La plataforma de inversiones conocida como Billions Trade Club está bajo la mira de autoridades mexicanas como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), por el presunto fraude a cerca de 50 mil personas en nuestro país.
Desde hace casi dos meses, la plataforma de criptoarbitraje (estrategia de inversión que aprovecha la discrepancia de precios en plataformas de criptomonedas) con sede en Guadalajara, Jalisco, ha sido motivo de polémica, y se le señaló de operar con un esquema Ponzi, es decir, una variante de las estafas piramidales en la que los primeros inversores reciben supuestas ganancias; no obstante, solo se trata de los recursos invertidos por clientes posteriores.
Todo inició cuando el pasado 18 de junio la Condusef emitió una alerta para informar que Billions Trade Club y la empresa Quantum Leap Company LLC ―a la que según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pertenece el registro de la primera― no aparecen en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, por lo que, señaló el organismo, “no tiene tal carácter de entidad financiera autorizada para ofrecer inversiones o servicios financieros”.
En este sentido, la Condusef recalcó que las inversiones hechas en mercados internacionales en cualquier activo, incluso en cuanto a bitcoin o activos virtuales “son volátiles y de alto riesgo”, lo que podría derivar en una pérdida total del capital invertido.
La situación se tornó más compleja para los inversores de la plataforma desde el 5 de julio pasado, fecha en la que Billions Trade Club dejó de reportar pagos a sus usuarios, lo que tensó más la situación y empezó a darle fuerza a las versiones sobre el fraude.
Ante esto, el director ejecutivo de la plataforma Jorge Rodriguez, y otras cabezas de Billions como Iván Vélez, Shakib Hamden y Daniel Ortiz salieron a hablar en diversas sesiones virtuales transmitidas por Zoom, en las que cayeron en una serie de contradicciones con lo averiguado hasta el momento.
Primero, aseguraron no tener vínculo con Quantum Leap Company LLC, lo que se contradice con los registros del IMPI, que acreditan que la marca Billions pertenece a ésta empresa.
Por otra parte, señalaron enfrentar “ desafíos recientes” en las últimas semanas, por lo que anunciaron el Plan de Reintegración de Profit, estrategia con la que, indicaron, “garantizar la seguridad y confianza de sus miembros”.
A pesar de que los directivos de Billions Trade Club aseguran que pagarán las inversiones de sus miembros, éstos han sido vinculados con otras plataformas de inversiones señaladas como fraude, como Smart Plus.
El 25 de julio el tema de Billions Trade Club llegó al Senado de la República a través del legislador por el estado de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, quien solicitó a autoridades financieras y de procuración de justicia, su intervención, pues indicó que más de 13 mil sinaloenses de municipios como Los Mochis, Guasave y Culiacán han sido víctimas de la estafa piramidal.
Zamora Gastélum advirtió en la Comisión Permanente que no existe una legislación en México que regule a este tipo de empresas, por lo que adelantó que en los próximos días presentará un instrumento para atender esta problemática.
Cabe señalar que, si bien Quantum no es un empresa mexicana, sí puede tener consecuencias legales por operar en México sin autorización, así como por los daños que ha ocasionado en territorio nacional a Mexicanos; asimismo, las consecuencias legales podrían alcanzar a las personas que promocionaron a Billions en México sin que la empresa tuviera licencia.
Billions Trade Club, al captar dinero del público sin la debida autorización y supervisión de la CNBV, no solo podría estaría llevando a cabo su operación de forma ilegal, sino que también pone en riesgo el patrimonio de cientos de inversionistas en México.
Esta situación subraya la importancia de que las inversiones se realicen únicamente a través de entidades debidamente reguladas y supervisadas por la CNBV, garantizando así la protección y seguridad de los fondos de los inversionistas. La empresa enfrenta graves implicaciones legales y es probable que enfrente sanciones y demandas masivas por parte de los inversionistas afectados, lo que también enfatiza la relevancia de transparencia y regulación en el sector financiero.