En el estado de Tamaulipas el fenómeno de la desaparición forzada ocasionó un estigma para los familiares de las víctimas. El silencio y la incertidumbre sobre lo que realmente sucedió con sus seres queridos desaparecidos se convirtieron en reclamos permanentes, así como la búsqueda de restos en fosas comunes y terrenos baldíos; prácticas que se mantienen hasta el día de hoy.
Las manifestaciones de violencia que comenzaron desde hace al menos 10 años y que llegaron a su punto máximo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en el 2014 –año en donde se presentó también el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero– dejó como resultado 5 mil 993 casos de desaparecidos, registrados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), órgano de la Procuraduría General de la República (PGR), hoy FGR.
Tan solo en el periodo de enero a julio del presente año, los colectivos de búsqueda de familiares y organizaciones civiles ya registraron 834 registros de este delito de alto impacto, por lo que los esfuerzos para combatir la problemática apuntan directamente al Gobierno federal.
El tema de desaparecidos, diría desde mi experiencia, que es el más terrible de todos. Porque las familias viven en una interminable zozobra de no saber lo que pasó con la persona que están buscando; es un sufrimiento reiterado y continuo porque no tiene un cierre
La legisladora por Tamaulipas, considera que los familiares de las víctimas se encuentran en una búsqueda de justicia que comienza con la petición de incrementar los trabajos para la recuperación de los cuerpos, por lo que se requiere en primer lugar de una coordinación más estrecha con los tres niveles de gobierno.
“Creo que esta coordinación (municipal, estatal y federal) debe ser fundamental y debe de ser una prioridad. Pero a mí esto me preocupa porque se deben destinar recursos importantes para lograrlo. No únicamente del estado, sino de la federación”, expuso.
Acciones de gobierno en el tema de desaparecidos
El pasado 15 de julio la Fiscalía General de la República presentó el acuerdo mediante el cual entraron en vigor las reformas a los artículos 21 y 102 constitucionales, así como el 19 y 27 de la Ley Orgánica de la FGR, dando luz verde para el inicio de actividades de las nuevas unidades especializadas en materia de Derechos Humanos y Asuntos Internos, mismas que tendrán como propósito atraer las investigaciones en delitos como desaparición, tortura, trata de personas y libertad de expresión, así como también los delitos contra la comunidad migrante.
Con la publicación de esta reforma en el Diario Oficial de la Federación, se notificó la abrogación de las cuatro fiscalías regionales creadas en febrero de 2014 para atender la crisis de seguridad que golpeó de forma particular al estado de Tamaulipas, posicionándolo como la entidad con mayor número de incidentes en cuanto a desaparecidos.
Para el 22 de julio, el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, manifestó su total disposición para colaborar con el Gobierno federal en la crisis de seguridad de la franja norte del país con la llegada de la Guardia Nacional.
El 13 de agosto, Cabeza de Vaca participó en la clausura del taller de Seguridad Ciudadana en Ciudad Victoria, integrado por autoridades de seguridad de la entidad, fuerzas federales y organizaciones de la sociedad civil. Allí se definieron estrategias encaminadas para fortalecer la seguridad del estado como la restauración del tejido social; el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la transformación de la operación policial.
“Ha sido un compromiso de mi gobierno atender la seguridad y erradicar la vieja práctica de decir ‘aquí no pasa nada’; por eso habremos de redoblar la atención y coordinación con otros niveles de gobierno para dar seguridad a las familias de la región”, mencionó el mandatario estatal a través de sus redes sociales.
Transformaciones sociales
La Red de Desaparecidos en Tamaulipas AC sigue en la lucha contra la violencia en la entidad y en la búsqueda de restos humanos en la presa Vicente Guerrero, en Ciudad Victoria.
Sus labores tuvieron resultados tras hallar nueve cuerpos –dos mujeres y siete hombres– que se mantienen sin identificar.
Es decir, que no existe una carpeta de investigación abierta o un elemento que permita relacionar a las víctimas con algún familiar.
“Obtuvimos fragmentos muy pequeños, así como fragmentos grandes o completos que hemos entregado a sus familiares”, comenta Josefina de León Mendoza, directora de la Red.
De acuerdo con datos de esta organización, existen 10 mil 600 casos registrados desde hace casi 10 años de investigaciones.
De enero a julio de 2019 los colectivos de búsqueda de familiares y organizaciones ya registraron 834 desapariciones
Siendo tan solo 18 personas las dedicadas a la búsqueda de restos humanos en los 43 municipios de la entidad. El doctor Jesús Pérez Caballero, miembro del Colegio de la Frontera Norte (Colef), indica que pese a los intentos de los gobiernos de sexenios anteriores por minimizarlo, el fenómeno de desapariciones persiste, puesto que implica “circunstancias transexenales y se relacionan con aspectos económicos y sociales” de la entidad, mismos que influyeron en los comportamientos de los habitantes.
“Respecto a los cambios en la dinámica social, habría que ver por municipio tamaulipeco y por tipo de desaparición violenta, porque cada uno de ellos genera sus permutaciones y las combinaciones lesivas son demasiadas.
“Podríamos decir que, en general, se han modificado hábitos normales, como los traslados por carretera entre municipios o el hacer vida en horario nocturno en espacios públicos. Es como decir que se espera poco o nada de las fuerzas de seguridad en el ámbito de la colonia, en el día a día, por lo que, salvo que un hecho extremadamente violento necesite cesar de inmediato, los pobladores tendemos a la resignación de la autoprotección y a blindarnos en la vida cotidiana, de tal modo que se reduzca la probabilidad de ser parte de alguna de las dinámicas mencionadas”, concluye.
