La labor de la Fiscalía General de la República (antes PGR) para investigar las denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionadas con delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal, corrupción y narcotráfico, entre otros, no rindió resultados en los últimos cinco años.
Datos obtenidos por Reporte Índigo vía Ley de Transparencia revelan que de 436 denuncias que la UIF interpuso entre 2015 y 2019, la FGR solo obtuvo una sentencia.
La información contenida en el folio 0001700237520 de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) fue respondida por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF), instancias a las que la FGR turnó la petición sobre el número de denuncias y el congelamiento o aseguramiento de recursos.
De acuerdo con la UEAF, el único aseguramiento de activos se concretó en el 2019 por un total de 159 mil 874 dólares; es decir, 3 millones 6 mil pesos
La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto Castillo desde el 1 de diciembre de 2018, rompió el récord en denuncias tramitadas ante la Fiscalía General de la República.
El brazo anticorrupción de la cuarta transformación tramitó 164 acusaciones durante 2019, cifra sin precedentes desde el 2004, año en que fue creada.
Pese a este avance, las investigaciones emprendidas por la UIF aún no tienen los efectos esperados.
De acuerdo con información obtenida vía transparencia, el monto asociado con las denuncias que interpuso la UIF ante la FGR fue de 319 mil 356 millones de pesos en 2019.
En contraste, a finales de diciembre pasado, Nieto Castillo informó que las denuncias de la unidad que encabeza generaron el congelamiento de solo 5 mil 24 millones de pesos.
Es decir, que de cada 100 pesos relacionados con las acusaciones elaboradas por la UIF, solo se logró el congelamiento de 1.6 pesos.
La Unidad de Inteligencia Financiera agregó que en el periodo del 1 al 22 de enero del 2020 presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General por un monto asociado de 386 millones 379 mil pesos.
Esto denota que la comunicación y coordinación entre la UIF y la FGR son deficientes, situación que no ayuda a agilizar las denuncias por corrupción o evasión fiscal, opina Luis Manuel Pérez de Acha, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo.
El abogado, quien aspiró a ser Fiscal General de la República, agrega que el trabajo desempeñado por la Unidad de Inteligencia es destacado debido a que era un terreno en el olvido.
“Ante los ojos del presidente López Obrador quien está operando y dándole resultados se llama Unidad de Inteligencia Financiera. Todo esto ha motivado que el principal combate a las empresas fantasma, a las empresas de outsourcing ilegal, los principales casos de corrupción, o casos como el fraude que se operó en el Infonavit con esta empresa de Telra Realty fue Santiago Nieto y de eso hablan las 164 denuncias presentadas”, menciona.
Una de las tareas de la UIF es identificar las acciones que favorecen las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cuando sospecha de algún sujeto, elabora las denuncias con base en sus hallazgos y las presenta ante la FGR.
La Fiscalía General tiene la atribución de congelar recursos, pero para ello requiere la autorización de un juez, este trámite judicial previo al bloqueo de activos quedó asentado en una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo del 2018.
Alejandro Gertz Manero fue designado como titular de la FGR en enero de 2019 y ahora tiene la responsabilidad de acabar con el rezago heredado de miles de expedientes archivados sin resolver que dejó la PGR y consumar el proceso de transición.
La UIF asegura que el monto asociado a las 164 denuncias presentadas ante la FGR en el 2019 superó los 300 mil mdp, de los cuales solo se congelaron 5 mil 24 mdp
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Gertz y Nieto en conflicto
Varios son los episodios que demuestran las diferencias entre el fiscal general y el titular de la UIF, un encono que se reafirma con declaraciones lanzadas entre ambos.
Alejandro Gertz Manero hizo pública su molestia sobre la manera en la que Nieto Castillo publicita los casos que investiga la UIF, situación que se hizo evidente el 9 de enero durante la reunión que mantuvo el fiscal con embajadores y cónsules.
“La Fiscalía como órgano autónomo ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia y qué bueno que usted lo señala, porque hay unidades -no de la Fiscalía sino del gobierno- que no respetan esa presunción”, expresó.
Un día después, durante su conferencia matutina, López Obrador respaldó a Santiago Nieto y aseguró que “no hace nada sin consultar con el presidente”. También enfatizó en que buscaría una relación sana entre ambas instituciones.
Al ser cuestionado sobre la declaración de Gertz, el titular de la UIF negó que la unidad que encabeza vulnere el debido proceso y destacó que entre ambos organismos ha existido cooperación.
La última tensión entre ambos personajes ocurrió el viernes pasado cuando Santiago Nieto se pronunció sobre la publicación de The Wall Street Journal, que dio a conocer una supuesta investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por parte de la Fiscalía mexicana, sin revelar la identidad de la fuente. El medio estadounidense atribuyó la información a un alto funcionario de la política.
El titular de la UIF se refirió a ese hecho como un dicho de Gertz Manero.
“Nosotros seguimos trabajando, digamos, es una expresión que más bien tuvo el fiscal y yo respeto mucho al fiscal”, declaró Nieto.
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Rezago heredado
En su primer Informe Anual de Actividades presentado hace unas semanas al Congreso de la Unión, la Fiscalía General de la República dejó en claro los desafíos a los que se enfrenta.
Uno de ellos es el rezago de 300 mil expedientes que dejó inconclusos su antecesora, la Procuraduría General de la República. Además de las 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y 28 mil mandamientos ministeriales
Ante este universo de pendientes, la FGR informó que al 31 de diciembre de 2019 logró depurar 97 mil 723 asuntos de los 300 mil.
Otro de los escollos mencionado por la Fiscalía es el reto financiero para sus labores y seguir trabajando en el plan de transición con el que debe de cumplir.
En torno al presupuesto asignado, la FGR muestra que mientras en el 2018 la institución ejerció un monto de 16 mil 838 millones de pesos, para el 2019 tuvo programado un gasto de 15 mil 351 millones de pesos. Es decir, mil 487 millones de pesos menos
Para este año, la Fiscalía General contará con 16 mil 702 millones de pesos para sus actividades. Aunque este monto significa un incremento del 8.8 por ciento con respecto al 2019, el órgano tenía contemplado un gasto de 18 mil 202 millones de pesos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; sin embargo, para el programa final le fueron recortados mil 500 millones.
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Coordinación UIF-FGR necesaria
Ante el complejo panorama que plantea la FGR, Yubani Ramírez, Coordinadora de la Comisión de Derecho Tributario del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, explica que no puede compararse la labor que realizan la UIF y la Fiscalía. Señala también la necesidad de que exista un acompañamiento más profundo para que haya mejores resultados en el combate a la corrupción.
El peso de la carga que lleva la UIF como un ente administrativo es totalmente diferente al de una Fiscalía General, que tiene en su espalda una delimitación de actividades mucho mayores y de mayor responsabilidad. No denosto ninguna de las instituciones, pero en esa ‘lead’ no podríamos nunca llevar la misma velocidad. Quizá si se coordinaran, si trabajaran de la mano esto sería mucho mejor y tendría mejores resultados
Para Luis Manuel Pérez de Acha los resultados del seguimiento que le dé la FGR a los casos que denuncie la UIF llevará tiempo, precisamente por el rezago que debe depurar.
“Es una institución que se está rescatando de las ruinas radiactivas que quedaron de la deconstrucción que se hizo de la PGR durante 30 o 40 años, debemos de tener mucha paciencia institucional y confiar en la experiencia del fiscal general”, asevera el experto.
UIF, El ojo de la 4T
La Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha sido una de las más activas en la esfera pública desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a la Presidencia.
En estos primeros 14 meses de la llamada cuarta transformación, Santiago Nieto se encargó de señalar a personajes de administraciones federales pasadas vinculados con actos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y corrupción.
Con la premisa de combatir la corrupción, la UIF es el ente que más ha estado presente en la esfera pública del actual gobierno, ya que Santiago Nieto declara nombres y apellidos de las investigaciones que elabora su unidad y que vinculan a exfuncionarios de alto nivel
Uno de los casos más emblemáticos es el de Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexicanos durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, detenido el pasado 12 de febrero en Málaga, España, acusado de lavado de dinero, corrupción y malversación de fondos.
Contra Lozoya Austin, la UIF interpuso cuatro denuncias imputándolo de haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht y por defraudación fiscal. Nieto Castillo informó recientemente que cuenta con otros dos expedientes más que involucran al exfuncionario que no han sido judicializados.
Como parte del caso Lozoya, la Unidad de Inteligencia Financiera también investiga a su esposa (Marielle Eckes), a su mamá (Gilda Margarita Austin) y a su hermana (Gilda Susana Lozoya Austin), por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Las denuncias promovidas por la UIF derivaron en el congelamiento de cuentas y bienes a Emilio Lozoya y sus familiares. Aunque el jueves de la semana pasada, el juez cuarto de distrito con sede en Guerrero concedió un amparo al exdirector de Pemex para levantar el aseguramiento de un inmueble ubicado en la zona turística de Ixtapa Zihuatanejo.
La casa, hoy en poder de Emilio Lozoya, fue vinculada a los supuestos sobornos que recibió de Odebrecht a cambio de la entrega de contratos.
El caso construido por la UIF en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, derivó en el congelamiento de recursos y el aseguramiento de bienes para el exfuncionario y sus familiares
Con respecto a los casos de exservidores públicos peñistas, la UIF también indaga a Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes; y presentó denuncias contra Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -hoy en prisión preventiva por ejercicio indebido del servicio público-.
En el ámbito judicial, las indagatorias de la Unidad de Inteligencia fueron vinculadas a la renuncia de Eduardo Medina Mora como Ministro de la SCJN el 3 de octubre pasado. Tras dejar el cargo, la UIF confirmó que había solicitado el bloqueo de sus cuentas bancarias por haber detectado operaciones irregulares en ellas.
Unos días después, el 17 de octubre, Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), renunció a su puesto luego de que se diera a conocer que la UIF presentó denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en su contra.
A inicios del 2020, se informó que la Unidad a cargo de Santiago Nieto trabaja con autoridades estadounidenses para rastrear los recursos del exsecretario general del STPRM.