El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, intenta eludir toda responsabilidad de las agresiones que recibieron jóvenes manifestantes el pasado viernes 5 de junio a manos de la Policía Ministerial de la Fiscalía de Jalisco, asegurando que esta área es autónoma; sin embargo, esto ha sido desmentido por la propia dependencia.
Luego de que asociaciones civiles y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) recibieran alrededor de 50 reportes de detenciones ilegales y desapariciones forzadas de jóvenes, cometidas por la Policía Ministerial de la Fiscalía el 5 de junio, el gobernador emitió la siguiente disculpa aunque deslindándose de esa corporación estatal.
“Me dirijo hoy al pueblo de Jalisco por varias razones, pero una muy en específico, la más importante, para ofrecer una disculpa a nombre del Gobierno del Estado y a título personal (…) por los hechos acontecidos el día de ayer afuera de la Fiscalía del Estado, en donde jóvenes fueron agredidos por policías ministeriales al estar expresando de manera libre sus ideas, (…) a ellos, a sus familias y al pueblo de Jalisco ofrezco esta disculpa sentida y sincera, lo hago aunque los policías ministeriales tienen autonomía y no dependen de las órdenes del gobernador”, expuso Alfaro Ramírez.
No obstante, ni la Fiscalía de Jalisco ni su Policía Ministerial son autónomas con respecto al Ejecutivo del Estado, pues no se concluyeron las reformas necesarias que volverían una realidad la autonomía constitucional de esa dependencia del Gobierno estatal.
Esta carencia de autonomía constitucional de la Fiscalía y de todas sus áreas fue confirmada por la propia dependencia a Reporte Índigo, mediante una respuesta obtenida por transparencia en 2019 (folio 03519819), en la que su Dirección General Jurídica lo afirmó de forma categórica.
“Le informo que la Fiscalía Estatal aún no cuenta con la autonomía, se desconoce la fecha en que entrará en vigencia dicha autonomía, pues ello depende de las modificaciones legislativas que se realicen por el Congreso del Estado, desconociendo cuándo se harán dichas reformas”.
“Las legislaciones que deberán modificarse para que la Fiscalía sea autónoma son la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco”, expone el documento.
Desde el 18 de julio de 2017 la Constitución de Jalisco fue modificada para volver a la Fiscalía “un Organismo Público Autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios”, como ya lo señala actualmente el Artículo 53; pero esa reforma integró un candado legal en su artículo Tercero transitorio, que dispone que dicha autonomía entrará en vigencia hasta que se adecuen otras leyes complementarias; paso que nunca se concretó.
Fiscalía de Jalisco, Boomerang político
La negativa del gobernador y de los diputados del partido Movimiento Ciudadano por concretar la autonomía constitucional de la Fiscalía se volvió un boomerang político que ha retornado con fuerza en su contra, ahora que pretenden deslindarse de las acciones ilegales de esa dependencia, ya no pueden hacerlo.
Antes de resultar electo gobernador, Alfaro Ramírez se comprometió a que la Fiscalía tendría autonomía en su gobierno.
“Sí creo que este mismo año puede quedar hecha la reforma completa para poder tener este nuevo modelo y estar en condiciones de arrancar el próximo gobierno desde el primer día con un fiscal general autónomo”, dijo el hoy mandatario estatal el 25 de abril de 2018.
Los cambios legales prometidos todavía no llegan, pues el gobernador optó por mantener a la Fiscalía y sus áreas bajo su rectoría legal y política, aun cuando la bancada de MC en el Congreso estatal, la de mayor fortaleza, pudo haber impulsado las reformas pendientes en esa materia desde el inicio de esta administración.
La falta de autonomía constitucional de la Fiscalía y de su titular, Gerardo Octavio Solís Gómez, también han afectado la credibilidad de las investigaciones que se llevan a cabo sobre las detenciones ilegales y desapariciones forzadas cometidas por esa dependencia el 5 de junio.
Lo anterior debido a que quien quedó a cargo de indagar esos hechos es el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar. No obstante, esta área forma parte de la Fiscalía estatal, por lo que ninguna área tiene una independencia real frente al gobernador.
Pese a ello, el mandatario publicó el 8 de junio información que vuelve a intentar deslindarse de los procesos por las detenciones.
“Hoy se instaló la mesa interinstitucional para el esclarecimiento de los hechos del 5 de junio en las inmediaciones de la Fiscalía. (…) La mesa será presidida por la Fiscalía Anticorrupción, que es autónoma, y estará conformada por la CEDHJ, el Consejo Ciudadano de Seguridad, la Secretaría General del Gobierno de Jalisco, así como la Contraloría Interna y la Dirección de Visitaduría de la Fiscalía“, difundió Alfaro.
Aunado a los anterior, ayer el gobernador anunció “que pedirá” a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga la investigación de los hechos.
Un subalterno más
Hay distintas señales públicas que hacen evidente que el fiscal Solís Gómez se desempeña como un subalterno más del gobernador y sin una autonomía real, pues el mandatario informa en diversos medios que emite órdenes para liberar a los manifestantes detenidos.
“En este momento estoy tomando la decisión de una vez más, y por última vez (…) de levantar los cargos contra los seis jóvenes que están detenidos por hechos cometidos el día sábado”, dijo ayer Alfaro.
Otra señal clara es que el 3 de junio el fiscal estatal se prestó a salir en un posicionamiento conjunto con el coordinador General Estratégico de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, para deslindar al gobernador de la muerte de Giovanni López, quien perdiera la vida tras ser detenido por policías por no portar cubrebocas.
En ese mensaje ambos funcionarios mencionaron en cinco ocasiones que la detención no se relacionó con la portación de cubrebocas de la víctima. Sin embargo, la atención por el homicidio de López se enfocó en el gobernador Alfaro pues fue este quien autorizó el uso de la fuerza pública para obligar a las personas a acatar esa medida sanitaria.
