Sin filias ni fobias

El proceso electoral del próximo 4 de junio en el Estado de México, Coahuila, Veracruz y Nayarit, se observa particularmente complicado, no solo porque ya se presenta como el termómetro de las votaciones presidenciales del 2018, sino por la alta competitividad electoral y la amenaza del uso de recursos públicos con fines electorales.

En ese contexto, un actor fundamental del proceso será la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, la que se observa más activa que nunca en la persecución de los delitos electorales.

El titular de esta fiscalía, Santiago Nieto Castillo aseguró que no habrá tregua para nadie que infrinja la ley y trate de influir de manera ilícita en los resultados electorales.

Nieto Castillo dijo además que está dispuesto a cumplir, sin importar las consecuencias, con la función encomendada, para garantizar que los comicios venideros se ajusten en el plano de la legalidad y la transparencia y que abonen al fortalecimiento de la democracia en el país.

Por eso, indicó,  la Fepade realiza un trabajo “sin filias ni fobias”. No importa qué actor político, funcionario público o partido se tenga que perseguir y no importa si la infracción es del mismo partido del presidente de la República.

“Vamos a ir contra quien haya cometido un ilícito, no tenemos ni juicios sumarios ni absoluciones sumarias. No importa quién sea el infractor”, detalló.

Como encargado de órgano perseguidor de los delitos electorales, Nieto Castillo ya comenzó a dar muestras de que van en serio: a la fecha, la Fiscalía ha integrado 479 expedientes de posibles ilícitos en los cuatro estados con procesos electorales en puerta.

Veracruz es el que mayor cantidad de expedientes incriminatorios registra. Allí se han integrado 266 averiguaciones previas y 42 carpetas de investigación, que en su mayoría tienen que ver con actos de alteración al Registro Nacional Electoral, muchos de ellos propiciados desde la administración del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa.

La segunda entidad con mayor incidencia de posibles delitos electorales es el Estado de México, en donde se han podido integrar 10 averiguaciones previas y 131 carpetas de investigación, que han generado un total de 141 expedientes incriminatorios. La mayoría de las denuncias también versan sobre la alteración al registro electoral.

Coahuila, en donde recientemente la Fepade decomisó colchonetas, despensas y cobijas, retenidas por la administración de Torreón para entregarse en apoyo al candidato del PRI a la gubernatura, se ha iniciado una averiguación previa y 24 carpetas de investigación.

En tanto en Nayarit, aunque sólo se ha iniciado una averiguación previa y cuatro carpetas de investigación, podría ubicarse uno de los mayores ilícitos de este proceso electoral, pues la Fepade investiga al candidato independiente Hilario Ramírez, “Layín” por el uso de recursos ilícitos.

Una de las líneas de investigación en ese caso apunta al manejo de fondos entregados por el ex fiscal Edgar Veytia.

“(En este caso) hay la presunción de manejo de recursos ilícitos, que es un delito equiparable al lavado de dinero, y se investiga con otras instancias institucionales que tienen injerencia sobre esta materia”, explicó Nieto Castillo.

El fiscal agregó que no se descarta que los fondos de financiamiento a la campaña de “Layín”, provengan del ex fiscal acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

¿Una elección sucia?

Proporcionalmente, la elección local que viene para el Estado de México, Coahuila, Veracruz y Nayarit es una de las que más expedientes de ilícitos electorales registra.

A solo unos días de iniciado el periodo de campañas, ya se han sumado 479 indagatorias, contenidas en 278 averiguaciones previas y 201 carpetas de investigación, por posibles delitos electorales.

Esta cifra es alta, si se considera que en el proceso electoral del 2015, cuando hubo elecciones en 14 estados del país, la Fepade integró 2 mil 026 indagatorias, de las cuales el 92 por ciento fueron por alteración al Registro Nacional Electoral y solo el 8 por ciento por compra de votos, condicionamiento de programas institucionales y obstrucción de la autoridad electoral.

Al inicio de las campañas electorales de los cuatro estados con comicios en el 2017, de acuerdo a cifras de la Fepade, apenas el 28 por ciento de las investigaciones iniciadas tienen que ver con alteración al registro electoral, en tanto que el 72 por ciento de las indagatorias acusan la posibilidad de compra de votos, condicionamiento de programas sociales y peculado electoral, “delitos que están relacionados con actividades de partidos y funcionarios públicos”.

De acuerdo a Nieto Castillo, las investigaciones por posibles ilícitos electorales que se llevan a la fecha significan poco más del 23 por ciento en relación a las registradas en todo el proceso electoral del 2015. Sólo que ahora son únicamente cuatro estados y no 14.

Aún así, el Fiscal no anticipó juicios sobre una elección sucia. Más bien señaló un cambio en la dinámica de los delitos electorales.

“Es que se reciben más denuncias, y se inician más carpetas con temas no relacionados con el registro electoral, sino con la jornada electoral”, explicó. “Yo diría que se apunta como una elección en donde la ciudadanía presenta más denuncias”.

Y eso se sustenta en las estadísticas: nunca, como hasta ahora, la Fepade había hecho tan notorio su trabajo de persecución del delito electoral, en donde desde ministros de culto hasta funcionarios públicos de primer nivel han sido llevado a la justicia penal electoral.

Dos casos emblemáticos

Uno de los casos que han posicionado al organismo como autónomo en la persecución de los delitos electorales, es el del exdirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y exsubsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega.

A este exfuncionario, la Fepade logró procesarlo y obtuvo una orden de aprehensión al señalarlo como responsable de violar la ley electoral, luego que se demostró que celebró un contrato con una empresa para la entrega indebida de 10 mil monederos electrónicos para coaccionar el voto.

A causa del señalamiento de la Fepade, Escobar y Vega fue separado de la subsecretaría de Gobernación para encarar la acusación sin el cobijo institucional.

Aún cuando la orden de aprehensión girada en contra del exlíder del PVEM no causó efecto, a la fecha este funcionario se mantiene alejado de la vida política.

Otro caso en donde la Fepade tuvo éxito fue en el del secretario de Desarrollo Social de Colima, Rigoberto Salazar Velasco, a quien se le señaló por el presunto uso de programas sociales, a favor del candidato del PRI en la pasada elección de gobernador.

Salazar Velazco fue absuelto por el tribunal unitario del Trigésimo Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación, pero, la intervención de la Fepade hizo que el proceso electoral local fuera anulado y reprogramado.

“Lo que puedo decir, es que (desde la Fepade) se actúa con imparcialidad, sin filias ni fobias, para que se sancione a quienes han cometido delitos. No perseguimos partidos sino delitos”, remarcó.

Política de ‘corte parejo’

Santiago Nieto Castillo, es mesurado. Mide bien sus palabras. Las razona. Habla despacio, pero firme. No hay rastro de emociones en su rostro. Clava la mirada, para que anclen sus palabras. Resalta que no va contra nadie en especial, pero tampoco va a tolerar delitos electorales durante su gestión. Es una especia de política de “corte parejo”.

“Hemos actuado contra funcionarios del PAN, Consejeros Electorales, funcionarios del PVEM, contra el PRD, contra del PRI, en contra de Movimiento Ciudadano… se trata de actuar con imparcialidad para acreditar la conducta delictiva”, explicó.

Aseguró que no tiene miedo de tocar intereses. El titular de la Fepade está cierto de su trabajo. “Yo creo que la función de fiscal no es para hacer amigos, es una función incómoda para muchas personas, es una función no reconocida en términos de afectos, pero se trata de hacer valer la ley, y esto implica estar en situaciones encontradas”.

Los delitos electorales, explicó, son conductas particularmente relevantes: la compra de votos, el condicionamiento de programas sociales, lo que hacen es plantear que es una dádiva del gobierno, pero se trata de un derecho a la población, en razón de lo establecido en la Constitución.

“Por eso es muy importante señalar que no se pueden utilizar programas oficiales con fines electorales”, insistió.

En Coahuila, contra PRI

En Coahuila, un estado gobernado por el PRI, la Fepade ha iniciado 24 carpetas de investigación: una en Monclova, dos en Piedras Negras, una Ramos Arizpe, 14 en Saltillo y una en San pedro. Allí también ya se inició una averiguación previa, en el municipio de Sabinas.

De todas las indagatorias, se ha fincado responsabilidad contra el PRI en tres expedientes. Mientras que el PAN ha sido el denunciante en la integración de cinco carpetas, donde los ilícitos van desde recoger credenciales para votar de los ciudadanos, condicionar la prestación de servicios públicos, destinar bienes públicos en apoyo o perjuicio de candidatos, hasta proporcionar apoyo oficial a candidatos o partidos políticos.

El caso más destacable es el manejo indebido de recursos y apoyos que otorgó el Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), consistente en más de 13 mil colchonetas, despensas y cobijas, las que no se entregaron a la población por parte del Gobierno municipal de Torreón, con la intención de distribuirse con fines electorales, a favor del candidato del PRI al gobierno estatal.

Estado de México, ‘Turismo Electoral’

A unos días de iniciadas campañas electorales en el Estado de México, la Fepade ha iniciado ya 131 carpetas de investigación, de las que 112 son por alterar el Registro Federal de Electores, con la práctica del turismo electoral, es decir, cuando un ciudadano de otro estado falsea datos para registrase en la entidad.

También se iniciaron tres carpetas de investigación por recoger credenciales a los ciudadanos; tres, por solicitar votos por paga; siete, por destinar bienes públicos a favor de candidatos; dos, por alterar o destruir documentos electorales; una, por condicionar la prestación de servicios; una por la designación de funcionarios electorales a cargos de elección; una por ejercer presión para inducir al voto, y otra más por intimidación electoral.

En esa entidad, donde gobierna el PRI, también se han iniciado 9 averiguaciones previas por el delito de alteración al Registro Federal de Electores, y otra más por apoderarse, destruir, alterar, poseer, usar, adquirir, vender o suministrar de manera ilegal materiales públicos electorales.

De acuerdo a la Fepade, la denuncia del partido Movimiento Ciudadano ha hecho que se abra un expediente por posibles ilícitos electorales, el PRD ha denunciado también dos ilícitos, Morena uno y el PAN otro más, donde ha resultado inculpado en cuatro ocasiones el PRI y en una el PRD.

Nayarit, los fondos ilícitos

En Nayarit se han abierto cuatro carpetas de investigación; una por los posibles ilícitos de obstaculización al desarrollo del proceso electoral, otra por solicitar voto por paga y dos más por realizar, destinar o recibir aportaciones de dinero ilícito a favor de algún candidato, cuando existe una prohibición legal para ello.

Aquí también se ha iniciado una averiguación previa por altear el registro electoral, el que ocurrió en el municipio de Ixtlán del Río, en tanto que las carpetas de investigación abiertas se han radicado en los municipios de Acaponeta, San Blas y Tepic, donde el asunto relevante es el programa de Seguro Alimentario, manejado por el gobierno estatal a favor del candidato del PRI.

Veracruz, primero en irregularidades

De las cuatro entidades que celebrarán elecciones en junio, Veracruz es en la que más averiguaciones previas y carpetas de investigación por posibles delitos electorales registra; aquí se han abierto un total de 308 expedientes, de los que 266 son averiguaciones previas y 42 son carpetas iniciales de investigación.

En el estado, el PAN ha sido denunciante de un acto de alteración del registro electoral, y el PRD denunció el apoderamiento de documentos electorales en el municipio de Tantoyuca; de los expedientes abiertos, al PAN se le ha fincados responsabilidad en uno de ellos, y al PRI, junto con el partido local Alternativa Ciudadana, se le ha fincado responsabilidad en otro más.