La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción perfila que los reglamentos municipales para combatir la corrupción incluyan una base de datos de los funcionarios y particulares involucrados en este tema, así como en enriquecimiento ilícito.
Se trata de crear una plataforma digital de servidores públicos y privados que tengan sanciones, un sistema de devolución fiscal, declaración de intereses y constancia de declaración fiscal. También se plantea un registro de todos los funcionarios públicos involucrados en la contratación de obras públicas para tener bases de las auditorías de las finanzas públicas municipales.
“Se propone que el municipio alimente la plataforma digital nacional con la información, datos y documentos pertinentes y necesarios para ser incorporados al Sistema Estatal de Información, tales como un sistema de devolución fiscal, declaración de intereses, constancia de declaración fiscal, sistema de servidores públicos que intervengan en contrataciones públicas, sistema de denuncias públicas por faltas administrativas y un sistema de funcionarios y particulares sancionados”, señala el documento en poder de Reporte Índigo.
Los municipios de Nuevo León tendrán la obligación de incluir estos requerimientos en el Reglamento Municipal Anticorrupción. Con esto se abre la puerta para monitorear la evolución patrimonial de los funcionarios, así como de los particulares.
Toda esta información ingresará al Sistema Estatal de Información, por lo que cualquier ciudadano podrá tener acceso. Hoy en día no existe transparencia sobre el estado patrimonial de los funcionarios públicos o si tienen con algún conflicto de interés con algún proveedor.
El documento señala que toda esta información se subirá también a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Anticorrupción, que será operada a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, órgano que se encarga de alimentar todo el historial a nivel nacional de sanciones administrativas o hechos de corrupción. La intención, revela la guía, es que los particulares y funcionarios no puedan participar en otras entidades federativas.
El documento también advierte que los municipios tienen que incluir en sus reglamentos anticorrupción un código de ética de los funcionarios públicos, ya que actualmente no cuentan con un régimen de conducta adecuada.
“La administración municipal está obligada a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Gobierno Municipal y la actuación de ética y responsable de cada servidor público”, cita la guía
De acuerdo con el Seguimiento a Sistemas Locales Anticorrupción de las Entidades Federativas, con actualización al 19 de abril de 2019, 28 estados presentan avances en la implementación de los sistemas locales en cuanto a la adecuación legislativa y el Comité Coordinador.
Sin embargo, entre éstos no está Nuevo León. La entidad sólo cuenta con la conformación de las instancias del sistema local, es decir, Comisión de Selección, Comité de Participación Ciudadana, fiscal anticorrupción, magistrados y Secretaría Ejecutiva.
Confianza en la adecuación y reglamento
Joaquín Ramírez de la Cerda, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, considera que los municipios adecuarán estas propuestas en su Reglamento Municipal Anticorrupción.
Aunque la mayoría de los ayuntamientos no ha formulado esta normatividad, el secretario sostiene que los alcaldes están en la mejor disposición de cumplir con la adecuación establecida en la Ley de Responsabilidad Administrativa y la Ley Estatal Anticorrupción.
“Ya está en la Ley de Responsabilidad Administrativa y en la Ley Anticorrupción, la idea es que los reglamentos se adecúen a estas dos leyes, considero que en este año todos los municipios tengan su reglamento”, afirma en entrevista con Reporte Índigo.
Sin embargo, el plazo para que los municipios emitieran sus reglamentos ya venció debido a un desfase con el Sistema Estatal Anticorrupción.
“El término que fijó la Ley ya se venció, se dieron 180 días para que emitieran sus reglamentos, no es como un desinterés de los municipios, más bien es por el desfase que tuvo la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción”, dice.
Hasta el momento, sólo el municipio de Guadalupe, a cargo de la priista de Cristina Díaz, ha sido la única alcaldía que ha formulado su Reglamento Municipal Anticorrupción.
“Estamos ofreciendo a los municipios apoyo para elaborar sus reglamentos anticorrupción de acuerdo a su capacidad presupuestal, el municipio es autónomo en la emisión de sus reglamentos, no puedo imponerles uno, pero sí puedo orientar. Hasta el momento no hemos tenido algún pronunciamiento de algún municipio que no quiera formular su reglamento o entrar al Sistema Estatal Anticorrupción y sí hay muchos que están interesados en la orientación”, señala Ramírez de la Cerda.
Ayer, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción estuvo en el municipio de Allende para orientar sobre la creación del Reglamento Municipal Anticorrupción.
