La nueva liga de la justicia

Diputados locales alistan adecuar el marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción al nuevo Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, donde se buscará conformar un nuevo conglomerado de fiscales encargados de impartir la justicia en Nuevo León.

Se trata de buscar candidatos para ocupar el puesto de Fiscal General de Justicia del Estado, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Fiscal Especializado en Delitos Electorales y el Magistrado de Sala Especializada en Delitos contra la Corrupción.

Jesús Padilla Jesús Padilla Publicado el
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años inhabilitados para funcionarios condenados por actos de corrupción
“Queremos garantizar que en la terna final sean personas competentes, una honorabilidad y una trayectoria profesional para ejercer el puesto”
Sandrine MolinardDirectora del Consejo Cívico
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no tendrían voz y voto para seleccionar la terna final de los candidatos a fiscales
“Nos falta definir el tema más importante, que es el grado de participación que tendrá la ciudadanía”
Salvador BenítezCiudadanos Contra la Corrupción

Diputados locales alistan adecuar el marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción al nuevo Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, donde se buscará conformar un nuevo conglomerado de fiscales encargados de impartir la justicia en Nuevo León.

Se trata de buscar candidatos para ocupar el puesto de Fiscal General de Justicia del Estado, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Fiscal Especializado en Delitos Electorales y el Magistrado de Sala Especializada en Delitos contra la Corrupción.

El dictamen 10395/LXXIV, aprobado en primera vuelta el año pasado,  pretende la creación de organismos autónomos, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión en los términos que determine la Ley.

Se pretende que el Fiscal General y fiscales especializados podrían despachar por un periodo de seis años, y que se eleve a rango constitucional la agravante para delitos de corrupción.

Este marco jurídico facilitará que los funcionarios condenados por actos de corrupción, sean inhabilitados por un periodo de seis años o superior a 40.

La participación de ciudadanos en el Sistema Estatal de Anticorrupción, estará sujeta a la aprobación del Congreso local, que nombrará a cinco aspirantes destacados en transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción.

Ellos integrarán el Comité de Participación Ciudadana por un periodo de cinco años en sus cargos, y solo podrán ser removidos por las causas graves que prevea la ley de la materia.

Pero los integrantes no tendrían voz y voto para seleccionar la terna final de candidatos.

El diputado Héctor García, presidente de la Comisión de Legislación del Congreso, abrió la puerta para que los nombramientos del conglomerado de fiscales, pudiera estar completo para el mes de mayo.

Piden más atribución de la ciudadanía

Los participantes ciudadanos en la selección de aspirantes para el conglomerado de fiscales del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción están aún en suspenso.

Por un lado las organizaciones civiles y de la iniciativa privada pretenden tener una participación proactiva, pero el Congreso aún no define el grado de intervención de la ciudadanía.

La Coalición Anticorrupción, integrado por civiles, universidades, abogados y organizaciones ciudadanas, han sostenido reuniones con diputados del Congreso para mejorar artículos de lo que será el Sistema Estatal Anticorrupción, el SEA.

 “Nos falta definir el tema más importante de todos, que es el grado de participación que tendrá la ciudadanía en la selección de los titulares de los órganos que integran el SEA”.

“Debe ser una propuesta donde sea más bien una participación proactiva, más que una posición de censura”, expresó Salvador Benítez, de Ciudadanos Contra la Corrupción.

Dijo que en los otros conceptos, los ciudadanos reconocieron el avance logrado en comparación con el dictamen de primera vuelta, entre los cuales destacan: la corresponsabilidad de los funcionarios por actos de corrupción se lleven a cabo sus subalternos.

Además de la extinción de dominio independiente de los procesos penales, y la imprescriptibilidad de la facultad del estado para recuperar bienes robados o desviados del erario.

Candidatos sin pasado político reciente

La directora del Consejo Cívico, Sandrine Molinard, consideró que las personas que integren el conglomerado de fiscales del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, tengan por lo menos cinco años fuera de la política.

 “Los diputados estaban proponiendo un año. Nosotros estamos proponiendo que en los últimos cinco años no haya tenido una participación ni en un partido político, ni como funcionario público o como dirigente en un partido”, explicó Molinard.

Agregó que lo que se busca con la participación ciudadana sería que los candidatos sean personas honorables.

“Queremos garantizar que en la terna final sean personas competentes, una honorabilidad y una trayectoria profesional para ejercer el puesto”.

“El tema de la autonomía tiene que ver en que esta persona no le tiene que rendir cuentas al gobernador, le rendirá cuentas directamente a la ciudadanía y el Congreso”, señaló la presidente del Consejo Cívico.

Dijo que los diputados buscan limitar la participación de la ciudadanía en la selección final de los candidatos, por lo que buscarán más reuniones en el Congreso para llegar a un acuerdo.

“Ellos (los diputados) solo proponen hacer todo el procedimiento que te conté (de selección) y decirnos, estos son los candidatos y ustedes veten a los candidatos que no les gusten”.

“Pero nosotros decimos que es un concepto radicalmente diferente, pues no vemos la participación de la ciudadanía”, concluyó.

Requisitos para ser candidato

> Ser mexicano por nacimiento.

> Tener cuando menos 35 años.

 > Poseer título profesional de licenciado en derecho.

> Gozar de buena reputación.

> No haber sido Gobernador o Secretario de Despacho del Ejecutivo.

> Tener un perfil que permita que la procuración de justicia cumpla con la autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad y respeto a los derechos humanos.

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