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México se prepara en el 2016 para enfrentar una de las peores crisis en el sector público provocada por la caída de los ingresos petroleros y la baja en la producción de crudo.
El 2016 no pinta para ser un buen año.
No lo será para los estados y municipios que tendrán que sobrevivir con esta nueva realidad: la disminución drástica de los fondos y bolsas federales previstas en el proyecto de presupuesto federal que está por enviar la SHCP al Congreso.
Y el año tampoco será bueno para los miles de burócratas que serán despedidos de sus trabajos por los recortes de miles de millones de pesos que se avizoran para el 2016.
Las circunstancias económicas adversas que enfrenta el país, que van desde la caída dramática en los precios del petróleo hasta el altísimo precio del dólar, traerán para el próximo año mucho menos recursos para todas las dependencias de gobierno.
Se prevé que para el próximo año el boquete fiscal supere los 250 mil millones de pesos, lo que representa un 6 por ciento sobre el Presupuesto de Egresos de este año.
Esto representa, por ejemplo, 104 veces el presupuesto de la Presidencia de la República, más de tres veces los recursos totales de la Secretaría de Gobernación o dos veces los de la Secretaría de Desarrollo Social.
Además, las administraciones estatales y municipales también recibirán menos recursos, por lo que la crisis en la burocracia tocará no solo al gobierno federal.
En el 2015, el gobierno federal logró salvar la situación debido a la contratación de coberturas petroleras que permitieron asegurar un precio alto en buena cantidad de los barriles de crudo.
Aunque ya se busca contratar nuevamente coberturas petroleras, para el próximo año el precio será mucho menor al de este ejercicio.
A pesar de que se ha dicho que el del 2016 será un Presupuesto de Base Cero (PBC), en el que se evaluarían resultados antes de asignarle recursos a cada programa, el tiempo no dio para revisar a profundidad cada uno de los casi mil programas de gobierno.
Será hasta el 2017 cuando el PBC pueda comenzar a concretarse, si se sigue en la ruta de la modificación del presupuesto.
Aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha dicho que el recorte presupuestal para el año 2016 será mínimo comparado con el resto de los recursos que se tendrán disponibles, lo cierto es que se trata de recursos por miles de millones de pesos que se traducirán en menos ingresos para la estructura gubernamental.
El próximo 8 de septiembre, a más tardar, la SHCP debe entregar el Paquete Económico del próximo año.
En él, se incluirá la propuesta de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2016.
Y aunque ahí no se hablará salvo de algunas medidas generales de austeridad, cada una de las dependencias gubernamentales deberá idear un esquema de gasto que permita afrontar la baja en sus ingresos.
En algunas secretarías ya se comenzó a trabajar en una nueva reestructura para gastar menos dinero en el pago de servicios personales.
La crisis en la estructura de gobierno causará un efecto dominó en otras áreas de la economía: al haber menos ingresos en una parte de la población, el consumo interno saldrá lastimado y esto provocará una desaceleración económica.
La baja en los ingresos
Este año se conjuntaron en el país varios factores que podrían poner en una encrucijada a la administración pública de todos los niveles.
Por un lado, la caída en los ingresos petroleros será drástica.
En los primeros seis meses de este año, los ingresos por el petróleo cayeron en un 38.3 por ciento respecto al mismo periodo del 2014.
Esto se debió, según explicaciones de la SHCP, a la caída en los precios del petróleo y a la baja en la producción del crudo mexicano.
Sin embargo, en esa caída todavía no se ven reflejados la compensación que tendrá el país por el cobro de las coberturas petroleras contratadas para este año.
En 2014, el gobierno mexicano compró coberturas por un monto de 773 millones de dólares –unos 10 mil 467 millones de pesos al tipo de cambio de entonces-, que cubrieron 228 millones de barriles a un precio de 79 dólares.
Para el próximo año, el gobierno federal busca adquirir coberturas petroleras para garantizar un precio de entre 49 y 50 dólares por barril.
Aunque sería una garantía –de lograrlo-, la caída en los ingresos petroleros sería importante.
La SHCP estima que el desplome en los ingresos petroleros será de alrededor del 23 por ciento para el próximo año, pues aunque disminuya el precio del barril de crudo, el aumento en el precio del dólar –moneda en que se tasa su precio- beneficiará al país en ese rubro.
Para este año, el ingreso estimado por la venta de crudo se fijó en 1 billón 195 mil 806 millones de pesos.
Con una reducción como la planteada por la SHCP, se estima que los ingresos por la venta de crudo ascenderán a 950 mil 310 millones de pesos.
Sin embargo, expertos señalan que esta disminución podría llegar entre el 25 y el 30 por ciento de los ingresos, y tener una entrada de alrededor de 800 mil millones de pesos, por la venta de crudo.
Aunque los ingresos petroleros representan apenas una tercera parte del presupuesto total, el boquete fiscal por la caída del precio del crudo podría superar los 250 mil millones de pesos, tomando como base la previsión conservadora de la Secretaría de Hacienda.
Esto implicaría que dependencias del gobierno y gobiernos estatales reciban menos dinero el próximo año.
A esta situación se suma la apreciación del dólar, que ya superó la barrera de los 17 pesos, al tipo de cambio actual.
Aunque el gobierno federal ha minimizado la situación diciendo que no habrá tanta afectación a la economía, lo cierto es que un boquete de 250 mil millones pondrá en aprietos a toda la administración pública en su conjunto.
Burocracia será golpeada
De no poder realizarse un ejercicio efectivo de Presupuesto Base Cero para el próximo año y ante la baja en la percepción de recursos económicos, una de las situaciones que podría experimentarse a partir del 2016 sería el recorte de personal de las dependencias federales y en los gobiernos estatales y municipales.
En promedio, las dependencias federales destinan el 80 por ciento de sus presupuestos al gasto corriente.
Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestal (CIEP), consideró que uno de los puntos que se afectaría serían las contrataciones por honorarios.
“Probablemente empiecen con las plazas por honorarios. Mucho del trabajo del gobierno, donde hay capacidad de recortes, tiene que ver con gente que, incluso, no trabaja por honorarios, sino por proyectos.
“Si se baja el gasto de las dependencias, en automático baja el gasto en proyectos y sí hay una menor demanda de mano de obra”, expuso Villarreal en entrevista.
Consideró que quizá este año el fenómeno no sea tan visible, como sí lo será en el 2017.
Sin embargo, el mayor impacto en este escenario no estará en la Administración Pública Federal, sino en los gobiernos estatales y municipales, que deberán revisar su plantilla laboral como un primer paso de recortar gastos.
“Si uno ve lo que está ocurriendo en estados como Nuevo León o Sonora, en Veracruz, lo primero que van a tener que hacer es un recorte en nómina. Y hay otros estados que los van a tener que seguir.
“Y ahí sí va a ser mucho, mucho más radicales, porque este tipo de nómina de los estados creció enormemente durante estos años que caían carretillas de dinero”, acusó Villarreal.
Para el 2017, destacó, será urgente que las finanzas públicas de los estados y municipios se pongan en orden y mejoren su capacidad recaudatoria para evitar caer en el colapso financiero cuando se desplomen las aportaciones federales.
Presupuesto Base Cero, ¿es real?
Aunque en los dichos se ha repetido sobre la importancia del siguiente Presupuesto de Egresos por tener una Base Cero, en los hechos el gobierno federal tiene poco margen de acción, pues un presupuesto de estas características no puede hacerse en un solo ejercicio.
Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) revela que el gobierno federal solo tiene un margen de modificación del Presupuesto de Egreso en 5.2 por ciento en proyectos a corto plazo. Esto representa apenas una cantidad de 250 mil 686 millones de pesos.
Entre los programas que se pueden modificar tan pronto como el año que entra, se encuentran algunos que tienen como propósito mejorar la eficiencia administrativa, de apoyo a la función pública, de promoción y fomento o de regulación y supervisión, radicados en varias dependencias.
Según el CIEP, estos programas pueden ser modificados en la discusión del próximo presupuesto.
En otro rubro se encuentran programas que podrían ser modificados en el mediano plazo. Ahí están un 21.7 por ciento de los recursos totales del Presupuesto de Egresos. Este porcentaje representa más de 1 billón 28 mil millones de pesos.
Entre estos programas que podrían ser modificables en el mediano plazo se encuentran algunos programas sujetos a reglas de operación –como el Prospera o el Programa de Apoyo a Adultos Mayores-, subsidios –como el Seguro Popular o el Fondo Metropolitano-, a desastres naturales y al cumplimiento de obligaciones jurisdiccionales -como aportaciones a organismos de derechos humanos-.
Finalmente, sobre lo que el gobierno no tiene margen de maniobra, es en el 73 por ciento de los recursos que tiene en el Presupuesto de Egresos.
Se trata de 3 billones 459 mil millones de pesos que ya están comprometidos en rubros como el pago de pensiones y jubilaciones, proyectos de inversión, aportaciones a la seguridad social, la prestación de servicios públicos, el gasto federalizado o el pago de la deuda.
Estas cuestiones son inamovibles y son un gasto que ya tiene comprometidos los recursos públicos en los años por venir.
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