El Fondo de Desastres Naturales (Fonden), instrumento financiero para hacer frente a las consecuencias que ocasionan huracanes, sismos o cualquier otro fenómeno natural en la población, es uno de los más de 100 fideicomisos que se extinguirán por aprobación del Congreso de la Unión.
A pesar de que es indispensable para que millones de familias mexicanas puedan recuperar parte de su patrimonio si son damnificadas, también es un instrumento plagado de irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), institución que ha documentado perjuicios millonarios a la Hacienda Pública por la falta de rendición de cuentas.
Reporte Índigo realizó un análisis de los informes elaborados por la ASF de la Cuenta Pública de 2014 a 2018 y en siete de ellas existen posibles daños al erario que en total suman 127 millones 871 mil pesos, la mayoría de los recursos del Fonden que presentaron anomalías fueron ejercidos por instancias federales y estatales para contrarrestar el impacto de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.
En la auditoría 42-GB correspondiente al ejercicio 2017, el órgano fiscalizador federal notificó que, de una muestra de 2 mil 956 millones de pesos que revisó, 77 millones 352 mil pesos presentaron alguna irregularidad en su utilización.
El informe destaca que el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos (INEIEM), durante la gestión de Graco Ramírez, no comprobó evidencia de 62 millones 151 mil pesos que surgieron del Fonden.
La ASF registró falta de evidencias que constataran la entrega e instalación de 167 aulas móviles en planteles educativos, además de que 3 millones 270 mil pesos fueron pagados de manera adicional sin autorización.
En la misma auditoría, se muestra que el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) también hizo uso del dinero del Fondo de Desastres Naturales sin que estableciera el destino final de los recursos.
En el análisis de la Cuenta Pública 2018 sobre los recursos del Fonden que utilizaron las Fuerzas Armadas para mitigar las consecuencias del 7 y 19S, la Marina tuvo observaciones por un posible daño a la Hacienda Pública de un millón 81 mil pesos
“El INIFECH no reintegró 151.3 miles de pesos al patrimonio del Fonden por los anticipos otorgados a dos contratistas de los cuales las obras fueron canceladas; también aplicó 602.0 miles de pesos adicionales al monto autorizado para atender 34 acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes (APIN). Asimismo, en la visita realizada a un centro escolar no se acreditó la existencia física de 3 aulas móviles por 358.7 miles de pesos y tampoco acreditó documentalmente la entrega e instalación de 54 aulas móviles en planteles educativos por un valor de 7,144.0 miles de pesos”, expone el documento.
En otra auditoría con folio 1834-DS, sobre los recursos utilizados para enfrentar la contingencia provocada por los sismos de 2017, la ASF detalla que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) no comprobó de manera debida la utilización de 7 millones 284 mil pesos.
En el desglose, sostiene que existe un probable perjuicio por dinero no aplicado e intereses generados en un anticipo entregado a una empresa para la reconstrucción del plantel “Ejército Mexicano” mediante el contrato INIFED-FONDEN-RC-AD-O-066-2018 firmado en abril de 2018.
En otro pliego de observaciones, la ASF explica que un millón 825 mil pesos fueron catalogados como pago en exceso o sin autorización por parte del INIFED por trabajos realizados no previstos sin dictámenes técnicos ni con estudios necesarios que justifiquen su ejecución.
Marina y Sedena, cuentas a medias en el Fonden
En el análisis de la Cuenta Pública 2018 sobre los recursos del Fonden que utilizaron las Fuerzas Armadas para mitigar las consecuencias del 7 y 19S, la Marina tuvo observaciones por un posible daño a la Hacienda Pública de un millón 81 mil pesos.
“Se determinó un importe por resarcir de 789.8 miles de pesos más los intereses generados, debido a que, en el análisis de indirectos de la administración central, se consideró indebidamente un plazo de 12 meses cuando el periodo contractual abarca 1.5 meses; y se pagó un letrero de 96.17m2 con un importe de 290.4 miles de pesos, sin embargo, solo se colocaron 40.68 m2 por lo que se determinó un volumen excedente por un importe de 130.7 miles de pesos.
“Asimismo, de un contrato se efectuaron pagos indebidos por 160.5 miles de pesos de trabajos no ejecutados”, se lee en la auditoría 1833-GB.
En el informe 1835-GB, correspondiente al ejercicio de recursos del Fonden por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la ASF no encontró ningún perjuicio al erario, no obstante, recomendó a la dependencia mejorar los lineamientos al momento de realizar contrataciones y en la clasificación de los servicios adquiridos.
Para los 630 millones 968 mil pesos que el Ejército empleó en la atención de los temblores, la Auditoría indicó que “de los 91 contratos adjudicados al amparo de la LAASSP (Ley de Adquisiciones del Sector Público), por 480,461.6 miles de pesos, se observó que 51 contratos, por 260,220.4 miles de pesos (54.2%), no se formalizaron como obra pública, y en dos contratos de obra, por 150,505.2 miles de pesos, los trabajos realizados no se llevaron a cabo conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su reglamento y los POBALINES de obra”.
Además, el órgano fiscalizador mencionó que en dos contratos por 150 millones 505 mil pesos, correspondientes a dos proveedores de Oaxaca, no se localizaron en los domicilios señalados al Servicio de Administración Tributaria y de la Sedena, y ambas empresas comparten un mismo socio.
