Los asesinatos de Ariadna Fernanda López y Lidia Gabriela López, que aún no encuentran esclarecimiento, colmaron el panorama de los feminicidios en México, cuyas cifras crecieron de manera desbocada en los últimos seis años.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública marca una tendencia al alza de presuntos feminicidios en el país. Según el registro oficial, en 2017 ocurrieron 742; durante 2018 fueron cometidos 898; en 2019 se cometieron 942; para 2020 la cifra fue de 946; el año pasado el número fue de 978 y, entre enero y septiembre de 2020, esta contabilidad fue de 695.
Este círculo de la tragedia ocurre 21 años después de que en México se instaurara la primera estructura legal para abatir la violencia en contra de las mujeres, basada en un organismo: el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Asentado en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2001, esa instancia quedó con el encargo de generar políticas públicas para propiciar condiciones dignas para las mujeres en México.
En 2022, visto a través de sus compras publicadas en Compranet, el Inmujeres se mantiene en la administración pública federal con un bajo perfil y sin llamar la atención. Su gasto se concentra en la difusión de campañas, el mantenimiento de oficinas, los eventos y las sesiones de trabajo.
Para el abatimiento de los feminicidios, no se encuentra nada.
¿En qué gasta los recursos el Inmujeres?
Entre 2019 y 2022, el organismo presidido por Nadine Gasman Zylbermann firmó 323 contratos que sumaron 254 millones 693 mil 966 pesos, cantidad que cabe 6.6 veces en lo erogado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en la Consulta para la Revocación de Mandato, que fue de mil 692 millones de pesos y 1.3. veces en la partida para mantener el avión presidencial en 2022, que fue de 331 millones 400 mil pesos.
A la Revocación de Mandato no acudió el 82.3 por ciento de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del INE; de modo que dejaron de aprovecharse unos mil 391 millones de pesos. La aeronave presidencial, cuya venta fue una promesa de campaña por simbolizar supuesto lujo, permanece estacionado en un hangar especial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sin que existe alguna oferta en firme para adquirirlo.
El contrato mayor fue para la organización de “eventos, sesiones de trabajo, reuniones, congresos, convenciones y participaciones institucionales” y significó 19.2 millones de pesos.
El segundo más alto fue por 11.2 millones de pesos y también se destinó a la organización de eventos oficiales. El tercero se signó para la reservación de pasajes aéreos, por 9.3 millones de pesos.
En relación con el combate al acoso sexual en contra de las mujeres se generaron dos contratos. Uno fue para realizar un estudio para diseñar los lineamientos para la prevención y atención del acoso sexual en el transporte público en 2021 por el que se erogaron 719 mil 40 pesos con la contratista Amanda del Rocío Llivichuzhca Pillco.
La otra contratación sobre acoso fue firmada en 2022, con vigencia de junio a diciembre, por 396 mil 551 pesos, y también consistió en la elaboración de pautas para atender ese flagelo en el transporte público. Lo tuvo la organización civil Hagamos Algo, asociación para el Desarrollo Integral de Grupos Vulnerables con Perspectiva de Género”.
La información indica que 137 contratos fueron para campañas en medios y la suma para esta erogación fue de 73.7 millones de pesos.
En el mar de compras públicas del Inmujeres sólo se localiza una relacionada con las políticas públicas para la igualdad. Fue para la impartición del curso en línea “Construyendo políticas públicas para la igualdad” cuya vigencia se estableció del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2022.
La adjudicación directa, es decir, la asignación sin concurso, ha predominado en las decisiones del organismo. El 80.4 por ciento de los contratos se ha otorgado de esa forma. Cada año, ese procedimiento ha prevalecido. En 2019 fue de 82 por ciento, en el año 2020 de 86.4 por ciento, en 2021 de 69.7 por ciento y en 2022 de 83.3 por ciento.
Una historia sin impacto
El 2 de julio de 2000, postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox Quesada triunfó en las elecciones presidenciales con una ventaja de siete puntos sobre Francisco Labastida Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El logro fue histórico: se terminó con 71 años continuos del tricolor en el poder federal.
Una de las primeras políticas instauradas por el nuevo gobierno fue el Inmujeres. Las expectativas se acentuaron. Por primera vez surgía una institución para darle cara al monstruo de la violencia machista.
Los seminarios especializados serían el timón para virar hacia una nueva concepción de ser mujer en México, según planteó Patricia Espinosa Torres, la primera presidenta del organismo. Pero apenas con tres años de operación, la imagen del Inmujeres se desmoronó. Los viajes internacionales de Espinosa Torres generaron críticas. Ese momento quedó reflejado en el artículo de Elena Poniatowska del 1 de febrero de 2004 en La Jornada titulado “El escándalo de Inmujeres: burla a los ciudadanos”.
En los gobiernos siguientes, el gasto en viajes internacionales y eventos continuó. Bajo la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), cuando la presidenta del Inmujeres era Rocío García Gaytán (hoy finada), se gastó en ello más de 103 millones de pesos. Con Enrique Peña Nieto (2012-2018), presidido por Lorena Cruz Sánchez, el organismo tuvo pocas apariciones en la escena pública y, aunque menor, de unos 24 millones de pesos, esa erogación fue prioritaria.
El Inmujeres está por cumplir 22 años. Mientras, la conmoción permanece en México porque el cuerpo de Ariadna Fernanda fue encontrado entre matorrales, a la vera de la carretera a Tepoztlán, Morelos; y Lidia Gabriela no sobrevivió al arrojarse del taxi que de manera intempestiva cambió de ruta en la Ciudad de México.
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