El proceso de despresurización de los penales en Nuevo León, que comenzó la actual administración estatal en coordinación con el Gobierno federal, fue suspendido este año elevando el riesgo de que se presentaran motines como el ocurrido la semana pasada en el Cereso de Cadereyta, que provocó la muerte de 17 internos.
Además de los problemas de autogobierno, sobrepoblación y déficit de custodios que existen en los reclusorios estatales, la decisión de suspender los traslados de reos federales considerados peligrosos detonó esta nueva tragedia carcelaria en Nuevo León bajo el gobierno de Jaime Rodríguez.
Fuentes federales consultadas por este periódico aseguran que las gestiones del Estado con la Secretaría de Gobernación para la reubicación de internos de mediana y alta peligrosidad, vinculados al crimen organizado, se interrumpieron en mayo cuando tomó protesta el general Arturo González como nuevo secretario de Seguridad estatal, en sustitución del general Cuauhtémoc Antúnez.
En las tres cárceles estatales, Topo Chico, pero principalmente en Apodaca y Cadereyta, existen cerca de 700 internos considerados de mediana y alta peligrosidad.
De esa cantidad casi 160 son internos que están siendo procesados por delitos federales, como narcotráfico y delitos contra la salud.
A menor población
En diciembre del 2015, el Gobierno de NL pactó con instancias federales combatir la sobrepoblación en sus penales:
Cadereyta
300
Apodaca
400
Topo Chico
2,900
Acuerdan despresurización
El acuerdo para el traslado de reos peligrosos se tomó en diciembre del 2015 entre el gobernador Jaime Rodríguez y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales.
“Vamos a empezar a trabajar en la coordinación completa para trabajar en la despresurización de los penales del Estado, tenemos una sobrepoblación, vine a plantearle eso”, explicó en ese entonces Rodríguez tras su encuentro con el Comisionado Nacional de Seguridad.
A raíz de la masacre en el Penal del Topo Chico, donde murieron 49 internos en el 2016, la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada entonces por el general Cuauhtémoc Antúnez, inició un proceso de despresurización penitenciaria.
En abril pasado, cuando Antúnez renunció a la dependencia estatal por diferencias con Manuel González, secretario general de Gobierno, en el Penal del Topo Chico se había conseguido terminar con la sobrepoblación y prácticamente no había reos considerados peligrosos.
Se redujo el número de reos en el Topo Chico de 4 mil 300 que existían durante la gestión pasada a 2 mil 900 en abril de este año.
Déficit de custodios
Sin embargo, la estrategia ya no se pudo completar en los penales de Cadereyta y Apodaca, donde además del problema de la sobrepoblación y autogobierno existe un grave déficit de custodios.
En el Penal de Cadereyta, donde la semana pasada se registró un motín que provocó la muerte de 17 reos, entre los 2 mil recluidos hay 300 considerados de mediana y alta peligrosidad, según información del Órgano Desconcentrado del Sistema Penitenciario Federal.
En el Cereso de Apodaca la situación es más crítica: se contabilizan alrededor de 400 internos que están siendo procesados o han sido sentenciados por delitos relacionados con tráfico de drogas.
En Nuevo León no sólo se frenaron los traslados a cárceles federales desde que llegó el nuevo mando de Seguridad y cuando el secretario general de Gobierno tomó el control de la Agencia Penitenciaria del Estado, designando a los nuevos responsables de los penales.
Desde hace 3 meses, ante la incapacidad de reubicarlos a otras cárceles del país, las autoridades estatales comenzaron a cambiar de penales a reos federales recluidos en Cadereyta y Apodaca, sin advertir el riesgo por la confrontación que existe entre los cárteles de la droga.
Las consecuencias de esta medida se vieron la semana pasada con una nueva matanza de reos en Nuevo León.
