[kaltura-widget uiconfid=”38728022″ entryid=”1_gf32xqj5″ responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] La justicia en materia de delitos electorales cometidos en el país enfrenta una evidente falta de efectividad en su labor de dar solución a las denuncias que se presentan de cara a las elecciones más grandes de la historia de México.
Según datos del quinto informe de actividades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el organismo contaba en junio del año pasado con 3 mil 580 averiguaciones previas en curso, incluyendo las del primer semestre de 2017 y el rezago acumulado desde 2014.
De esos 3 mil 580 asuntos, el año pasado, la Fepade sólo obtuvo 542 consignaciones, lo que representa el 15 por ciento; 50 sentencias condenatorias, lo que no equivale ni al 2 por ciento del total, y logró 167 órdenes de aprehensión de un juez que significan sólo el 5 por ciento
Durante la primera mitad del año pasado, en 443 averiguaciones se dictó el no ejercicio de la acción penal, 44 casos se reservaron y en 16 se declaró incompetencia.
Además la Fepade acarrea un rezago anual en promedio de 3 mil 800 asuntos sin resolver desde el año 2014 y hasta el 2016
“Vemos que las denuncias vienen en aumento y que se intensifica la cantidad durante los años de elecciones federales. Pero no sólo eso, sino que más de la mitad de esos expedientes terminan o desechados o no llegan a la última instancia por alguna razón”, explica Ximena Mata Zenteno, consultora de Integralia Consultores.
Es común ver que en meses o en años posteriores a elecciones la Fepade concluya expedientes, asegura Mario Campos Cortés, experto en temas de comunicación política y académico de la Universidad Iberoamericana.
“El tema de la impunidad en materia electoral es uno de los grandes pendientes. Así como hemos avanzado en cuestiones como la organización de los debates, tenemos que reconocer que en lo que se refiere al castigo de los delitos electorales todavía hay mucho que hacer”
Entre los casos más recientes que la Fepade se ha visto obligada a investigar se encuentra el de las llamadas contra el candidato Andrés Manuel López Obrador, y en las cuales, hasta se ha utilizado la voz del historiador y escritor Enrique Krauze sin su autorización. Hecho que llevó al intelectual a interponer su denuncia.
Fepade sin dientes
Con tal de ganar los comicios, los partidos políticos, candidatos o ciudadanos que sirven de apoyo electoral, buscan por todos los medios convencer a la gente de votar a su favor, aunque ello implique violar las leyes e incluso hacerse acreedores a un castigo.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) contempla castigos por delitos como la compra del voto, el condicionamiento de programas sociales o por dar aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un candidato que van de 6 meses hasta 15 años de prisión y sanciones económicas que oscilan de 50 hasta 5 mil días de multa por Unidad de Medida (UMA), en donde una unidad equivale a 80 pesos.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ha hecho su labor en lo que a investigar se refiere, sin embargo, cuando se trata de aplicar castigos, su trabajo ha dejado mucho que desear
No obstante, al no existir una eficiente acción de justicia en las demandas, se motiva a que se sigan cometiendo ilícitos, sobre todo por parte de los partidos políticos, afirma Ximena Mata Zenteno, consultora de Integralia Consultores.
“El problema es que las multas funcionan como una especie de cuota que los partidos están dispuestos a pagar. Les conviene cometer la falta, pagar la multa, pero asegurar el triunfo de la elección. No les representa gran cosa pagar el 4 por ciento de su financiamiento público que además ni siquiera lo pagan, sino que lo dejan de recibir, entonces tampoco es algo que deban reembolsar”
Los delitos considerados más relevantes por su impacto, al menos en las elecciones a gobernador realizadas entre el 2016 y el 2017, fueron el condicionamiento del voto mediante programas sociales, el turismo electoral y las conductas delictivas en el financiamiento de campañas, según el estudio “Dinero bajo la mesa” elaborado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad e Integralia Consultores.
En la investigación se detalla que el condicionamiento del voto con respecto a la entrega de apoyos mediante programas sociales entre el periodo señalado se dio en mayor medida en las zonas más marginadas del país.
El estudio también revela que existe una correlación entre el ilícito de condicionar los programas sociales a cambio de votos y la pobreza de algunas comunidades, ya que en las seis entidades más marginadas del país son en las que se presentaron cifras más altas de este delito.
Para el extitular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, las penas no son suficientes para contener los actos ilegales durante los procesos electorales.
“Sí las penas son muy bajas los delitos que son cometidos por cualquier ciudadano, los cuales se castigan con penas de 6 meses a 3 años de prisión y con multas económicas de 50 a 100 Unidades de Medida, hacen que en ocasiones se den sólo sanciones menores.
Yo considero, y así se planteó en su momento, que los casos relativos a actos de corrupción de servidores públicos, cuando se cometan a través de una red de corrupción de funcionarios, tendría que ser considerado como grave y ameritar prisión preventiva oficiosa. Creo que en esa medida podríamos generar que los partidos políticos, los candidatos y los servidores públicos no cometan delitos electorales”, apunta Nieto Castillo.
En contraste con la idea de que el hacer más severas las penas pueden disminuir los delitos electorales, Mario Campos reflexiona que hay que resistir la tentación de aumentar los castigos e insiste que el problema es la impunidad.
“A veces pensamos que la promesa de un mayor castigo va a ser suficiente para disuadir que se realice una conducta, cuando en la realidad lo que inhibe la comisión de un delito no es el tamaño de la sentencia, sino la certeza de que va a haber un castigo. Mientras exista impunidad, no importa qué tanto agreguemos al castigo, porque la posibilidad de que no te toque es tan alta que vale la pena correr el riesgo ante lo que puedes ganar”, expresa Campos.
Llamadas anti-AMLO
A principios del mes de junio en redes sociales y medios de comunicación comenzó a circular la información de que miles de ciudadanos estaban recibiendo llamadas con señalamientos en contra del candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Tras el amplio número de denuncias públicas por parte de la ciudadanía, el 7 de junio la Fepade y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lanzaron un comunicado en conjunto en el que exhortaron a quienes recibieran llamadas con mensajes en contra de algún candidato a que lo dieran a conocer ante las autoridades correspondientes.
La denuncia sería, según el comunicado, por concepto de “uso de datos personales con fines proselitistas a favor o en contra de los candidatos a la presidencia de la República, así como cualquier acto que viole la norma electoral”.
La Fepade aseguró que ya se encuentra investigando las llamadas contra el abanderado presidencial de Morena
Un día después de haberse lanzado el comunicado, el titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, dijo en una entrevista radiofónica que la Fiscalía ya se encontraba realizando las investigaciones en torno a las llamadas.
Díaz Santana explicó también que el delito electoral estipulado por el INAI y la Fepade no es considerado “grave” y por lo tanto, la pena que amerita es de una multa o la prisión de seis meses a tres años.
La violación a la LGMDE correspondiente a la acción de hacer llamadas para afectar a un candidato se encuentra estipulada en la fracción VII del artículo 7, la cual señala que quien “solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza presione a otro a asistir a eventos proselitistas o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición”, será acreedor a una multa de 50 a 100 días de multa, lo que equivale a un pago de entre cuatro y ocho mil pesos, o penas de seis a tres años en prisión.
Hace dos días, el historiador Enrique Krauze, dio a conocer que para algunas de estas llamadas se estaba utilizando su voz sin su autorización, por lo que informó a las autoridades al respecto e interpuso una denuncia ante la Fepade para que se atendiera el caso
En su cuenta de Twitter el escritor publicó un mensaje en donde dijo que repudia la utilización de su voz para enviar este tipo de mensajes.
“Repudio la utilización de mi voz y la edición arbitraria de un mensaje en la despreciable campaña telefónica. NUNCA lo autoricé”.
Uno de los casos más recientes donde se han presentado decenas de denuncias ante la Fepade es por las llamadas vía celular que cientos de ciudadanos recibieron para tratar de disuadirlos de votar por el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador
Al respecto, la Fepade informó que ya investiga las denuncias por las llamadas que se reciben en los teléfonos celulares en las que se ataca al candidato Obrador.
El Instituto Nacional Electoral también ha hecho lo propio y llamó a la ciudadanía a comunicarse con la Fepade si piensan que las llamadas atentan contra su libertad de sufragio.
La compra del voto
El miércoles 6 y el jueves 7 de junio, cientos de personas hicieron fila afuera de la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la colonia Buenavista de la Ciudad de México.
Los asistentes llegaron en camiones de diversas partes de la zona metropolitana, principalmente del Estado de México para presuntamente recibir dentro del CEN tricolor: 500 pesos a cambio de una copia de su credencial de elector.
Al salir, las personas que recibieron el dinero traían consigo sus aparatos celulares envueltos en cinta adhesiva que, de acuerdo con diversos medios, era para evitar que al interior del inmueble priista se tomaran fotos.
A lo largo del proceso electoral varios partidos políticos han sido acusados de utilizar recursos públicos para recibir apoyos por parte del electorado y así buscar garantizar una victoria de cara al 1 de julio
El 11 de junio, el consejero electoral Marco Antonio Baños dijo a medios de circulación nacional que el Instituto Nacional Electoral (INE) estaba investigando el acto efectuado en las oficinas del PRI tras una queja.
Baños Martínez explicó que lo ocurrido en el CEN del PRI constituía una falta a la legalidad, ya que está prohibido que los partidos políticos soliciten datos personales.
Pese a que en la LGMDE no aparece la figura de que la petición de copias de credenciales de elector a cambio de dinero constituya un delito electoral, la fracción V del artículo 7, señala penas de seis meses a tres años de prisión y el pago de una multa de 50 a 100 días de UMA´s a quien “recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos”.
Sin embargo, el PRI no ha sido el único partido acusado de tratar de comprar votos.
Que los partidos den dinero para obtener credenciales de elector constituye una falta a la legalidad ya que está prohibido que éstos soliciten datos personales
El 14 de junio la candidata al Senado por el Revolucionario Institucional, Beatriz Pagés, acusó a Morena y al PRD de comprar votos en la capital del país con recursos que no registran y que deberían de ser objeto de una investigación sobre el origen de los mismos.
Ante este tipo de hechos, la Fepade dio a conocer un comunicado un día después en donde se comprometió a trabajar para fortalecer el combate a los delitos en materia penal electoral.
Los retos de combatir delitos electorales
Las llamadas anti AMLO y la presunta entrega de dinero por copias de credenciales para votar en el PRI son sólo dos casos que tendrá que investigar la Fepade.
De acuerdo con su último informe de actividades correspondiente a abril del 2018, la Fepade cuenta con un rezago de mil 941 carpetas de investigación pendientes de resolver. Además de esos casos, tendrá que enfrentar otros retos importantes por ser la elección del 1 de julio la más grande en la historia del país, según los especialistas.
Para la Fepade atender todas las denuncias en materia de delitos electorales de manera expedita e identificar todos los actos ilícitos que se han cometido a lo largo del proceso electoral resulta una tarea titánica por la cantidad de cargos que están en juego el 1 de julio
Para Mario Campos, el desafío más complicado que la Fepade deberá resolver será en los comicios del ámbito estatal, sobre todo en la comisión de delitos por compra del voto.
“Veo difícil que una compra de votos pueda incidir en una elección presidencial, pero me parece que el reto más importante está en el ámbito local, ya que la comisión de delitos electorales puede incidir, eso sí, en una diputación o en una presidencia municipal, es ahí donde tendremos muchos retos”, comenta el analista de comunicación política.
En los días previos a la elección las prácticas de compra del voto o de credenciales de elector se vuelven más comunes y para la Fepade será un desafío detectarlas y darles solución a tiempo, además de revisar las acusaciones entre partidos que muchas veces resultan ser infundadas, advierte Ximena Mata.
“Hay muchos cargos en juego, hay muchos candidatos y todas estas prácticas clientelares que nosotros identificamos es muy posible que las desempeñen los candidatos de todos los partidos, entonces se va a multiplicar masivamente tanto la movilización, la compra y la división del voto, y para la Fepade va a ser muy difícil poder detectar todas esas irregularidades y atenderlas en tiempo real”
Por el contrario, Santiago Nieto determina que la tarea de la Fepade podría darse de manera más ágil.
“Creo que Héctor Díaz Santana tiene una ventaja y es el hecho de que se ha multiplicado la cantidad de policías con los que cuenta la Fepade para desarrollar su función. Pienso que eso va a hacer que su labor sea mucho más ágil”, expresó el extitular de la Fiscalía.
¿Fiscalía autónoma?
En octubre de 2017, después de que Santiago Nieto diera a conocer que fue presionado por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, para declararlo inocente de la presunta recepción de sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, fue destituido por el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán.
La remoción de Nieto Castillo, quien investigaba el caso Odebrecht en México, el cual estaría presuntamente vinculado con el financiamiento ilícito a las campañas electorales en el 2012 para beneficiar al PRI, ocasionó una amplia crítica en la opinión pública en torno a la autonomía e independencia con que la Fepade realizaba su labor indagatoria.
A menos de nueve meses de la elección, la Fepade quedaría acéfala y en el limbo. No fue sino hasta finales de diciembre pasado que el Senado designó mediante un procedimiento cerrado —criticado por la sociedad civil— a Héctor Díaz Santana como el sucesor de Nieto Castillo
“Mi remoción he considerado que fue ilegal y es un serio error del actual gobierno federal. Pero hay que apelar por que las instituciones funcionen, en lo particular, respeto a Héctor Díaz Santana.
Sin embargo tiene un problema en su estructura, ya que es un operador del PRI quien está dentro de la Fiscalía, en la medida en que desarrollen una actividad de carácter imparcial, entonces podrá funcionar de mejor forma y legitimarse frente a la ciudadanía”, argumenta Nieto Castillo, quien actualmente se encuentra en el equipo de Andrés Manuel López Obrador como especialista en materia electoral.
La Fepade surgió tras la elección de 1988 como producto de los reclamos ante el presunto fraude que dio la victoria a Carlos Salinas de Gortari
Origen polémico
La Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales tiene su origen en uno de los episodios más controvertidos de la historia electoral mexicana.
Este órgano, hoy dirigido por Héctor Díaz Santana, surgió tras la elección de 1988 como producto de los reclamos del Frente Democrático Nacional –cuyo candidato era Cuauhtémoc Cárdenas– por un presunto fraude en los comicios presidenciales en los que Carlos Salinas de Gortari del PRI salió triunfador.
No fue hasta 1994 que la Fepade fue creada como se conoce el día de hoy. Y a 20 años de su creación, tras la reforma electoral del 2014 con la promulgación de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se especificaron los ilícitos que cometen ciudadanos, partidos políticos y sus integrantes, así como candidatos a algún cargo de elección popular.
