Fiscalía a prueba

Los hechos de extrema violencia siguen minando la paz de los jaliscienses, mientras la brecha entre estos y su Fiscalía, antes que acortarse, se hace más honda. 

Por tercer año consecutivo la institución registró una disminución en la proporción de los delitos que 

le son denunciados. 

Los ilícitos crecen al igual que la cantidad de sus víctimas, y los episodios más oscuros como la amputación de las manos a siete personas –una asesinada- o los 14 cuerpos flotando en Chapala aún no se superan.  

A poco más de tres años de la creación de la Fiscalía General en marzo de 2013, tras la fusión de la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, la institución no ha logrado convencer a los jaliscienses de ser más eficaz y confiable que sus antecesoras. 

Así lo demuestra un ejercicio comparativo de las últimas cuatro ediciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2013-2016 realizado por Reporte Indigo. 

La proporción de delitos no denunciados en 2012, último año del exgobernador Emilio González Márquez, fue del 87.5 por ciento; para 2013, ya con la Fiscalía en marcha en el primer año del gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, esta proporción subió al 89.3 por ciento de ilícitos sin denuncia. 

En el 2014 la proporción de delitos no denunciados se elevó a 90.6 por ciento, y para el 2015 siguió su alza imparable hasta el 91 por ciento. 

Si se considera ahora la cifra negra, que incluye tanto delitos sin denuncia como los que sí la tienen pero sin una averiguación o carpeta de investigación, los resultados son igualmente negativos para el actual modelo. 

En 2012, aún en el anterior gobierno, la cifra negra era de 93.8 por ciento; con el nuevo gobierno, en 2013, fue de 93.3 por ciento; en 2014 se disparó al 94.8 por ciento y en 2015 llegó a 94.2 por ciento. 

La fractura

A esta brecha que se amplía entre la Fiscalía y los jaliscienses, abona el que aquella no actúe sobre la totalidad de las denuncias que recibe, sino que hay centenas de miles de casos para los que no se abre una averiguación o carpeta de investigación. 

Son, pues, denuncias que solo quedarán en actas (de hechos, circunstanciadas o ministeriales), o expedientillos, bajo el argumento supuesto de que no se tienen los indicios más básicos para emprender la indagatoria. Estos son los registros oficiales:

Con el exgobernador González Márquez, su Procuraduría abrió de 2007 a 2012 477 mil 646 averiguaciones, empero, dejó en calidad de actas y expedientillos otros 736 mil 423 hechos denunciados. 

Lo mismo sigue pasando con la Fiscalía: de 2013 a julio de 2016 abrió 341 mil 530 averiguaciones o carpetas de investigación, pero dejó igualmente en actas y expedientillos otras 453 mil 266 denuncias. 

Debido a que la incidencia delictiva que se publica se basa en la cantidad de averiguaciones y carpetas de investigación, sin considerar actas y expedientillos, es por lo que se ha visto ahí un amplio ámbito sin control externo, que posibilita la manipulación de la estadística. 

En estas actas y expedientillos se incluyen denuncias de extravíos de armas, celulares, tarjetas bancarias u otros, y el rubro “robo o extravío de documentos”, que suman 412 mil 933 en el pasado gobierno, y 234 mil 259 en este. 

Delitos en sombra

Una gran cantidad de delitos de alto impacto han en meras actas y expedientillos desde 2007:

En robo a persona el sexenio pasado abrió 16 mil 305 averiguaciones, pero dejó en actas y expedientillos 68 mil 613 casos (un 421 por ciento más); el gobierno actual lleva 13 mil 933 averiguaciones y 38 mil 619 de los segundos (277 por ciento más). 

En robo a casa habitación el gobierno pasado abrió 27 mil 869 averiguaciones y dejó en actas y expedientillos 13 mil 662 casos (un 49 por ciento más); el actual lleva 20 mil 110 averiguaciones y 9 mil 404 de los segundos (47 por ciento más). 

En robo a negocio la gestión pasada abrió 17 mil 288 averiguaciones y dejó en actas y expedientillos 12 mil 820 casos (un 74 por ciento más); la actual lleva 11 mil 861 averiguaciones y 17 mil 208 de los segundos (145 por ciento más). 

Lupa al modelo

Hay distintas muestras de que el modelo actual de Fiscalía no ha logrado convencer a sectores sociales, políticos y profesionales. 

En abril de 2016 el grupo del PAN en el Congreso presentó una iniciativa para dotarle de autonomía a la Fiscalía, con una reforma al artículo 53 de la Constitución local para liberarla del control político del Ejecutivo; en octubre un planteamiento con el mismo objetivo fue presentado por el diputado independiente Pedro Kumamoto. 

El 28 de septiembre, luego del ataque en Fiscalía del 14 de septiembre que dejó cuatro muertos –tres víctimas y el atacante-, la Asociación Jurídica Jalisciense se dirigió al Congreso para pedir la conformación de una comisión ciudadana que evalúe ese caso, pero también el “estado real de 

Fiscalía”, para “determinar si el modelo cumple las expectativas de procuración de justicia”.

Y apunta: “Desde el inicio de la actual administración se han advertido deficientes decisiones, excesivas cargas de trabajo, hostigamiento laboral en busca de los espacios, pero más que nada un modelo de institución que no es ni funcional ni capaz de absorber las tareas de procuración, Fuerza Única, reinserción y Policía Investigadora”. 

Concluye: “ni la institución puede eficientar (sic) esas responsabilidades y ninguna persona es capaz de dar resultados con toda esa responsabilidad”, dice el documento de la Asociación Jurídica Jalisciense