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Esta semana concluyeron los días en los que policías de San Pedro monitoreaban la entrada de elementos de la Marina, el Ejército y Fuerza Civil.
La intervención por primera ocasión de las comunicaciones del C-4, por parte de Sedena, así como la apertura del alcalde Ugo Ruiz, permitirán que San Pedro y el Estado compartan información.
Por fin, la Procuraduría volverá a tener un destacamento de policías de la Agencia Estatal de Investigaciones en San Pedro, luego de 12 meses.
Y es que este mes se cumplió un año de que el Estado retiró a sus agentes, después de que el exalcalde Mauricio Fernández se enfrentó con el procurador y con el gobernador por la detención de dos policías de San Pedro.
Uniformados que confesaron operar para Los Beltrán Leyva, lo cual encendió a Fernández.
Incluso en aquella ocasión, en junio de 2012, el exmunícipe retó a “madrazos” al procurador Adrián de la Garza y llamó “incompetente” al gobernador Rodrigo Medina.
De hecho, fuentes de la Procuraduría confirmaron entonces que cuando los agentes ministeriales ingresaban al municipio, eran seguidos y monitoreados por los uniformados sampetrinos.
Incluso, en el asesinato del abogado Eliseo Martínez, ocurrido el 26 de abril de este año en San Pedro, la Procuraduría no recibió el aviso de la Policía municipal.
Y la corporación sampetrina sabía desde una noche antes sobre la desaparición del abogado.
Pero además de la entrada de los ministeriales, que anteriormente tenían que ingresar al municipio encubiertos, ahora toda la información del C-4 también podrá ser vista a través del C-5 que controla el Estado.
Porque en este caso tampoco había cooperación entre la administración de San Pedro de Mauricio Fernández y el gabinete de seguridad estatal.
De hecho, durante su administración municipal, Fernández llegó a amenazar al Estado públicamente cuando se tocaba el tema de la colaboración.
“A San Pedro que no traten de entrar o se las ven con la Policía de San Pedro”, decía el munícipe, “¿qué tiene qué ver San Pedro con los demás municipios metropolitanos?”.
Actualmente está en prisión, en el Penal de Cadereyta, uno de los uniformados que el exalcalde defendió en junio de 2012.
Detención que realizó la Policía Ministerial y arreció el conflicto en materia de seguridad entre Estado y Municipio.
Las amenazas
Tres capítulos, al menos, enfrentaron a Mauricio Fernández con el Estado exclusivamente en materia de seguridad.
Uno, porque San Pedro no entregó a unos detenidos a la AEI, otro por la aprehensión de dos policías sampetrinos y el tercero porque Mauricio acusó a la Procuraduría de revelar su confesión sobre el secuestro de Hernán Belden.
El primer conflicto se debió más a un pleito entre corporaciones, que a un encubrimiento o a un delito de alto impacto.
En enero de 2010 detuvieron en San Pedro a unos jóvenes que portaban un rifle de diávolos para dispararle a los gatos, y cuando la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado pidió que se los entregaran, los municipales se negaron.
Pero luego de amenzas entre las autoridades estatales y municipales, en junio de 2012 la relación terminó totalmente y la Procuraduría sacó a sus agentes del municipio.
Se trató de la detención de dos uniformados sampetrinos, que habrían dejado escapar a un robacoches.
Fue la aprehensión de los uniformados de San Pedro Héctor Eduardo Balleza, de 24 años, y Jorge Eduardo Garza Castillo, de 29, efectuada el 11 de junio de 2012.
Todo empezó porque un particular, Luis Carlos Cantú González, siguió a dos sujetos que habían despojado del vehículo a su hija Verónica Cantú Ríos.
La joven circulaba en una camioneta Odyssey entre los límites de Monterrey y San Pedro, cerca de la avenida Lázaro Cárdenas.
Y fue despojada del vehículo por dos sujetos que la bajaron amenazando con dispararle.
Ella avisó del asalto a su padre Cantú González y cuando éste acudía a ver lo que ocurrió, vio a dos sujetos a bordo de la camioneta de su hija.
Cantú González le marcó el alto a una patrulla de San Pedro para decirle lo ocurrido.
Mientras él veía a la distancia lo que pasaba, vio que uno de los hombres bajó de la camioneta que le acababan de robar a su hija, y luego de saludar a los policías, se retiró de Valle Oriente.
Entonces Cantú González gritó a los policías que se estaba escapando uno de los asaltantes, pero éstos le dijeron que por su seguridad trepara a su auto y no se acercara.
Así escapó uno de los asaltantes, mientras otro se quedó arriba de la camioneta robada.
Posteriormente, los policías de San Pedro Héctor Eduardo Balleza Vázquez y Jorge Eduardo Garza Castillo fueron detenidos por agentes ministeriales, acusados de haber permitido que los ladrones de autos se dieran a la fuga en Valle Oriente.
Entonces Mauricio Fernández negó que fueran culpables los uniformados y se lanzó contra el gobernador Medina y el procurador De la Garza.
“Reto al Procurador a madrazos, a ver cuántos aguanta a que me firma lo que yo quiera”, desafió Fernández, al afirmar que los uniformados sampetrinos detenidos el lunes fueron golpeados para que declararan que dejaron escapar a un par de ladrones de vehículos.
“¿Cómo no van a estar confesos a madrazos? Dile –al procurador- que yo también lo hago que confiese lo que quiera, el idiota. Que me lo pongan de frente a madrazos, a ver si no me firma lo que yo quiera”.
Y la Procuraduría sacó a sus agentes de la AEI de San Pedro.
Pero el tercer capítulo de este conflicto fue cuando Mauricio Fernández adelantó el secuestro, que terminó en homicidio, del exdiputado panista Hernán Belden.
Cuando se publicó en Reporte Indigo que quien había dicho al alcalde sobre la desaparición de Belden fue Ugo Ruiz, entonces Fernández acusó a la Procuraduría de haber revelado el contenido de su declaración.
Fernández llamó “hocicones” a las autoridades estatales, pero para cuando ocurrió esto ya la relación entre Estado y Municipio había tronado cuatro meses antes por la aprehensión de los uniformados sampetrinos.