La Comisión Anticorrupción del Congreso local, a cargo de la diputada panista Yanira Gómez, estableció requisitos muy laxos para los aspirantes a ocupar el cargo de la Fiscalía General, Anticorrupción y de Delitos Electorales.
La legisladora se basó en requisitos fáciles de cubrir, como ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y tener cuando menos 35 años el día de la designación.
Además, poseer título profesional de licenciado en derecho, con antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, gozar de buena reputación y no tener antecedentes penales, entre otros.
No se contempló que muchos abogados que terminaron su carrera hace 5 ó 10 años no tienen estudios en el nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio
Estos requisitos para ocupar cualquier cargo del conglomerado de fiscales del Sistema Estatal Anticorrupción, está lejos de los obligados para convertirse en un fiscal antinarcóticos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Por ejemplo, la legisladora panista no estipuló que el aspirante o seleccionado deba aprobar exámenes socioeconómicos, polígrafo o pruebas de control y confianza, de toxicología y, en especial, que tenga maestría en el nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Estos exámenes son aplicados a los aspirantes antes y después del proceso de su nominación a fiscal en la PGR, y están como requisitos primordiales, dijo a Reporte Indigo un agente del Ministerio Público federal.
“Me investigaron mi patrimonio, pasé el polígrafo y el antidoping… pero de sangre, y bueno, acabo de acabar mi maestría en el nuevo sistema penal”, dice el joven fiscal antinarcóticos.
No estipular estos controles en la convocatoria emitida por el Congreso local podría ocasionar una laguna legal.
En la Ley de Seguridad Pública de Nuevo León está estipulado que tendrían que pasar varios controles de confianza, entre ellos el socioeconómico, pruebas de control y confianza y pruebas de toxicología.
Otro punto importante que no se contempló es que hoy en día muchos abogados que terminaron su carrera hace 5 ó 10 años, no tuvieron estudios en el nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio, pues muchos aprendieron del viejo sistema penal, el inquisitivo, y entre los dos existe una gran diferencia.
La convocatoria exige como requisito tener estudios de 10 años de antigüedad, como mínimo. Por eso lo importante de que el fiscal debería tener maestría en el nuevo sistema penal.
La Comisión Anticorrupción no estipuló que el aspirante deba aprobar exámenes socioeconómicos, polígrafo, de toxicología y de confianza
Poca convocatoria
A una semana para que se cierre el registro para aspirantes a la Fiscalía General, Anticorrupción y de Delitos Electorales, son pocos los que han manifestado intención de participar.
Hasta el pasado fin de semana eran cuatro las personas que han llenado los requisitos.
Se trata del procurador Bernardo González, Mario Alberto Hernández Ramírez y Héctor Morales Aldape, todos para la Fiscalía General; para la Fiscalía Anticorrupción se tenía el registro de Alejandro César Lozano Curiel.
Los diputados decidieron que toda la información sea a través de la página de Internet del Congreso, como ocurrió con la convocatoria del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Ese comité está integrado por funcionarios y políticos ligados a negocios con Municipios, priistas y panistas, y con el PAN de Nuevo León, publicó Reporte Indigo.
Está por ejemplo Pedro Rubén Torres Estrada, quien en la entrevista con los diputados negó vínculos con algún partido, pero la realidad muestra lo contrario.
Además, tres diputados panistas tienen estudios o diplomas en el Consorcio Educativo Internacional Warden, propiedad de Salvadora Peña Warden, del Comité de Selección del SEA.
Facilidad a exprocuradores
Dentro de la convocatoria para los cargos de fiscales existe un requisito que abre la puerta a la llegada de aspirantes con pasado partidista.
“Documento (s) con los que acredite experiencia o conocimientos en procuración o impartición de justicia”, señala el documento.
Aunque no se han registrado aún, en el Congreso local suenan los nombres de los exprocuradores Luis Carlos Treviño Berchelmann, Álida Bonifaz y Juan Francisco Rivera Bedoya, todos vinculados a partidos como PAN y PRI.
También se menciona al exfuncionario estatal Javier Suárez Tijerina, y el expresidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Alfonso Verde Cuenca.
Otros que pudieran manifestar su intención de participar son los abogados Salvador Benítez y Valdemar Martínez; para ocupar la Fiscalía en Delitos Electorales se menciona a Gilberto de Hoyos y a Javier Garza y Garza, ambos exconsejeros de la Comisión Estatal Electoral.
