Frutos de los órganos autónomos en el mercado
La extinción del IFT, la Cofece y la CRE abre la puerta a que se generen monopolios o que se pierdan los avances logrados por estos órganos a favor del desarrollo del país y protección de los ciudadanos
Nayeli Meza OrozcoDesde la llegada de Morena al poder se empezó a ejercer presión sobre los órganos autónomos, y aunque en diversas ocasiones se ha intentado ponerles un freno, sobre todo en los sueldos, hasta la fecha esto no se logra.
La última victoria ocurrió hace unos días cuando la la Suprema Corte de Justicia dio un revés a la aplicación de la ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para los funcionarios del Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el IFT.
De ahí que se busque tener el control de tres entes clave para la competencia económica y la defensa de los usuarios. En la iniciativa del Inmecob destaca una mayor carga hacia el IFT.
A la fecha, este instituto lo dirige de manera interina el comisionado Adolfo Cuevas Teja, quien el 1 de marzo relevó en el cargo a Gabriel Contreras Saldívar.
Los sectores que regula este organismo aportaron 3.13 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) nacional durante el cuarto trimestre del 2019, de acuerdo con datos del Inegi.
Para el ejercicio fiscal en curso, al regulador se le asignaron recursos por el orden de los mil 541 millones de pesos, monto 0.3 por ciento inferior al transferido para el 2019.
Aun cuando el IFT es uno de los órganos más cuestionados por Morena, su labor le ha permitido al país recaudar alrededor de 106 mil millones de pesos solo por licitaciones de frecuencias, multas a los agentes económicos y la renovación de concesiones de espectro.
Jorge Fernando Negrete Pacheco, presidente de Digital Policy & Law Group, asegura que el IFT es el órgano más robusto en América latina, ya que no solo regula competencia, también ve por los derechos de las audiencias, medios públicos, planea el espectro radioeléctrico y la convergencia, cosa que ningún otro realiza en la región
“El instituto es de las pocas entidades que es altamente rentable no solo en términos económicos, también culturales, educativos y sociales. Es una entidad que sí tiene los argumentos necesarios para defender su autonomía técnica”, precisa el también exmiembro del Consejo Consultivo del IFT.
La noche de ayer, el instituto emitió un comunicado sobre la iniciativa de ley en el que informó que no tuvo conocimiento sobre la medida y en cumplimiento de su mandato mantendrá una actitud abierta al diálogo en beneficio de la competencia, los usuarios y las audiencias.
Respaldo poderoso a los órganos autónomos
En el caso de la Cofece y la CRE, órganos que ayudaron a establecer un piso parejo entre los jugadores del mercado y los del sector energético, los beneficios generados por el organismo dirigido por Alejandra Palacios Prieto desde 2013 hasta la fecha, a través de sus investigaciones y sanciones de prácticas anticompetitivas, suman 14 mil 500 millones de pesos.
Para este año, a la Cofece se le aprobaron en el Paquete Económico recursos por un monto de 581.23 millones de pesos, mientras que a la CRE, presidida por Leopoldo Vicente Melchi García, 252.88 millones.
Para la especialista Lucía Ojeda Cárdenas los órganos autónomos tutelan derechos humanos y al tratar de destruirlos mediante el presupuesto, lo único que se hace es debilitar el ejercicio de esos derechos.
Independientemente de que todas las instituciones tienen puntos debatibles, primero hay que preguntar cómo mejorar y no destruir lo que ya está construido porque lo que se va a construir tampoco parece que vaya a tener la fortaleza que requiere la iniciativa
Puntos de mejora
Al cierre del año pasado la Cofece concluyó 12 casos referentes a prácticas que dañan la competencia económica, aunque de esos, seis terminaron cerrándose por la falta de elementos.
Mientras que 19 continuaban en proceso de investigación por conductas anticompetitivas y seis en forma de juicio.
Por el tamaño de la economía mexicana y el número de empresas que operan en territorio nacional diversos especialistas coinciden en que se debería tener una mejor aplicación de la Ley de Competencia, como ocurre en otros países en donde se resuelven más de 50 o hasta 100 investigaciones en la materia cada año.
El especialista en telecomunicaciones Mony de Swaan Addati manifiesta que cuando no hay otra forma de ayudarle a los órganos autónomos se debe acabar con ellos para evitar su mal uso, aunque en esta ocasión Morena tiene la oportunidad de unir fuerzas incluso con la oposición para reforzar a los institutos existentes.
“La evaluación de algunos órganos autónomos es mala porque les ha faltado valentía, profundidad y velar por el consumidor de manera más decidida.
A los órganos autónomos también se les cuestiona la poca efectividad que tienen para resolver algunos temas a causa de los candados con los que fueron creados desde sus orígenes
Abrir la puerta a inversiones
Cada vez que ocurre una modificación o reforma a algún sector en México se experimenta una caída natural de las inversiones por la incertidumbre que provoca el proceso, sin embargo, la extinción de tres entidades que juegan a favor del desarrollo de la economía como el IFT, la Cofece y la CRE podría inyectar un mayor grado de nerviosismo para el cierre de este año, en especial por las secuelas que dejará la crisis sanitaria.
De tal forma que en este momento lo importante es fomentar las inversiones, ya que esto le permitirá al país levantarse más pronto. En el caso de las telecomunicaciones esta industria recibió por parte de la iniciativa privada 57 mil 800 millones de pesos solo en 2018.
Jorge Fernando Negrete Pacheco opina que se deberían desaparecer todos los transitorios que existen en la Reforma de Telecomunicaciones, ya que penalizan la inversión en áreas rurales. En la actualidad el sector privado no puede desplegar infraestructura, entonces esto bloquea la llegada de nuevos capitales.
“El IFT no es un organismo perfecto, tiene una falla que proviene del Senado, ya que antes de pensar en una fusión de autónomos se debería modificar el marco regulatorio para otorgarle más facultades regulatorias al instituto”.
