La Fiscalía General de Justicia tiene una prueba de fuego para concretar las sentencias contra los participantes en la riña entre hinchas de Tigres y Rayados, pues enfrentará una serie de amparos federales promovidos por los aficionados.
El pasado 23 de septiembre, barristas se enfrentaron a golpes sobre la avenida Aztlán, en la colonia Nueva Galicia del municipio de Monterrey. El aficionado de Tigres, Rodolfo Manuel Palomo Gámez, de 21 años, fue atacado por seguidores de Rayados y resultó herido de gravedad.
Hasta el momento hay cinco identificados, de los cuales Adrián Rosendo, de 25 años, ya fue detenido por los elementos de seguridad, y dos más presentaron un amparo
A través de este recurso, los barristas buscan evitar la prisión preventiva oficiosa y una posible orden de aprehensión en su contra. La intención de los agresores es acudir al juicio en libertad.
El amparo no impide la prisión para los presuntos responsables, según la autoridad de justicia. Pero la defensa argumenta lo contrario
“Están poniendo prisión preventiva oficiosa, que eso es lo que estoy peleando en el amparo con otros chicos. Esperamos la resolución de audiencia incidental y tenemos la intención de presentar a los chicos, bien, y hacer un evento”, comenta el abogado Fernando Martínez, en entrevista con Reporte Índigo.
Los amparos interpuestos, según la defensa, se deben a la estrategia de la Fiscalía de solicitar, a un juez de control, una orden de aprehensión por evasión de justicia de los implicados. Esto tiene como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.
Un Juzgado Federal otorgó a los aficionados a través del amparo la suspensión contra la orden de aprehensión, lo que podría ser una derrota para la Fiscalía que encabeza Gustavo Adolfo Guerrero.
Este domingo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación informaron de la captura de Adrián Rosendo, de 25 años. La Fiscalía General acusó de supuesto intento de homicidio en modalidad de pandilla al único detenido, quien podría pasar hasta 41 años en prisión tras no haber solicitado un amparo.
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Todo apunta que la Fiscalía y el Poder Judicial del Estado estarían trabajando bajo el viejo esquema de justicia inquisitivo, por no considerar otras medidas cautelares. El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio se caracteriza por ser respetuoso de los derechos y garantías de todo inculpado o imputado, siendo la prisión preventiva la excepción, pues primero se deben aplicar otros recursos.
¿Y los brazaletes?
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en lugar de solicitar prisión preventiva oficiosa, podría optar por otras medidas cautelares que se pueden utilizar en el caso de la riña entre aficionados de Tigres y Rayados, como activar brazaletes electrónicos para monitorear que los procesados cumplan con el arraigo domiciliario.
La Secretaría de Seguridad Pública adquirió el pasado 27 de julio 400 brazaletes que funcionan como geolocalizadores. El dispositivo se coloca en el tobillo del acusado, quien está monitoreado en tiempo real las 24 horas del día.
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La dependencia presentó este programa ante las autoridades del Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia y la Defensoría Pública, como parte del Sistema Penitenciario en el Estado.
El Artículo 19 constitucional establece que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado.
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“El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”, sostiene la constitución.
Cambio de discurso
El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco Suárez, presumió contar con órdenes de aprehensión contra los presuntos implicados en la riña de barristas, pero cambió su discurso.
“Por obvias razones estoy impedido de esto”, dijo el funcionario en referencia a esta acción penal.
Dos supuestos participantes en la agresión al aficionado de Tigres se ampararon ante un Juzgado federal contra la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía.
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Ante esto, el vicefiscal explicó que aún se está analizando la forma en que se va juzgar a los sospechosos, ya sea por la orden de aprehensión o una fórmula distinta. Es decir, estos recursos no impedirán que la autoridad siga investigando.
“Dos de las personas inicialmente identificadas promovieron un amparo en juzgados federales, esa demanda de amparo fue admitida por el juez federal y el juez federal emitió una resolución de suspensión provisional. El amparo fue contra la orden de aprehensión”, dijo Orozco Suárez.
