Un fantasma recorre los congresos estatales, es el temor de los partidos políticos para permitir las candidaturas independientes que los puedan desplazar de los erarios y presupuestos de campañas. Por eso ha nacido la iniciativa en casi todos los estados del país para crear la llamada Ley Anti Bronco, la que estaría dirigida a evitar candidaturas independientes en lo local.
El veto a la participación ciudadana, sin tener que contar con el aval de los partidos políticos para aspirar a cargos de elección popular, se manifiestas como un ley en al menos seis estados, y en otros siete se mantiene como iniciativa o proyecto de ley, que podría ser sometido a los plenos locales en los próximos días.
Los estados que ya tienen Ley Anti Bronco son Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Tamaulipas y Puebla, en tanto que en los estados de Tabasco, Michoacán, Yucatán y Guanajuato, existen anteproyectos de reforma a la ley electoral local, para establecer y arreciar los candados que eviten la participación ciudadana en los próximos comicios locales.
El candado más socorrido, al que han acudido con mayor insistencia los diputados del PAN, PRI y PRD, es el porcentaje de firmas que los aspirantes deben presentar ante los órganos electorales locales para que se les haga valida su candidatura.
En la mayoría de los casos se exige el 3 por ciento, el mismo porcentaje que deben lograr los partidos políticos para mantener su registro. Solo que los partidos políticos cuentan con dinero oficial para poder promocionarse, dijo Rubén Torres, del colectivo opositor a la ley anti bronco en Chihuahua.
El primer congreso local en alzar la mano para evitar candidaturas como la de Jaime Rodríguez, El Bronco fue el del estado de Chihuahua, donde los legisladores del PRI, PRD, PVEM y PT se unieron para cerrar el paso a la posibilidad de candidaturas ciudadanas.
El caso más reciente fue la aprobación de la ley anti bronco en el estado de Puebla, en donde activistas sociales de peso como Misra Herfer y Alberto Merlo Martínez anunciaron acciones civiles, entre ellas la protesta ciudadana permanente, la presentación de amparos y el reclamo de inconstitucionalidad de dicha ley, al considerar que el propio estado ha comenzado a vulnerar las garantías individuales de los poblanos.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han recibido ya al menos cuatro recursos de inconstitucionalidad, promovidos por el Partido Movimiento Ciudadano contra las leyes aprobadas en los estados de Veracruz y Chihuahua, en tanto que dos colectivos ciudadanos han pedido a la Suprema Corte de Justicia que revoque la ley anti bronco en los estados de Baja California y Tamaulipas.
En el estado de Sinaloa, la aprobación de la ley que cierra el paso a las candidaturas independientes pasó prácticamente sin ninguna oposición ciudadana. Allí todos los partidos políticos aceptaron la disposición de la mayoría priistas para incrementar los obstáculos y frenar las intenciones particulares de ser gobierno.
Cuestión de peso
Para el activista chihuahuense Rubén Torres Gómez, la ley Anti Bronco que se ha comenzado a extender por todos los congresos estatales, no obedece a otra cosa que a una razón de dinero. Desde su óptica, son las prerrogativas económicas que no quieren perder lo que ha empujado a los partidos políticos a frenar el paso de las candidaturas ciudadanas.
“Hemos llegado al punto en que más claro no puede ser el divorcio entre partidos políticos y ciudadanía ¿O cómo se puede entender que sean los propios partidos los que estén cerrando los espacios a la población para su participación política de manera independiente? La única respuesta se finca en el dinero que manejan y que no quieren perder”.
Recordó que el presupuesto otorgado para los partidos políticos para este año es de 5 mil 336 millones de pesos, donde el PRI gastará mil 736 millones de pesos, el PAN mil 158 millones de pesos, en tanto que el PRD gastará poco más de 886 millones de pesos. Un candidato ciudadano, proporcionalmente, dijo, gasta menos del 2 por ciento de los recursos que se le otorgarían a un partido político.
Además -agregó el activista- hay que recordar que el 90 por ciento de las prerrogativas que reciben los partidos políticos, por lo menos el 87 por ciento de ellas se destinan al pago de salarios y tren de vida de los dirigentes partidistas a nivel nacional, estatal y municipal. Menos del 10 por ciento de los recursos son aplicados a gastos de campaña o promoción de propuestas políticas. El otro 3 por ciento se destina al pago de servicios e instalaciones para la operatividad de los partidos.
En Chihuahua, Sinaloa y Veracruz, donde la mayoría de diputados locales priistas frenó la participación ciudadana a través de la instalación de candados más férreos para las candidaturas independientes, es precisamente donde el PRI es el partido que mayores prerrogativas mantiene. Al igual que en Puebla es el PAN, cuya mayoría en el congreso determinó ser más estrictos para permitir candidatos independientes.
Ley con dedicatoria
En Veracruz, la ley Anti Bronco que promovió la mayoría priista a instancia del gobernador Javier Duarte, tiene dedicatoria. Se busca cerrar el paso –y las posibilidades- a la candidatura ciudadana de Gerardo Buganza, el ex panista que se desempeñó como secretario de Gobierno del estado de Veracruz. Las posibilidades de que Buganza sea candidato por el PRI o PAN al gobierno estatal, son mínimas, por eso se teje la posibilidad de su candidatura independiente.
En Puebla, el temor de la cúpula panista es el mismo. Se busca frenar la posibilidad de candidaturas ciudadanas que puedan rebasar a los partidos políticos. La ley anti bronco que recién se aprobó desde el congreso de estado va dedicada para Alberto Merlo Martínez, uno de los candidatos independientes más notables de la pasada elección, quien no quita el dedo del renglón de llegar sin partidos a la alcaldía de Puebla.
En el estado de Michoacán, la próxima legislatura estatal de mayoría priista, encabezada por la diputada Adriana Hernández Iñiguez, del grupo de ex gobernador interino Jesús Reyna García, procesado por nexos con La Tuta, ya prepara una ley que frene las aspiraciones de candidaturas ciudadanas futuras de los líderes de los grupos de autodefensa.
La iniciativa de ley que se prepara por parte de la bancada del PRI, para ser votada en la próxima legislatura local, va dedicada a los distintos jefes de los grupos de autodefensas, principalmente al doctor José Manuel Mireles Valverde, quien desde prisión no deja de insistir en la posibilidad de una carrera política, apenas supere el proceso penal que lo mantiene en reclusión por delitos federales.
El temor priista de una rebelión ciudadana se materializa en Sinaloa. Allí el congreso local decidió lanzarse con todo para evitar que cualquiera de los candidatos independientes, que participaron en la elección federal pasada, pueda aspirar a cargos locales con mayor fuerza política. La ley tiene dedicatoria especial, va contra Manuel Clouthier Carrillo, uno de los aspirantes ciudadanos más carismáticos.