La remoción de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), la renuncia de Raúl Cervantes como procurador general de la República y la vacante para el puesto de Fiscal Anticorrupción desataron en el terreno político un juego de negociaciones.
Al coctel de pendientes se suma la batalla que existe entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) y las recientes acusaciones por presunto lavado de dinero al interior del Partido del Trabajo (PT).
Las resultados que deriven de los enfrentamientos para desahogar los pendientes entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su fiel aliado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) contra los llamados partidos de oposición -PAN,PRD, MC, Morena y el PT determinarán en gran medida el futuro y bienestar de México.
Con la amplia variedad de temas por resolver, en un primer nivel de urgencia se encuentra la designación de un nuevo titular de la Fepade, hecho que se encuentra en manos del Senado y en donde los legisladores de las distintas bancadas no han logrado llegar a un acuerdo para determinar cuál será el método para llevar a cabo el nombramiento.
La única idea que los senadores han dicho compartir es que la persona a la que se elija debe ser independiente del Gobierno federal y no militar con ningún partido, de lo contrario sus labores, más que garantizar unas elecciones transparentes y libres de corrupción, podrían derivar en la opacidad aumentando la ya imperante desconfianza ciudadana hacia las autoridades del país.
“No nos podemos dar el lujo de estar sin un fiscal, tenemos descabezada la justicia en México, no hay procurador general de la República, no hay Fiscal General de la Nación, no hay Fiscal de delitos electorales. Necesitamos que se nombre un fiscal para los delitos electorales de forma urgente”, sentenció en rueda de prensa Marko Cortés, coordinador de los diputados del PAN.
El tiempo corre y el proceso electoral continúa su rumbo. La presión de los diversos actores políticos y de la ciudadanía para que el nombramiento del titular de la Fepade se dé lo antes posible pone presión en los partidos y en los senadores que los representan convirtiendo el tema en un carta cada vez más poderosa dentro de todas las negociaciones pendientes.
Al coctel de pendientes se suma la batalla que existe entre el INE y el TRIFE y las recientes acusaciones por presunto lavado de dinero al interior del Partido del Trabajo
“No nos podemos dar el lujo de estar sin un fiscal (...). Necesitamos que se nombre un fiscal para los delitos electorales de forma urgente”
INE vs. TRIFE
Mientras el INE está tratando de evitar una conducta fraudulenta en Coahuila, el TRIFE, que debería apuntar en la misma dirección, se encuentra defendiéndola para aparentemente favorecer al partido oficialista
La falta de respaldo del TRIFE al INE en su intento por implementar normas claras que regulen la actuación de los partidos políticos, de sus militantes y que garanticen un proceso transparente en las próximas contiendas electorales puso en evidencia el conflicto entre ambas instituciones. Un hecho que tiene secuestrado el resultado de las elecciones a gobernador en Coahuila.
La batalla legal entre el candidato electo del PRI, Miguel Ángel Riquelme, y el exrepresentante de la coalición PAN-PRD, Guillermo Anaya, para determinar quién se queda como primer mandatario del estado es otro de los tantos pendientes que mantienen en vilo a la ciudadanía y podría terminar siendo utilizado para negociar la implementación de algunos de los tres fiscales ausentes.
En el último dictamen de la Comisión de Fiscalización del INE se determinó que el priista Miguel Ángel Riquelme sí rebasó por más del 5 por ciento el tope de gastos de campaña. Esto quiere decir que la posibilidad de que se anule la elección otra vez se encuentra sobre la mesa.
La decisión fue festejada por Guillermo Anaya y sus seguidores, sin embargo, los priistas salieron a defender su postura y mediante un comunicado advirtieron que la decisión de la Comisión de Fiscalización del INE se tomó sin que a Riquelme se le respetara su derecho de audiencia, por lo que pidieron que el INE deseche la resolución emitida o de lo contrario recurrirán ante el TRIFE una vez más.
En el pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue quien impidió que los comicios se anularan argumentando que la manera en la que el INE determinó que efectivamente Riquelme había rebasado el tope de gastos de campaña fue errónea.
El veredicto fue visto tanto por la Oposición como por la ciudadanía como una clara defensa a la corrupción y a la impunidad, ya que mientras el INE está tratando de evitar una conducta fraudulenta, el TRIFE, que debería apuntar en la misma dirección, se encuentra defendiéndola para favorecer al partido oficialista.
La carta del PT
Mientras el resto de los conflictos se desarrollan, un nuevo caso sale a la luz. Las acusaciones por lavado de dinero y por la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita al interior del Partido del Trabajo (PT) son un nuevo factor que ya se encuentra en juego.
Actualmente el partido de izquierda es la tercera bancada más fuerte en el Senado y su bandera se encuentra junto con el resto de los partidos de oposición. Pero tras estas nuevas acusaciones, las cuales ya están siendo investigadas por la Procuraduría General de la República, el apoyo del partido podría cambiar de dirección.
El año pasado el PT estuvo a punto de desaparecer y no fueron sus actuales aliados quienes lo salvaron del desvanecimiento, sino el PRI. Una carta que el partido que ostenta el poder todavía tiene bajo la manga y que podría significar la diferencia durante las negociaciones para elegir a cualquiera de los tres fiscales que están pendientes.
El PT es el as bajo la manga del PRI y podría significar la diferencia durante las negociaciones para elegir a los tres fiscales
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