Luego de dos días de estar encarcelados por violar una medida de protección, cinco trabajadores de la Secretaría de Educación de Nuevo León fueron liberados por orden de la Fiscalía General de Justicia.
¿Por qué los detuvieron?
El viernes pasado el personal de la dependencia acudió a realizar una inspección en el colegio Instituto Warden, ubicado en el municipio de San Nicolás.
5 inspectores de @SenlOficial fueron detenidos por la policia @GobSanNicolas por investigar al Consorcio Warden ligado a #ZeferinoSalgado ex alcalde de #SanNicolas por violar un amparo y no los dejaban comunicarse hasta el domingo que los liberaron, denunciarán por esto 🚓 pic.twitter.com/LciuTueCsG
— SOY DE SAN NICOLÁS (@SoyDeSanNicolas) June 19, 2023
Sin embargo, los directivos del plantel se comunicaron con las autoridades denunciando un supuesto caso de extorsión e intimidación.
Policías municipales acudieron al sitio y detuvieron a los trabajadores por violar la medida de protección que le fue concedida a la escuela, propiedad de Salvadora Peña, que esta ligada con el ex alcalde Zeferino Salgado.
Señalan detención arbitraria
La Secretaría de Educación estatal señaló que la detención fue arbitraria e ilegal, incluso la titular de la dependencia, Sofialeticia Morales Garza, acudió a la instalaciones de la Cedeco para revisar las condiciones de los inspectores.
En un texto enviado por Comunicación Social del Gobierno, a través de WhatsApp, se informó que la funcionaria trataba de ver a los detenidos, pero no se lo permitieron, sin especificar.
Al respecto, la Secretaría de Seguridad de San Nicolás, aclaró por medio de un comunicado formal sobre el estatus legal de los involucrados.
Se informó que las cinco personas quedaron a disposición del Ministerio Público al ser sorprendidos en flagrancia al intentar entrar al colegio.
Desmintió que el arresto haya sido ilegal y además aseguró que es mentira que se se haya mantenido incomunicados a los detenidos.
Sigue disputa
La detención de los inspectores de educación, forma parte de las acciones que han protagonizado el ejecutivo y el legislativo que inició por la presunta retención de recursos del fondo municipal.
Integrantes del PRI y PAN han acusado persecución a negocios por parte de trabajadores del Gobierno.
