El fiscal Gustavo Adolfo Guerrero se niega a dar a conocer los otros beneficios que reciben él y sus colaboradores tales como aguinaldo, prima vacacional, fondo de ahorro y hasta un ingreso extra por el día del servidor público, adicionales al megasueldo que se recetaron sin autorización del Congreso local.
Reporte Índigo reveló desde el 21 de septiembre que Gustavo Adolfo Guerrero no sólo aprobó salarios VIP superiores a los que percibirá el presidente electo que promueve una política de austeridad, Andrés Manuel López Obrador, para él, sus homólogos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y para colaboradores cercanos.
La Fiscalía General de Nuevo León no cumple con publicar las remuneraciones brutas y netas de sus trabajadores de base o de confianza a disposición del público y actualizadas, como establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal, y mucho menos muestra las prestaciones. Tampoco lo hace sin incluir el nombre de las personas físicas para no ponerlas en riesgo, como aún se puede consultar en la Procuraduría General del Estado.
“La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración, deberá vincularse con el nombre completo del servidor público, cargo y nivel de puesto”, señala el artículo 95 fracción IX.
Reporte Índigo tuvo acceso a los tabuladores de la Fiscalía General de Nuevo León a través de una solicitud aunque lo que se pidió fue la remuneración bruta y neta de la nómina de trabajadores desglosada en los meses de mayo y junio, especificando su puesto. Sin embargo, la información se clasificó como reservada por parte del director de Transparencia, Acceso a la Información y Asesoría Jurídica, Diego Alejandro González Osorio.
“Hago de su conocimiento que no es factible permitirle el acceso (…) Además, es importante mencionar que dicha información permanece clasificada como reservada”, menciona la respuesta obtenida
Pese a ser un órgano que se rige bajo los principios de rendición de cuentas, en la Vigésima Octava Sesión Ordinaria llevada a cabo el 4 de octubre de este año, todos los integrantes del Comité de Transparencia acordaron reservar los datos solicitados
Transparencia opaca
Es paradójico que un comité encargado de la transparencia vote por unanimidad para ocultar información financiera.
Michael Núñez Torres, Diego Alejandro González Osorio y Carlos Fernando Rodríguez Almeida, presidente, secretario y vocal, respectivamente, concluyeron ocultar la información solicitada bajo el argumento de que darla a conocer pone en riesgo la vida y seguridad de sus funcionarios.
“El hacer pública la información solicitada sería un riesgo para la vida, seguridad o salud de los elementos de esta institución, porque el control de la información reservada estaría en manos de un tercero (solicitante), desconociéndose la utilización que pudiese hacer de esa información reservada, o bien, a quién podría transmitirla”, versa el documento que se obtuvo como respuesta
Debido al perfil del cargo, es posible que a los fiscales general y especiales, a los altos funcionarios de la Fiscalía y a sus familiares les hayan sido asignados uno o más vehículos blindados o escoltas. Esto significa que la fiscalía destina un gasto en seguridad adicional a su salario.
En sesión ordinaria, el comité analizó el Acuerdo de Reserva que emitió la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas de la fiscalía para ocultar los megasueldos y prestaciones. Todos sus integrantes, sin objeciones, prefirieron no transparentar los montos.
“Se determina reserva, fuera del alcance de dominio público por el término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, la información relativa a la remuneración bruta y neta del personal de la fiscalía”, refiere el oficio del anexo con el que la Fiscalía respondió a la solicitud.
La transparencia de los datos fue rechazada a pesar de que la propia Ley Orgánica de la Fiscalía establece que esta dependencia debe atender los requerimientos de información pública que tenga la ciudadanía y aunque no hace referencia a las remuneraciones, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Nuevo León sí establece la obligación.
Prestaciones onerosas
El fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero, se autorizó un sueldo bruto de 146 mil pesos mensuales cuando su par, el procurador de justicia, Bernardo González, ganaba 105 mil pesos. Esto equivale a un aumento de 39 por ciento o de 41 mil pesos más.
A diferencia de la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado no consideró como una medida de protección para los funcionarios ocultar sus obligaciones de transparencia. Su portal cuenta con la información de la nómina y los sueldos tabulados.
Con base en esos datos se puede constatar que el homólogo del fiscal, es decir, el procurador, tiene percepciones ordinarias como la mensual, de 105 mil 383 pesos; más el aguinaldo, por 17 mil 564, y la prima vacacional de 4 mil 333 pesos que en total suman 127 mil 280
Además, el procurador cuenta con prestaciones adicionales como el apoyo navideño, por el que le otorgan 71 pesos más y el día del servidor público que le suma 4 mil 622 pesos y por seguro social, cuenta con otros 19 mil 759 pesos. Estas cantidades dan un total de 151 mil 732 pesos mensuales con prestaciones, lo que refleja un aumento de 46 mil 349 pesos al sueldo base.
El fiscal general Gustavo Adolfo Guerrero podría alcanzar un salario cercano a los 200 mil pesos si se consideran las prestaciones que no está dispuesto a revelar.
“Tenemos una función de mucho riesgo, todo se va a hacer, pero tenemos que ser muy precavidos, acuérdate que estamos en un área de seguridad, y no todo lo podemos transparentar porque el enemigo es un delincuente. No podemos, y no es conveniente con la fuerza que nosotros tenemos, porque el enemigo nos va a medir, es una responsabilidad de ustedes como medios protegernos”, declaró en entrevista con Reporte Índigo en el mes de septiembre.
Además de sus megasueldos, el fiscal había solicitado mayores recursos para indemnizaciones de exempleados de la Procuraduría General del Estado. El Congreso había autorizado de manera ilegal modificar el presupuesto para otorgarle 20 millones de pesos pero el gobernador Jaime Rodríguez vetó la petición.
