La Fiscalía General de la República (FGR) desmintió los dichos del exsecretario del de Economía y diputado electo por el PRI, Ildefonso Guajardo Villarreal, quien asegura que la vinculación a proceso en su contra forma parte de una estrategia de persecución política.
“Son absolutamente falsas las afirmaciones del señor Ildefonso G y de su abogado, en el sentido de que el caso huele a persecución política y de que no se les ha dado acceso a las pruebas”, apuntó la Fiscalía en un comunicado.
Añadió que la denuncia fue presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde octubre de 2020 y que la carpeta de investigación se le dio a conocer el 8 de marzo pasado, “otorgándole acceso a todas las pruebas aportadas; lo cual se ha continuado, de manera permanente, hasta el día de la audiencia”.
Argumentó que la acusación principal contra Guajardo es por una cuenta en el extranjero con poco más de 8 millones de pesos. En ese sentido, el diputado electo argumenta que se trató de un depósito correspondiente a su parte de la herencia de su madre; pero la FGR apunta que “él entregó la escritura sobre ese tema en la que su mitad no corresponde, de ninguna manera, con la cantidad que dice haber depositado por ese origen”.
Asimismo, apuntó que un Juez de Control le volvió a dar la oportunidad para aportar las pruebas sobre ese dinero y pedir un aplazamiento procesal, pero él no lo hizo. La FGR lo acusa de presentar las pruebas públicamente para “argumentar algún tipo de persecución política” y “dicha estrategia, por su propio peso, demostrará cuál es la verdad sobre ese particular”.
Esto fue lo que dijo Guajardo
“Estoy lo más tranquilo del mundo, tengo una imagen pública de honorabilidad y simplemente considero que esto es una persecución política”, declaró el exsecretario cuando la FGR anunció su vinculación a proceso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
En entrevista con W Radio, Guajardo añadió que el objetivo de la FGR es impedir su toma de protesta como diputado en septiembre próximo.
Sin embargo, el juez negó la solicitud bajo el argumento de que “un poder no puede incidir en otro poder”. La persecución política, dice, es debido a las cosas que llegó a decir durante su campaña en Nuevo León, así como su triunfo en el estado.
A Ildefonso Guajardo se le acusa por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito, bajo el argumento de que “durante los años 2014 y 2018 este individuo, como servidor público, probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su legal origen”.
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— FGR México (@FGRMexico) July 10, 2021