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Con el proceso electoral en plena marcha, los grupos políticos se enfrentan a la urgencia de lograr un consenso en la forma de elegir al nuevo fiscal electoral para que investigue los delitos electorales.
Lo complicado del momento político, en medio de la confrontación entre los tres principales partidos -el PRI, el Frente Ciudadano por México y Morena-, ha llevado a que el nombramiento del nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tense aún más las negociaciones de otros temas que inclusive han desaparecido de la agenda pública.
La tensión por la destitución de Santiago Nieto de la Fepade no se limita a su salida; detrás de ese debate se encuentra la investigación del caso Odebrecht.
Los legisladores de Oposición alertan sobre la posibilidad de que los sobornos pagados a funcionarios y a políticos mexicanos por la empresa petrolera queden en la impunidad.
Santiago Nieto era quien llevaba una parte de esa investigación al realizar las pesquisas sobre el dinero que habría ido a parar a la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional en el 2012.
Por ello, los partidos de Oposición han emprendido una batalla para aclarar la remoción de Santiago Nieto a pesar de que él ha decidido renunciar a la posibilidad de volver a la Fiscalía.
Además de la presión por la investigación del caso Odebrecht, el nombramiento de un nuevo fiscal electoral pasa por la tensión de los nombramientos que se realizan en el Congreso de la Unión: el reparto de cuotas.
Al ser una posición que “pertenecía” al PRD, la vacante en la Fepade ha despertado las pugnas entre los diversos partidos, pues se han roto los pactos que se llevaron a cabo en la 62 Legislatura para el reparto de las principales posiciones en la Fiscalía General de la República.
Los acuerdos políticos de las bancadas en el Senado determinaron hace unos años que para la Fiscalía General el PRI llevaría la mano; para la Fiscalía Anticorrupción sería el PAN; y para la Fiscalía de Delitos Electorales, el PRD.
Así, fue nombrado Santiago Nieto como titular de la Fepade: un abogado cercano al PRD que, incluso, fue su asesor parlamentario en el Senado.
Otro ingrediente que se suma a las negociaciones dequé hacer con la Fepade pasa necesariamente por los escándalos de enriquecimiento de los líderes de la Oposición que se han revelado en días anteriores.
El más reciente es el del Partido del Trabajo, cuyos líderes han sido acusados de desviar 100 millones de pesos a través de Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) en Nuevo León.
Con todo ese coctel de ingredientes políticos, los senadores deberán tomar una decisión a la brevedad, pues el proceso electoral del 2018 avanza inexorable hacia la jornada del próximo 1 de julio.
Además de la presión por la investigación del caso Odebrecht, el nombramiento de un nuevo fiscal electoral pasa por la tensión de los nombramientos que se realizan en el Congreso de la Unión
Sin acuerdos
El coordinador del PRI, Emilio Gamboa, propuso que de inmediato se publicaran las convocatorias para la selección de un nuevo fiscal electoral y otra para el fiscal anticorrupción, planteamiento que fue rechazado por la Oposición
Ayer, la Junta de Coordinación Política del Senado se reunió durante horas para tratar de resolver qué hacer con el procedimiento para nombrar al nuevo fiscal, pero no llegó a ningún acuerdo.
Luis Sánchez, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara alta, afirmó que no se llegó a ningún entendimiento, pues hay resistencia a ciertos temas.
“No hubo acuerdo en la Junta de Coordinación Política para procesar este tema. Hay acercamientos. Pero lo primero que hay que destacar es que se reconoce que el tema está vigente, que el ejercicio de control constitucional del Senado no se agota con la carta que nos envía Santiago Nieto”, expuso Sánchez.
Los coordinadores Manuel Bartlett, de la bancada del PT; así como Fernando Herrera y el propio Luis Sánchez, del PAN y el PRD, enviaron dos misivas a la Junta de Coordinación Política en las que se pide revisar el asunto de la remoción de Nieto, hecha por Alberto Elías, encargado de despacho de la PGR.
Los senadores habían pedido que se llamara a comparecer a Elías al pleno del Senado pero se acordó que esto se hiciera en la Comisión de Justicia, donde se tendrá que elaborar un informe que después será llevado al Pleno, para votar si el procedimiento del encargado de despacho fue el adecuado o no.
No se votaría la reposición del fiscal, pues al enviar una carta renunciando a su derecho a ser restituido en esa posición, Nieto cerró la puerta para volver a ocupar ese cargo.
Manuel Bartlett sostuvo que el PRI y el PVEM se niegan a que el voto de este asunto sea abierto, pues quieren que sea secreto y es lo que mantiene atorada la negociación.
Ana Lilia Herrera, senadora del PRI y presidenta de la Junta de Coordinación Política, reconoció que no se alcanzó ningún acuerdo y urgió a que se destrabe el proceso a la brevedad para cerrar la puerta a la sospecha.
“Esta Junta de Coordinación Política rechaza tajantemente cualquier insinuación o afirmación en el sentido de que el Senado quiera imponer un fiscal electoral a modo o cualquier otra autoridad a modo”, comentó Herrera.
Herrera señaló que el coordinador del tricolor, Emilio Gamboa, propuso en la reunión de los coordinadores parlamentarios que de inmediato se publicaran las convocatorias para la selección de un nuevo fiscal electoral y otra para el fiscal anticorrupción.
Esto fue rechazado por las bancadas de la Oposición, que pidieron discutir primero si la remoción fue un acto fundado o una arbitrariedad.
Una vez que se vote este asunto, los legisladores decidirán los pasos a seguir para designar nuevamente a un fiscal electoral.
Al enviar una carta renunciando a su derecho a ser restituido en esa posición, Santiago Nieto cerró la puerta para volver a ocupar ese cargo
“Se reconoce que el tema está vigente, que el ejercicio de control constitucional del Senado no se agota con la carta que nos envía Santiago Nieto”
“Esta Junta de Coordinación Política rechaza tajantemente cualquier insinuación o afirmación en el sentido de que el Senado quiera imponer un fiscal electoral a modo”
Piden aclarar remoción
Senadores de Oposición reclamaron al Gobierno federal su resistencia a que se investigue el caso de Odebrecht y la forma arbitraria en que se destituyó a Nieto
En la tribuna del Senado, el único tema que ocupó la sesión de este lunes fue la remoción de Santiago Nieto de la Fepade.
Los senadores de Oposición reclamaron al Gobierno federal su resistencia a que se investigue el caso de Odebrecht y la forma arbitraria en que se destituyó a Nieto.
Mario Delgado, senador del grupo parlamentario del PT, señaló que es vital para el país resolver el asunto de esta investigación a la brevedad porque las implicaciones son graves.
“La presencia de dinero extranjero en la campaña presidencial del 2012 por lo menos introduce la sospecha de que las políticas impulsadas por esta administración pudieran haber estado bajo la presión o influencia de intereses extranjeros, de la injerencia brasileña. Y eso se llama conspiración, se llama traición a la patria (…).
Por eso debe haber una investigación (…) de que la injerencia extranjera en el 2012 no determinó la agenda privatizadora de Enrique Peña Nieto cuando menos en la reforma energética”, dijo en tribuna.
Héctor Larios, senador por el PAN, acusó que no se puede tener confianza en lo que se decida en la Junta de Coordinación Política, pues ahí no están representados la totalidad de los senadores y se debe resolver este asunto crítico para la vida del país.
“Me parece a mí que, si ciertamente es sin pruebas, sin elementos, queda clarísimo que el Gobierno del Presidente Peña Nieto y que él mismo prefieren los costos de la remoción y todo lo que signifique ensuciar el proceso electoral; porque seguramente de ese tamaño es el miedo de la implicación que Odebrecht significa para el propio Presidente de la República”, acusó Larios.
La discusión sobre la remoción de Santiago Nieto pasa también por las atribuciones de Alberto Elías como encargado de despacho de la PGR.
El senador independiente Alejandro Encinas expuso que la carta en la que Nieto renuncia a volver a la Fepade no debe servir para dar carpetazo al caso.
“Independientemente del desistimiento, es necesario, en primer lugar, aclarar si el actual encargado de despacho cumple los requisitos de ley para asumir el encargo, toda vez que la ley establece que para ser Procurador General de la República se requieren diez años de ejercicio profesional, de los cuales el actual encargado sólo acredita seis al momento de haber recibido su cédula profesional.
“De la misma forma, este Senado debe acreditar si realmente tiene competencia el encargado para remover al Fiscal, ya que de acuerdo a la reforma constitucional del 2016, se estableció como una facultad exclusiva la de la remoción por parte del Procurador General, no del encargado de despacho”, explicó en tribuna.
Los senadores deberán resolver este asunto hoy martes, pues a partir del miércoles comenzarán un puente feriado por el Día de Muertos, lo que llevará esta decisión hasta la siguiente semana.
Héctor Larios, senador por el PAN, acusó que no se puede confiar en lo que se decida en la Jucopo, pues ahí no están representados la totalidad de los senadores
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