La Fiscalía de Justicia de Nuevo León dio a conocer el modus operandi del secretario de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Ciénega de Flores y seis de sus policías que fueron detenidos por el secuestro de dos civiles, el pasado lunes.
Pedro Arce Jardón, encargado del despacho de la FGJNL, dijo que los investigados detenían a sus víctimas, pero no los remitían a otra autoridad y les solicitaban un pago para su liberación.
Aunque hasta el momento no se ha confirmado que el mando y los policías estén implicados con el crimen organizado, las investigaciones continúan.
“Efectivamente los oficiales privaban de su libertad a las personas que lo denunciaron posteriormente, y que dio origen a estas dos carpetas de investigación. Los privaban y en ningún momento los ponían a disposición y exigían algún pago para la liberación de los mismos”, informó Arce.
Respecto a las víctimas, el encargado del despacho de la Fiscalía informó que una de las víctimas sí pagó por su liberación, mientras que la otra no; pero ambos interpusieron la denuncia.
Agregó que el alcalde de Ciénega ha colaborado en todo momento en dicha investigación y hasta el momento no se le involucra en ninguna de las carpetas por estos hechos.
Detienen a titular de Seguridad de Ciénega de Flores por presunto secuestro
Autoridades estatales y federales realizaron la aprehensión del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Ciénega de Flores, así como de un juez calificador y seis elementos de la policía municipal, por el presunto delinto de secuestro agravado.
Gerardo Palacios Pámanes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, informó de la detención a través de sus redes sociales, donde además puntualizó que Fuerza Civil estará tomando las labores de seguridad en el municipio por tiempo indefinido.
En rueda de prensa posterior, Palacios Pámanes explicó que las detenciones corresponderían a dos hechos independientes; uno, ocurrido en noviembre del año pasado, y el otro, en marzo de 2023.
En ambos casos, trascendió que tanto los funcionarios como los agentes detenidos habrían privado ilegalmente de la libertad a seis personas, reteniéndolas en las instalaciones de la dependencia.
