Frenan la ampliación de sistema penitenciario

El Gobierno del Estado analiza traspasar a la Federación la construcción del nuevo Penal de Mina, actualmente detenido por la falta de recursos federales.

El plan de la administración estatal que encabeza el gobernador Rodrigo Medina es conseguir que el gobierno federal se haga cargo de este proyecto que tiene un costo superior a los 3 mil millones de pesos.

La idea es que el Centro de Reinserción Social –que originalmente se planeó como un reclusorio estatal- sea concluido por la Federación para que forme parte del sistema federal penitenciario como un Cefereso.

El Estado inició este año negociaciones con la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, para que adopte esta obra y canalice recursos federales el próximo año.

Fue en el 2008 que este proyecto fue anunciado por Aldo Fasci, entonces secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, pero durante cinco años las autoridades no han podido avanzar en su construcción.

El terreno donde se construye este penal fue comprado por el Gobierno del Estado.

El proyecto de construcción de un centro de reinserción social en el municipio de Mina contó en el 2011 con una partida presupuestal de 100 millones de pesos y de un apoyo de 330 millones de pesos en el de 2012.

En el 2013 este proyecto penitenciario no obtuvo recursos federales.

Al igual que el año pasado, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2014, que envió el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados, no contempla recursos etiquetados para la principal obra de infraestructura en materia de seguridad de Nuevo León.

El 14 de julio de 2011, las autoridades del gobierno del Estado iniciaron los trabajos de construcción de este nuevo centro penitenciario con el que se pretendía jubilar al Topo Chico, que tiene más de 40 años.

En el evento de arranque estuvo presente el gobernador Rodrigo Medina y el representante del entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

Los trabajos iniciales fueron asignados de manera directa por el Estado a la Constructora Garza Ponce, que está operando a nivel nacional la construcción de penales construidos bajo esquemas público-privados.

En su primera etapa los trabajos consistieron principalmente en la habilitación del acceso principal, limpieza del terreno y el levantamiento de la barda de seguridad.

Estos trabajos fueron concluidos este año por la compañía, sin embargo la Secretaría de Obras Públicas del Estado no ha podido continuar con las licitaciones por la falta de una asignación presupuestal para esta obra.

La única opción que tiene Nuevo León para conseguir recursos para esta obra, es el Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad en los Estados, que implica la contratación de un crédito con Banobras.

El Penal del Topo Chico –como ya lo documentó Reporte Indigo- presenta problemas de hacinamiento  y de gobernabilidad porque su capacidad está rebasada principalmente por la cantidad de reos federales que están recluidos en este centro.

La capacidad de este reclusorio es para 2 mil 600 reos, pero actualmente hay más de 5 mil internos.

Nuevo León está sumergido en una crisis penitenciaria que se agudizó hace dos años, luego de la tragedia del Cereso de Apodaca, donde 44 reos fueron masacrados presuntamente por integrantes del Cártel de Los Zetas.