Frontera de fuego

Desaparición de civiles, ejecución de mandos policiacos, persecuciones a través de municipios rurales y muertes constantes en carreteras federales han convertido al 2023 en uno de los años más violentos en la historia reciente de Nuevo León, sobre todo en sus límites geográficos con Tamaulipas.

El fenómeno no es precisamente nuevo; Raymundo Ramos, activista y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, apunta que la violencia en el noreste del país ha estado presente en la vida de sus habitantes durante los últimos 20 años.

Las incursiones del Ejército en la región comprendida por Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, asegura, han sido tan constantes como ineficaces.

“Han ido a Tamaulipas y han fracasado; con recursos económicos y personal ilimitados han fracasado en la contención del crimen organizado, en brindarle seguridad a las familias y en generar una paz duradera”, manifestó el activista.

“Habría que verlo a profundidad y preguntarnos si es que las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad, están rebasadas o también son parte del problema, que esa sería mi opinión personal”, aventuró Ramos.

Sin capacidad para parar la violencia

En Nuevo León, los policías de municipios cercanos a Tamaulipas se han visto rebasados por el nivel de violencia que impera a las puertas de sus ciudades; tal es el caso de Villaldama y Linares, donde recientemente tuvieron que ceder el control de la seguridad pública a Fuerza Civil, cuerpo policiaco estatal, apoyada por el Ejército en sus labores.

Para Ramos, la aparente coordinación entre corporaciones evidencia la falta de una estrategia de seguridad clara, misma en la que los municipios y el propio Gobierno estatal son simples espectadores de las decisiones tomadas por mandos militares al interior de sus cuarteles, sin tomar en cuenta a otras autoridades por desconfianza e intereses políticos.

“Si no hay confianza entre instituciones y cada uno hace su trabajo por separado, el resultado es este: más violencia, más inseguridad y menos paz para las familias”.

La falta de conocimiento de las regiones a vigilar, así como el frecuente desdén mostrado por el Ejército ante las recomendaciones hechas por quienes vigilan la preservación de los Derechos Humanos, provoca que la presencia de elementos castrenses en la región pueda resultar contraproducente para la población.

“Cuando envías unas Fuerzas Armadas, llámese Ejército, Marina o Guardia Nacional, a combatir a la delincuencia, pero lo haces dándoles toda la autorización inconstitucional que puedan tener, como matar, desaparecer, violar o torturar, entonces te conviertes en parte del problema”, advirtió Ramos.

Ejército sin regulación para operar

Resuenan dos casos recientes, ambos en Nuevo Laredo, en los que dos personas fueron heridas con arma de fuego por elementos del Ejército que luego se dieron a la fuga; una de ellas, mujer de mediana edad, perdió un ojo a consecuencia de las esquirlas.

“No hay transparencia, no hay autocrítica, no hay rendición de cuentas y obviamente no hay el compromiso de salvar vidas inocentes, porque en muchos de los operativos que se realizan en el país hay víctimas inocentes, y no hay captura o abatimiento de criminal alguno que valga más que la vida de un civil inocente”, sentenció el activista.

El pasado 28 de abril, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la llegada de 800 elementos militares a la zona aledaña a Tamaulipas para combatir al crimen organizado; aseguró que el pedido fue hecho por los alcaldes de la región, ya que el reforzamiento de la seguridad en la zona incrementaría su potencial económico.

El optimismo no es compartido por Raymundo Ramos, quien no ve un problema en la cantidad de efectivos, sino en cómo regularlos.

“Estos envíos son meros anuncios publicitarios, porque anuncian cuándo van a llegar, pero nunca cuándo se van; habría que preguntarle al gobernador en qué lapso pudiéramos evaluar el resultado de la presencia. ¿En un mes? ¿En tres? ¿En seis? ¿La rendición de cuentas va a ser pública o privada? Pueden venir 10 mil soldados, pero… ¿quién los va a evaluar?”.