existe la certeza de que este Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, esté operando ya en México para las víctimas.
La Ley General de Víctimas fue aprobada en el Congreso el 30 de abril de 2012, pero entró en vigor hasta 8 meses después, cuando el nuevo presidente priista Enrique Peña Nieto ordenó -en enero de 2013- desistirse de la controversia que había presentado Calderón.
Coahuila, el primero
En el evento de la instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó como un paso fundamental la creación del SNAV y aseguró que era la respuesta del Estado mexicano a un “legítima demanda” de la sociedad mexicana.
Sin embargo, hasta hoy sólo Nuevo León y Coahuila han constituido sus comisiones estatales de atención a víctimas del delito como obliga la Ley General de Víctimas.
El primer estado que instaló su comisión ejecutiva fue Coahuila.
El 24 de septiembre del año pasado el Congreso del Estado de Coahuila tomó protesta a los cinco integrantes que conformarán este organismo de atención a las víctimas del estado norteño.
Los diputados eligieron como presidente de la Comisión a Eduardo Calderón Domínguez y como integrantes a María Antonieta Leal Cota, Sandra Luna González, Luis Efrén Ríos Vega y Magdalena López Valdez.
Por su parte, en Nuevo León el 1 de noviembre se instaló el Sistema Estatal de Atención a Víctimas en un evento privado que encabezó el gobernador Rodrigo Medina.
Un mes antes el Congreso del Estado había designado a Aixa Alvarado como titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Nuevo León, un nombramiento criticado por organismos como CADHAC que preside Consuelo Morales.
Alvarado trabajaba antes de su nombramiento como titular del Centro de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.
El 15 de octubre pasado, en su comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos, Sergio Jaime Rochin del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), reconoció el gran retraso que existe en los estados que no han homologado su normatividad con la Ley General de Víctimas del 2013.
“Los estados que más victimización tienen, en buena medida coinciden con los que no están armonizados (con la Ley General de Víctimas)”, declaró Rochín del Rincón en ese entonces.
El presidente de la CEAV reveló que en ese momento los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas ni siquiera han iniciado el proceso de homologación con la nueva Ley General de Víctimas.
Según la nueva ley, las comisiones ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.
“Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado”, establece la legislación.
Esa es la importancia de las comisiones ejecutivas en los estados: son el primer acercamiento que hay con una posible víctima de un delito.
Reporte Indigo publicó el pasado 22 de septiembre del año pasado que el sexenio más sangriento en la historia de México no había dejado víctimas… oficialmente.
Esto debido al retraso en la aplicación de la Ley General de Víctimas, aprobada en el sexenio de Felipe Calderón, pero congelada por una controversia constitucional que interpuso el exmandatario federal.
El reportaje consignaba que ni el Registro Nacional de Víctimas ni el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, contemplados en la nueva legislación federal estaban, operando por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito.
