La salida repentina de Gerardo Octavio Solís Gómez de la titularidad de la Fiscalía de Jalisco, quien renunció por motivos de salud, y su probable reemplazo por un subalterno, Luis Joaquín Mendez Ruiz, redujo aún más las posibilidades de que esa dependencia adquiera autonomía constitucional durante este sexenio.
Entre los múltiples pendientes que dejó Solís Gómez en materia de procuración de Justicia figura la inconclusa autonomía constitucional que se había proyectado para la Fiscalía de Jalisco, la cual si bien requiere de trabajos legislativos, nunca fue impulsada abiertamente por el ahora exfuncionario.
Desde el 18 de julio de 2017, la Constitución Política de Jalisco fue reformada para integrar la autonomía de la Fiscalía del Estado, con el objetivo de desvincularla del gobernador en turno, por lo que su artículo 53 señala que “la Fiscalía General del Estado es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios”.
Sin embargo, el articulado transitorio de esa reforma constitucional estableció que la autonomía de la Fiscalía –que la habría independizado del gobernador y su esfera política entraría en vigencia hasta que se adecuaran igualmente las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo y de la propia Fiscalía, lo que nunca se llevó a cabo.
Solís Gómez tenía una larga trayectoria política que lo había llevado a ser, inclusive, gobernador interino de Jalisco, por lo que se consideraba aún factible que se le concediera la autonomía constitucional; en cambio, quien lo sustituiría, Mendez Ruiz, tiene solo 38 años de edad y no ha ocupado nunca ningún cargo público de primer nivel —actualmente funge como fiscal ejecutivo de Investigación Criminal—.
Este 1 de febrero se hizo oficial tanto la renuncia de Solís Gómez como la decisión del gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, por suplirlo con Mendez Ruiz. “Después de hacer una revisión jurídica en coordinación con asesores legislativos sobre el procedimiento legal que aplica en estos casos, el Ejecutivo comunicará al Congreso del Estado la propuesta de ratificar al maestro Luis Joaquín Mendez Ruiz como nuevo Fiscal estatal”, reportó el Gobierno estatal.
De concretarse la llegada de Mendez Ruiz a la Fiscalía, carecerá de autonomía y continuará bajo las órdenes del mandatario, como sucedió con Solís Gómez.
El sustituto del exfiscal es Luis Joaquín Mendez Ruiz, quien tiene solo 38 años de edad y no ha ocupado nunca ningún cargo público de primer nivel
Grandes retos para la Fiscalía de Jalisco
Los retos que enfrentará el próximo fiscal del Estado son mayúsculos: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ha hecho de esta entidad su principal base de operaciones, continúa intacto; la crisis de desapariciones sigue aumentando; y el caso de mayor trascendencia política, el asesinato del exgobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, permanece impune.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) señaló: “Gerardo O. Solis anuncia su salida de la @FiscaliaJal. Durante su cargo hubo personas torturadas, desaparecidas y detenidas de manera arbitraria que no han obtenido justicia. (…) Ante la violencia e impunidad en Jalisco, es necesario que la o el nuevo fiscal no tenga antecedentes en la comisión de graves violaciones a derechos humanos”.
Durante la gestión de Solís Gómez, Jalisco alcanzó las 15 mil 597 personas desaparecidas y no localizadas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), lo que lo vuelve el estado con más desapariciones de todo el país.
En ese lapso (de 2018 a 2021), la Fiscalía estatal incrementó su estado de fuerza en 47.56 por ciento, al pasar de mil 659 a 2 mil 448 elementos y, en específico, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) tuvo estas mejoras, según el Tercer Informe de Gobierno.
No obstante, el 26 de octubre de 2021, Cepad y otras asociaciones alertaron sobre la impunidad imperante en las desapariciones: “solo existen 4 sentencias condenatorias firmes en relación con los delitos en materia de desaparición. (…) La situación de impunidad en Jalisco frente a los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares es casi absoluta”.
Expedientes oscuros
En el caso del asesinato de Sandoval Díaz, ha transcurrido ya más de un año desde que fue perpetrado en Puerto Vallarta el 18 de diciembre de 2020, y la Fiscalía no ha podido capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen, aunque se presume que el CJNG estuvo detrás del mismo.
Otro episodio oscuro en la gestión del fiscal saliente se dio con las detenciones ilegales y desapariciones forzadas transitorias de jóvenes manifestantes —alrededor de 50— cometidas en 2020 por sus agentes, tras la muerte de Giovanni López a manos de policías municipales.
En su “Informe Especial sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante las manifestaciones ocurridas en Guadalajara del 4 al 9 de junio de 2020”, la Comisión Estatal de Derechos Humanos lo plasmó así:
“Una mención especial merecen los hechos ocurridos la tarde del viernes 5 de junio de 2020 (…) en donde un número indeterminado de personas entre ellas estudiantes, profesionistas y maestros, fueron víctimas de desaparición forzada de persona, agresiones físicas, psicológicas, privadas ilegalmente de su libertad, de robo, al parecer por policías investigadores del estado algunos con sus rostros cubiertos, armados con palos, tubos, armas de fuego cortas y largas; y armas blancas”.
El 6 de junio de ese año el gobernador habló de una posible infiltración criminal en la Fiscalía: “¿Quién dio la orden y quién dio esta instrucción? Evidentemente no fue el fiscal del Estado, tenemos certeza de eso”.
