A más de dos meses de que Reporte Indigo denunciara la construcción del colosal proyecto Dragon Mart en Cancún, Quintana Roo, por el impacto ambiental que causará y la afectación económica a las empresas mexicanas, la Cámara de Diputados se puso las pilas.
Legisladores de varias fracciones parlamentarias presentaron un punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar al gobierno municipal de Cancún, a que niegue la emisión de la licencia de construcción porque incumple con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (Poel) del municipio de Benito Juárez.
Graciela Saldaña Freire, diputada perredista, explicó que el punto de acuerdo incluye también un exhorto a la Secretaría de Economía para que investigue los impactos económicos y sus posibles violaciones a la Ley de Comercio Exterior y Ley de Inversión Extranjera.
También convoca al gobierno de Quintana Roo a promover un juicio de lesividad para revertir “las irregularidades” de la autorización en materia de impacto ambiental que emitió el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental estatal el 6 de septiembre pasado a favor de dicho proyecto.
Existen elementos para pensar que el proyecto promovido por la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún, incurriría en prácticas de dumping, asegura la legisladora.
El presidente del Fideicomiso de Promoción Turística de Puerto Morelos, Ernesto Muñoz, reconoció que hay rechazo de la comunidad a este proyecto vinculado directamente con el gobierno de China.
Gigante en construcción
El Dragon Mart Cancún es un centro de exhibición y venta de productos, un centro de negocios que en 122 mil metros cuadrados techados contará con 3 mil 40 locales comerciales.
Además, contará con 40 metros cuadrados de bodegas tipo AAA y un área de vivienda unifamiliar de 722 casas para los ejecutivos y empleados que arrenden los locales, aunque se eliminó el hotel que contemplaban en el complejo.
Aunque el representante legal del proyecto, Juan Carlos López, ha negado que el gobierno chino se encuentre detrás del proyecto, reconoció que el 45 por ciento de las acciones del Dragon Mart Cancún es propiedad del empresario yucateco Carlos Castillo Medrano.
También participan como propietarios de las acciones Grupo Monterrey, integrado por Luis Felipe Salas Benavides, José Luis Salas Cacho y Miguel Pedraza Villarreal.
La empresa Chinamex -propiedad de un ciudadano de origen chino y registrada en Holanda- tiene el 10 por ciento de las acciones restantes, de acuerdo con las declaraciones de López.
En el verano de 2012, empresarios mexicanos y el director general adjunto de China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), Han Meiqing, confirmaba el interés de los chinos por participar en áreas de agroindustria, sector inmobiliario y comercio al menudeo y mayoreo, en Quintana Roo.
La CCPIT fue creada en 1952 y agrupa a las empresas y organizaciones más importantes de los diferentes sectores comerciales de China.
Este modelo comercial fue traido a Cancún por Omar Giacoman Alborta, José Córdova Montoya y el operador del entonces gobernador de la entidad y hoy senador, Félix González Canto, junto con sus socios Cristóbal de Casas y Alexis Rodas.
En declaraciones a Reporte Indigo, Juan Carlos López Rodríguez, apoderado de Real Estate Dragon Mart Cancún, confirmó que ya tiene la solicitud para el permiso de construcción, misma que iniciará en enero de 2013 para hacer la apertura oficial en abril de 2014.
Francisco Funtanet Mange, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamín), advirtió que la enorme instalación del centro incrementaría el riesgo de prácticas desleales de comercio.
“Resulta inaceptable el apoyo para fomentar proyectos que atentan contra el comercio, servicios e industria nacional, así como el riesgo de inversiones inestables, con capitales golondrinos que pueden afectar el comportamiento y la estabilidad económica del país”, dijo el dirigente.
El complejo incluye la instalación de restaurantes, tiendas de regalos, cafeterías, tiendas de conveniencia bancos y oficinas.
La superficie total que demanda Dragon Mart es de 126 mil 639 metros cuadrados, en un terreno de 561.37 hectáreas denominado “El Tucán”, con vegetación no forestal.
Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló que la dependencia a su cargo ha recibido críticas y está consciente que hay una preocupación en las cúpulas empresariales mexicanas, por lo que se propondrá una discusión del proyecto a nivel federal.
“Vamos a proponer, en el contexto del análisis, la revisión de los permisos federales que van implícitos en este proyecto, que se analicen su estructura, su objeto y sus consecuencias para poderlo consultar con los presidentes de los organismos empresariales y analizar cuál es su efecto real y su implicación”, indicó.