En contra de la austeridad republicana que promueve el nuevo gobierno, la Fiscalía General de Nuevo León autorizó sueldos para los fiscales por casi 40 por ciento más de los salarios que ganaban en la Procuraduría del Estado.
El Fiscal General del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero, se autorizó un sueldo bruto de 146 mil pesos mensuales cuando su homólogo, el Procurador General de Justicia de la entidad, Bernardo González, ganaba 105 mil pesos, lo que representa un ‘aumento’ de 41 mil pesos cada mes.
Los fiscales especializados que entraron en funciones el pasado mes de abril también tienen un sueldo incluso mayor que el del gobernador de la entidad y de lo que, se presume, ganará el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
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Reporte Indigo obtuvo el tabulador de sueldos y salarios de la Fiscalía General del Estado a través de una solicitud de transparencia, porque la dependencia a cargo de Guerrero no cumple con publicar las remuneraciones de sus funcionarios como establece la ley de transparencia estatal.
El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Javier Garza y Garza, percibe un sueldo mensual de 144 mil pesos. Su antecesor, Ernesto Canales, quien fungía como titular de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, ganaba 99 mil pesos al mes. Esto significa que Garza contará con 45 mil pesos más que Canales.
Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, fiscal Especializado en Delitos Electorales, también tendrá un sueldo mensual de 144 mil pesos. Todos ellos percibirán más de 36 por ciento de los ingresos del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, que mensualmente equivalen a 105 mil 674 pesos.
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Incluso ganan más de lo que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha fijado como tope salarial. Si el tabasqueño ganará 108 mil pesos al mes, los fiscales general y especializados de Nuevo León recibirán 38 mil y 36 mil pesos más, respectivamente, que el próximo jefe del Ejecutivo Federal.
Aumento sin aval
Para asignarse estos salarios, los funcionarios no tuvieron que pasar por el aval del Congreso de Nuevo León y tampoco se conoce un estudio o diagnóstico para establecer el tabulador de sueldos de la Fiscalía; todo indica que simplemente se autoaprobaron estos aumentos.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, ésta es un organismo autónomo del Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con independencia financiera y presupuestal.
La Fiscalía General del Estado, a pesar de ser un órgano autónomo, también se rige bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas. En su propia Ley Orgánica se establece que no sólo debe atender requerimientos de información pública, sino que debe publicar en formatos abiertos datos como la información estadística de procuración de justicia.
Aunque en la Ley Orgánica no hace referencia a la publicidad de las remuneraciones, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Nuevo León sí establece que es una obligación poner a disposición del público y mantener actualizada la remuneración de todos los servidores públicos de base o de confianza.
La Fiscalía no cumple con publicar las remuneraciones de sus funcionarios como establece la ley de transparencia
“Todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración, dicha información deberá vincularse con el nombre completo del servidor público, cargo y nivel de puesto”, señala el marco normativo.
Sin embargo, en la página de la Fiscalía no hay ningún apartado en donde se pueda verificar la remuneración de sus funcionarios. En la solicitud de información sólo se encuentra el sueldo bruto y neto, pero no viene el detalle de otras prestaciones como fondos de ahorro, aguinaldo, prima vacacional, bonos por rendimiento, apoyos para despensa y combustible o viáticos que suelen recibir estos funcionarios.
Además, debido al perfil del cargo, es posible que a los fiscales general y especiales, a los altos funcionarios de la Fiscalía y a sus familiares les hayan sido asignados uno o más vehículos blindados y un número no determinado de escoltas. En realidad, el dinero que recibe cada uno de estos servidores entre salario y prestaciones podría ser mucho mayor que el reportado a través del documento obtenido.
Sueldo como de costumbre
Las onerosas remuneraciones son comunes para los altos funcionarios del Poder Judicial del estado, precisamente de donde viene el Fiscal General de la entidad Gustavo Adolfo Guerrero.
Hasta antes de asumir el cargo de Fiscal General, Guerrero hizo carrera en el Poder Judicial de la entidad. Ingresó en 1980, fue meritorio y escribiente en el Juzgado Primero Familiar del Tercer Distrito Judicial, secretario del Juzgado de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado y secretario de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En 1995 fue nombrado Juez Quinto de lo civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, cargo que ocupó hasta 1999, cuando pasó a ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde ocupó la presidencia en tres periodos.
El último sueldo que percibió como Magistrado de la Decimoquinta Sala fue de 159 mil pesos, según información pública del Poder Judicial del Estado. Ahora, Gustavo Guerrero gana 13 mil pesos menos, sin contar prestaciones.
El tabulador de la remuneración mensual de un magistrado en Nuevo León es de 167 mil pesos, y el de un juez de primera instancia es de 106 mil pesos, siendo los dos cargos menor remunerados en el Poder Judicial de Nuevo León. Pero ahora que Guerrero ha dado el salto a la Fiscalía, parece haber homologado el alza las percepciones de los funcionarios.
